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deuda

Castejón rechaza abonar costes judiciales del exalcalde de la villa

  • Javier Sanz Carramiñana solicitaba el abono de 2.782 € por su defensa ante una denuncia por prevaricación

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03/04/2014 a las 06:01
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  • E. M.Castejón
El Ayuntamiento de Castejón no va a pagar al exalcalde de la localidad, Javier Sanz Carramiñana (PSN), un total de 2.782 euros en concepto de gastos de representación y defensa jurídica (abogados y procuradores) que tuvo por la querella por prevaricación que le interpuso el colectivo Más Centrales No por un convenio firmado con la central térmica de Elerebro para fijar que debería abonar por contribución urbana y que fue sobreseída.

El pleno del consistorio ribero rechazó este abono ya que sólo contó con el respaldo de los 4 votos del PSN frente a los contrarios de UPN (4) y UPSC (1). El edil de IU se abstuvo.

Un rechazo que se produjo a pesar de que un informe de los técnicos municipales manifestaba que se daban las circunstancias que contempla el artículo de la ley foral que afirma que "los miembros de las corporaciones locales serán indemnizados por las mismas por los daños y perjuicios que se causen en su persona o bienes a consecuencia del ejercicio de su cargo". Por lo tanto, reconocía la obligación de indemnizar al exalcalde por los gastos de representación y defensa jurídica en el proceso penal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela. Por ello, la alcaldesa, Yolanda Manrique, solicitó que la votación fuera nominal.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN


La portavoz de UPN, Mª José Robredo, afirmó: "Aun reconociendo que semejante pretensión sea legal, nos parece totalmente inmoral y falta de ética, máxime cuando este señor dejó al ayuntamiento endeudado en cerca de 12 millones de euros y ahora solicita de este mismo ayuntamiento cerca de 3.000 euros por unos servicios que él contrató sin contar con los servicios jurídicos del propio ayuntamiento".

José Ignacio Suárez, edil de UPSC, también mostró su disconformidad con la pretensión de Sanz Carramiñana por la tardanza en llevar al pleno este asunto y por el hecho de que en el punto que se llevaba a la aprobación plenaria se utilizaran las iniciales en lugar del nombre completo del exalcalde. "Es una decisión política que favorece a un alcalde que dejó en el municipio más de 11 millones de deuda. ¿Va a pagar él o su partido esa deuda? ¿Por qué se ha de pagar unos honorarios de abogado y procurador que no fueron asignados por el ayuntamiento? ¿Van a cobrar indemnizaciones los vecinos afectados por el vial de Trenasa también declarado ilegal? Puede que su pretensión sea legal pero lo seguro es que, al menos, es inmoral, fuera de toda ética a indignante", señaló. Enrique Suárez (IU) dijo: "Si esta pretensión es legal no deberíamos votar en contra, pero nos abstenemos por considerarla también inmoral".



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