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Tribunal de Cuentas

Una sentencia obliga a los ex ediles de Murugarren a pagar 91.650 euros

  • El Tribunal lo dictamina por tercera vez tras dos recursos presentados por los implicados

La entrada de Murugarren con el pavimento de una de las obras cuestionadas

Una sentencia obliga a los ex ediles de Murugarren a pagar 91.650 euros

La entrada de Murugarren con el pavimento de una de las obras cuestionadas

DN
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23/02/2014 a las 06:01
  • dn. pamplona
La ex presidenta del concejo de Murugarren (Yerri), Juana Martínez Soler, y los antiguos concejales Eliseo e Hilario Izcue Paternáin han agotado todas las vías ordinarias de reclamación en el Tribunal de Cuentas que, por tercera vez, ordena que ingresen 91.650 euros en las arcas locales. Y como telón de fondo, las obras ejecutadas -insiste el tribunal- de forma irregular que supusieron una inversión de 1,3 millones de euros y una subvención foral de 943.537.

Y reitera los mismos argumentos que en 2011 hizo en las actuaciones preliminares su instructor y en 2013 el consejero del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento: los trabajos para encauzar y consolidar el barranco de San Cristóbal y las vaguadas de Murubidea y Anzolín estaban sobredimensionados, adjudicados por vía de urgencia para favorecer a una única empresa y con tramos sin ejecutar.

Al caso Murugarren también se le puso el punto final en el Juzgado nº 4 de lo Penal en Pamplona, donde el pasado 7 de febrero a los tres antiguos responsables locales se les inhabilitó durante cuatro meses para cargo público por una condena de prevaricación. En este segundo proceso judicial, además estaban imputados el propietario de la constructora que ejecutó los trabajos, Carlos Ancín Esparza; el director de obra, Martín Elizalde Arbillo, y el funcionario de la sección de aguas Miguel Aulló Aldunate. Los dos primeros recibieron siete meses y medio de cárcel (no ingresarán por carecer de antecedentes) y el técnico foral una sanción de 900 euros e inhabilitación para cargo público durante cuatro meses.

RECLAMACIÓN FORAL

El actual equipo de gobierno de Murugarren, que desde 2007 preside Ramón Hortelano, llevó al Tribunal de Cuentas a sus predecesores en el cargo para resarcir los daños en los fondos públicos porque, como indicaba el propio organismo de cuentas, su labor no consiste en dirimir si hubo o no delito. Y lo que se les reclamó a Juana Martínez Soler y los hermanos Izcue Paternáin fue el dinero que, a su vez, demanda el Gobierno de Navarra al concejo. El Ejecutivo foral estimó en 91.650 euros la subvención que no se había utilizado al no completarse la obra.

En su sentencia, el Tribunal desmonta los argumentos de la ex presidenta del concejo y los antiguos concejales, que basan su defensa sobre todo en las incorrecciones aparecidas en el informe de la Cámara de Comptos, que ha servido después de prueba para el Ministerio Fiscal y el concejo de Murugarren.

Según Martínez Soler y los hermanos Izcue Paternáin, el documento se elaboró únicamente con las cuentas proporcionadas por el equipo de gobierno actual de Murugarren sin contrastar con ellos. Para el Tribunal, no basta con decirlo de palabra porque "tampoco aportan los apelantes, sobre este punto, actividad probatoria suficiente para identificar tales deficiencias y singularizar las conclusiones inexactas".

También echa por tierra la afirmación de los antiguos responsables del concejo de que no es cierto que el constructor y el director de obra ingresaran dinero en las cuentas del concejo y así aparentar la solvencia económica exigida por el Gobierno de Navarra para conceder una subvención. "Este argumento no puede ser atendido pues está suficientemente probado a través de los extractos bancarios y declaraciones obrantes en las actuaciones penales seguidas por estos hechos".

Ni tampoco admite la necesidad de ejecutar las obras por el procedimiento de urgencia. "Las controvertidas obras no se realizaron para solucionar una necesidad sobrevenida y se fueron desarrollando en varias fases, tardando años en ejecutarse".



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