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PREVARICACIÓN

La expresidenta y un exconcejal de Murugarren, condenados

  • La sentencia les inhabilita por 4 meses para cargo público por la irregular gestión de dos obras

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10/02/2014 a las 06:01
  • M.MUNÁRRIZ. Pamplona
La ex presidenta del concejo de Murugarren (Yerri), Juana Martínez Soler, y un antiguo edil y marido de la anterior, Eliseo Izcue Paternáin, han sido condenados por prevaricación en la tramitación y ejecución de dos obras por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona, que les inhabilita cuatro meses para ocupar un cargo o empleo público. Aunque dentro de la sala reconocieron los cargos, ambos indicaron que no encontraban otra salida para terminar un proceso judicial iniciado siete años antes.

No era los únicos encausados; también comparecieron este viernes ante el juez el constructor y director de obra, Carlos Ancín Esparza y Martín Elizalde Arbillo, a los que también se les imputaba por prevaricación y falsedad documental. En un acuerdo similar alcanzado por sus abogados y la acusación ejercida por los ahora responsables del concejo de Tierra Estella, aceptaron siete meses y medio de cárcel que, al carecer de antecedentes, no cumplirán.

También se avino a este acuerdo un quinto imputado, el funcionario de Medio Ambiente, Miguel Aulló Aldunate. En su caso, se le acusaba de falsedad documental por certificar el final de las obras -y así abrir la puerta para percibir las subvenciones forales- y que deberá pagar 900 euros de multa, además de quedar inhabilitado cuatro meses para cargo o empleo público; algo que no ocurrirá ya que está jubilado. Y se absolvió por prevaricación al ex concejal Hilario Izcue Paternáin.

EL GOBIERNO NO RECLAMARÁ

El acuerdo también incluía la celebración de una vista para determinar la responsabilidad civil de las obras, por las que la constructora pide al concejo a través del Contencioso Administrativo 232.000 euros; una reclamación ahora paralizada porque prevalecía la tramitación penal. Murugarren demandará a los cinco condenados una indemnización por "unos trabajos sobredimensionados" para una localidad de medio centenar de vecinos y un presupuesto anual de 30.000 euros.

Y es que las obras para acondicionar vaguadas y barrancos ejecutadas desde el 2003 hasta el 2007 supusieron 1,04 millones de euros, de los que el Gobierno de Navarra sufragó 785.181 ya que, en todos casos, se aprobó una ayuda del 70%. Cuando durante la fase de instrucción -que se realizó en el Juzgado de Estella- un técnico foral determinó que no se habían ejecutado al completo, el Ejecutivo foral demandó la parte correspondiente: alrededor de 54.000 euros. Pero este viernes, según indicaron desde el concejo, el letrado de la Administración que acudió en defensa de su funcionario anunció que retirarán la reclamación.

Pero los responsables del concejo, encabezados por su presidente Ramón Hortelano, quieren recuperar parte de los 31.820 euros que sí abonaron por el acondicionamiento del barranco de Unzualin. Su argumento insiste en que el problema de corrimientos de tierras no requería un proyecto de tal envergadura. Y por este motivo, se defienden, no abonaron al constructor Carlos Ancín Esparza los 232.000 de la factura por encauzar el barranco de San Cristóbal, la vaguada de Murubidea y una ampliación de esta última.

La cantidad que reclamará el concejo como indemnización en la vista de responsabilidad civil aún no se ha fijado ya que están pendientes de otro tribunal, el de Cuentas, que desde Madrid determinó que la ex presidenta del concejo y los dos ediles devolverían 91.650 a las arcas locales. Los tres presentaron un recurso de apelación y, según se supo este viernes, la celebración de la vista esperará a conocer la decisión del tribunal.

FISCAL Y ACUSACIÓN PARTICULAR

Al juicio de este viernes, la Fiscalía acudió con la petición de inhabilitación por diez años para la ex presidenta, los dos ediles, el constructor y el jefe de obra por prevaricación ya que, en su exposición de motivos, argumentaba que los proyectos se tramitaron vía de urgencia para adjudicarlos sin concurso a la misma empresa. Y para estos dos últimos añadía una pena de dos años de prisión y 9.000 euros de multa por falsedad documental ya que certificaron el final de las obras sin estar ejecutadas.

Además, recordaba la Fiscalía, la ayuda foral se condicionaba a la solvencia económica del concejo para asumir su parte. Y el constructor y jefe de obra metían dinero en la cuenta del concejo que una vez comenzado el proyecto retiraban. Y para el funcionario, por dar el visto bueno a los trabajos, se demandaba una pena de un año de inhabilitación y 9.000 euros.

En sus argumentos coincidía la acusación particular y también en el mismo período de condena por inhabilitación para la ex presidenta y los tres concejales. Pero añadía seis años de prisión para Juana Martínez y Eliseo Martínez y una sanción de 10.800 euros. Para el constructor y el jefe de obra, elevaba la reclusión a seis años y la multa a 5.475 euros. La sanción económica al funcionario era de 10.800 euros, inhabilitación por siete años y seis años de cárcel.



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