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Estella / Lizarra

Salvemos Montejurra pide en el Parlamento que se frene la planta de lodos

Vecinos afectados del entorno de Igúzquiza e Irache hablan de los efectos contaminantes en un radio de 5 kilómetros

Camino Iturgaiz, Juan José Iriarte y Montse Barbarin, durante su comparecencia parlamentaria.

Camino Iturgaiz, Juan José Iriarte y Montse Barbarin, durante su comparecencia parlamentaria.

eduardo buxens
Actualizada 27/04/2017 a las 09:08

​​​​​​La plataforma Salvemos Montejurra, surgida a partir de un movimiento de vecinos y negocios contra la planta de lodos planteada en el concejo de Azqueta (Igúzquiza), pidió ayer en el Parlamento de Navarra que se ponga freno al proyecto promovido por la empresa Arena, con sede en Estella.

Una representación formada por tres residentes en la zona afectada -Camino Iturgaiz, Juan José Iriarte y Montse Barbarin- advirtió de las consecuencias de dejar una actividad de estas características en manos de una empresa cuya “responsabilidad social corporativa” tildaron de nula con anteriores expedientes abiertos en otras actividades que hacen temer por la que se quiere construir en la falda de Montejurra.

Su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Desarrolla Rural, Medio Ambiente y Administración Local se produce en un momento en el que el Ayuntamiento de Igúzquiza ha decidido suspender la tramitación durante tres meses. En este tiempo, el promotor debe completar los aspectos requeridos del proyecto.

Con datos y fotografías

Hacia él y su manera de proceder con esta iniciativa tuvieron palabras muy duras los representantes de la asociación, que recordaron como la licencia de actividad para una planta de tratamiento de áridos pedida en 2011 dio paso luego a una segunda solicitud en la que ya incluía los lodos no tratados. “Está intentando ganar tiempo. Actúa en base a hechos consumados. Hace, no cumple y luego, si quieres, me multas”, denunciaron.

Camino Iturgaiz tomó primero la palabra para desglosar datos que acompañó con la proyección de diapositivas sobre la planta y la zona. Un entorno muy poblado -urbanizaciones de Irache, núcleo de Ayegui e Igúzquiza- que incluye Estella puesto que el radio de acción de la actividad alcanza unos 5 kilómetros. “En un principio, el promotor aduce un lugar deshabitado, solitario y apartado. Pero no es así porque hablamos de un área con una población de 25.000 habitantes consolidada con personas que vivimos en ella de forma continua”, expuso Camino Iturgaiz. La planta dista 800 metros de las urbanizaciones de Irache, 400 de la bodega Quaderna Via y 1,5 kilómetros de Igúzquiza.

Se refirió también a la actividad económica de la falda de Montejurra muy marcada por las bodegas y los negocios turísticos, con dos cámpings y el Monasterio de Irache. Expuso ante los parlamentarios su preocupación por los olores generados por los lodos no tratados de origen desconocido y las emisiones contaminantes a la atmósfera de componentes orgánicos volátiles. “Esta planta va a realizar emisiones altamente contaminantes de amoniaco, metano y óxido de nitrógeno”, dijo.

Juan José Iriarte se refirió a la contaminación de acuíferos, aguas subterráneas y, en última instancia, el río Ega. “Venimos de un periodo de sequía grande y nos encontramos con una serie de escorrentías sin ningún sistema de protección para el almacenaje de este producto. La corriente natural va a arrastrar los metales pesados y los va a llevar a una acequia de canalización prevista como recogida de aguas en su finca que ya se está erosionando, cada vez tiene mayor profundidad y llegará al curso fluvial sin ningún tipo de tratamiento”, indicó.

En su descripción del proyecto, argumentó que el promotor ha pedido permiso para cerca de 30 tipos de residuos, entre los que dará cabida a “lo que estime conveniente” desde materiales procedentes de granjas, tierras contaminadas, lodos industriales tratados y sin tratar y residuos urbanos con la incidencia que algunos de ellos “entrañan para la salud de las personas” por portar bacterias como la salmonela y écoli. “Queremos señalar que lo que hace no es compost. No alcanza esa categoría y por eso no se atiene a su legalidad, sino que va por debajo de ella”, señaló.

Montse Barbarin tomó la palabra finalmente para incidir en el impacto económico. “Afectará a los negocios de hostelería, el deporte al aire libre, el sector del vino y conllevará una depreciación del valor de las propiedades, de nuestras propias viviendas. Como vecinos, nos preguntamos si quién contamina paga, si depende de quién seas, de los contactos y del poder que ejerzas”, indicó.


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