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Salvemos el Ega pide un estudio "actualizado" sobre la capacidad del acuífero de Lóquiz

La petición se produce días después de que el Tribunal Supremo anulara el PSIS "Proyecto de Abastecimiento de Agua a Viana y a la Ribera de la Mancomunidad de Montejurra"

Imagen de Ollogoyen bajo la Sierra de Loquiz, lugar donde se ha producido el suceso.

Imagen de Ollogoyen bajo la Sierra de Lóquiz.

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Actualizada 16/02/2017 a las 15:28
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  • EFE. Pamplona

La asociación Salvemos el Ega ha pedido este jueves un estudio hidrológico "completo y actualizado" de la capacidad del acuífero de Lóquiz que "no ponga en riesgo los ecosistemas y el río Ega".


Así lo han comunicado en conferencia de prensa los alcaldes de Acín y de Murieta, Javier Dallo y Ana Muñoz, respectivamente, y el representante de la asociación Salvemos el Ega, Felipe Ajona, quienes han considerado que es "necesario establecer el caudal mínimo del río Ega".


La petición se produce días después de que el Tribunal Supremo anulara el PSIS "Proyecto de Abastecimiento de Agua a Viana y a la Ribera de la Mancomunidad de Montejurra".


Ajona ha señalado que es "necesario que se respeten los usos legales de agua que actualmente existen" y, si no hubiera suficiente agua para los usos previstos en épocas como otoño o verano, "se complete el abastecimiento con otras alternativas".


Ha recordado que la asociación presentó una denuncia en noviembre de 2016 ante el Defensor del Pueblo, quien, en enero de 2017, emitió un dictamen en el que recomendaba al Ejecutivo foral que "vele por que se cumpla todo lo indicado en el PSIS para el desarrollo de las obras".
El Defensor del Pueblo también instaba al Gobierno de Navarra a que realizara un estudio de la capacidad del acuífero de Lóquiz y del río Ega.


Ajona ha indicado que representantes de los ayuntamientos de Valdega, Zúñiga, Valle de Lana y Concejo de Mendaza se reunieron el pasado enero con la consejera de Medio Ambiente, Isabel Elizalde, para pedir que se "valoren otras alternativas diferentes para el abastecimiento de la Ribera estellesa que no sea extraer más agua del acuífero de Lóquiz.


"La consejera se comprometió a realizar durante el 2017 el estudio hidrológico pendiente", ha indicado Ajona, que ha considerado que la Mancomunidad de Montejurra ha actuado durante todo este proceso "con opacidad y prepotencia y ha llevado en todo momento una política de hechos consumados e incumpliendo la ley".


El alcalde de Ancin, Javier Dallo, ha asegurado que no es contrario al abastecimiento de ninguna población, aunque siempre han defendido que el mismo se realice de forma sostenible.


La abogada Idoia Zulet, que ha asesorado a la fundación Sustrai Erakuntza y la asociación Salvemos el Ega, ha señalado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que la misma "casa" con la que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.


Ha explicado que la sentencia indica que el citado proyecto, antes de su aprobación, no contenía un informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).


La abogada ha señalado que sostenían que el proyecto "no era una mera obra hidráulica, una mera construcción de tuberías y canalizaciones", sino que "el objetivo era aumentar la demanda de obtención de recursos hídricos".


Para ello, según ha apuntado Zulet, la CHE debía "pronunciarse previamente a la aprobación de ese proyecto" y ahora el Tribunal Supremo ha respaldado ese criterio.


"El Tribunal Supremo reconoce que los objetivo del proyecto no son meras obras hidráulicas, sino lo que se pretende es aumentar la demanda y extracción de agua", ha remarcado.


Ha precisado que en ese informe que deberá emitir la CHE deberá expresar "si existe recursos hídricos o no, antes de proceder a ello".


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