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informe jurídico

El Ayuntamiento analiza el impacto de la ley de Racionalización

  • La ley regula aspectos como la retribución de los concejales o las competencias que pueden asumir las entidades locales

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Actualizada 27/03/2014 a las 12:27
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado un informe sobre el contenido de la Ley 27/ 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de España, en el que se detalla su aplicación en Navarra y cómo puede repercutir en la actual gestión municipal. El informe, realizado a petición del alcalde de Pamplona, ha sido remitido a los grupos municipales para su estudio y conocimiento.

La nueva ley nacional aprobada el año pasado recoge aspectos como las competencias que a partir de su entrada en vigor deben asumir y desarrollar las entidades locales, la retribución de los corporativos, la limitación de los cargos con dedicación exclusiva, el redimensionamiento del sector público local, la obligación de establecer anualmente el coste efectivo de los servicios municipales o el fomento de la actividad económica en los municipios apostando por la comunicación previa y las declaraciones responsables para la puesta en marcha de negocios.

COMPETECIAS PROPIAS Y DELEGADAS

La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local diferencia entre competencias propias y delegadas, imposibilitando el ejercicio de cualesquiera otras (antes denominadas impropias), salvo que se cumplan varios requisitos.

Las competencias propias de los municipios “solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas”. Serán el Estado y las Comunidades Autónomas quienes podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.

“Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal (...) y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio por otra Administración Pública”. No obstante la Disposición Adicional Segunda habilita a la Comunidad Foral de Navarra para fijar competencias propias diferentes.

Por tanto el Ayuntamiento de Pamplona podrá ejercer únicamente tanto las competencias que la nueva normativa le otorga como aquellas reconocidas hoy a los municipios mediante ley foral. Si se desea continuar con la ejecución de otras competencias habrá de: acreditar que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal, acreditar mediante informe municipal que no se incurre en ejecución simultánea del mismo servicio público por otra administración pública y que la administración de la Comunidad Foral emita un informe vinculante sobre la sostenibilidad financiera de las citadas competencias.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ACOMPAÑADA DE FINANCIACIÓN 

La ley prevé la delegación de competencias propias de la Comunidad Autónoma en los municipios. Solo podrán delegarse las competencias que mejoren la eficacia o contribuyan a eliminar duplicidades, y siempre acompañadas de financiación.
Se establece un catálogo de competencias de preferente delegación como la vigilancia y control de la contaminación ambiental; la protección del medio natural; la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer; la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer dicho de educación infantil; la realización de actividades complementarias en los centros docentes; la inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales; la comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos; o la promoción y gestión turística, entre otras.

RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES Y DEDICACIÓN EXCLUSIVA

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada el año pasado establece que el límite máximo que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias dependerá de la población del municipio.

En el caso de Pamplona, la tabla establecida en la norma la sitúa en el arco de población de entre 150.000 y 300.000 habitantes y por lo tanto quien sea alcalde podrá percibir un 20% menos que el salario (incluidos los complementos) de un Secretario de Estado, es decir unos 80.000 euros como máximo.

Asimismo se limita el número de concejales que puedan acceder a la dedicación exclusiva, que en los municipios entre 100.001 y 300.000 habitantes será de 18. En la actualidad, en el Ayuntamiento de Pamplona hay 7 ediles con dedicación exclusiva y 3 con dedicación parcial.

Se establece también que corresponde a la Junta de Gobierno Local designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe, y en aquellos que le corresponda, de acuerdos con las disposiciones legales vigentes. Ahora esas designaciones le corresponden al pleno.

Respecto al personal de libre designación, asesores, directores o coordinadores la norma nacional choca en algunos aspectos con la legislación foral. Por ejemplo, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que el nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera, mientras que la LORAFNA, que otorga a Navarra competencias exclusivas sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos, regula el libre nombramiento de esos cargos.

COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS

Los servicios públicos de competencia local se gestionarán de la forma más sostenible y eficiente por gestión directa o indirecta. En el caso de la gestión directa se prioriza la gestión por la propia entidad local o por un organismo autónomo local y, en caso de que se justifique que resultan más sostenibles y eficientes, a través de entidades pública empresarial local o sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

La normativa obliga a las entidades locales a calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de todos los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

Ese coste efectivo puede tener consecuencias sobre la gestión, ya que la ley habilita a la administración regional a que, en el caso de que el coste sea superior al de los servicios prestados por ella, se abra la vía de la prestación conjunta y se tenga en cuenta también a efectos de la financiación local.

La ley aborda el redimensionamiento del sector público local, limitando la creación de nuevos organismos dependientes de las entidades locales. Respecto a los organismos ya existentes, que además desarrollen actividades económicas, se exige su equilibrio financiero y la toma de medidas en el caso de que no sea así. Según el informe, “no parece que los entes dependientes del Ayuntamiento de Pamplona desarrollen ninguna de las actividades económicas desarrolladas en ese precepto”.

ACTIVIDAD ECONÓMICA  PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 

La ley apuesta por favorecer la implantación y el ejercicio de actividades económicas mediante declaración responsable o comunicación previa, restringiendo a supuestos excepcionales las autorizaciones. La autorización se exigirá cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente o por la escasez de recursos naturales, la utilización del dominio público o que el número de operadores económicos del mercado sea limitado.

Se establecen igualmente motivos adicionales para la enajenación del patrimonio municipal de suelo. “Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público de suelo podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento”, cuando se cumplan requisitos como la aprobación del presupuesto de la entidad local del año en curso, un registro del patrimonio municipal de suelo correctamente actualizado o un acuerdo de Pleno que justifique que no es necesario dedicar esas cantidades a fines propios del patrimonio público del suelo y que se va a destinar a la reducción de deuda.



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