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MINA DE POTASA

Pueblos del Perdón denuncian que el Gobierno foral infringe la ley minera

  • Los pueblos afectados critican que el Ejecutivo acelere los trámites a favor de Geoalcali, la empresa que pretende explotar la mina
  • Denuncian que el Gobierno no ha dado audiencia a los Ayuntamientos y Concejos que hicieron alegaciones.

Imagen de los sondeos que realizó Geoalcali en Biurrun, en agosto pasado.

Primera licencia a Geoalcali para la investigación de potasa en Beriáin

Imagen de los sondeos que realizó Geoalcali en Biurrun, en agosto pasado.

archivo
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Actualizada 22/02/2014 a las 12:56
  • EFE. PAMPLONA
Los pueblos del Perdón han denunciado este sábado que el Gobierno de Navarra infringe la legislación minera para acelerar los trámites a favor de Geoalcali, la empresa que pretende explotar la mina de potasa de la sierra del Perdón.

En un comunicado, los pueblos afectados por este proyecto denuncian que el Ejecutivo foral no ha dado audiencia a los Ayuntamientos y Concejos que hicieron alegaciones, tal como obliga el Reglamento de la Minería, y al mismo tiempo ha otorgado un nuevo permiso de investigación a la empresa, "saltándose la legislación minera".

Según indican, el 14 de febrero de 2014 el Gobierno de Navarra otorgó definitivamente el permiso de investigación "ampliación Adios", que afecta a los Ayuntamientos de Cendea de Cizur, Zabalza, Belascoain, Puente la Reina, Obanos, Legarda, Uterga, Muruzabal, Adios, Eneriz, Ucar, Biurrun-Olcoz, Tiebas-Muruarte de Reta.

Ese permiso completa por el oeste y sur toda la sierra del Perdón, de forma que todo el territorio comprendido entre los ríos Elorz, Arga y Robo y la autopista A-15, queda dentro de los derechos de investigación de Geoalcali, apuntan.

Eso significa, según explican, que toda la potasa de la sierra "queda en manos de la multinacional australiana Higfhiel Resources, que podrá seguir especulando en la Bolsa de Sydney con la potasa navarra".

Respecto a las alegaciones presentadas por los pueblos, dicen que el director de Industria las "ha rechazado" y no ha abierto el periodo de quince días previsto por el Reglamento de Minería para que los interesados pudieran presentar nuevas alegaciones.

Los pueblos denuncian que "se prefiere los cantos de sirena de una multinacional australiana, que especula con la potasa en la Bolsa de Sydney y que promete solo 190 puestos de trabajo a cambio de un negocio potencial de 15.000 millones de euros, a cambio de la seguridad de los 30.000 habitantes de los 40 pueblos y de la propia Pamplona y de la calidad de vida de los mismos".

Los Ayuntamientos y Concejos del Perdón, que exigen que se cumpla la legislación minera, aseguran que no van a cejar en la defensa de sus gentes y del territorio de la sierra.


  • Coherencia
    (22/02/14 16:29)
    #1

    Imagino que luego sus pobladores no querrán ni oir hablar de trabajar para ellos. ¿O serán los primeros en decir que tienen "derechos"?

    Responder


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