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Mancomunidad

Multas de 65 euros para quienes no paguen el billete de las villavesas

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  • La Policía Municipal vigilará para garantizar que se paga por el uso del servicio del transporte, a petición de la MCP
  • La sanción por no pagar el billete del transporte urbano comarcal equivale a 50 veces el precio de un billete disuasorio

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Actualizada 18/12/2013 a las 16:15
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  • EFE. PAMPLONA
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha solicitado a la Policía Municipal que refuerce el servicio de vigilancia para garantizar que se cumple con la obligación del pago en el transporte urbano comarcal, que este miércoles secunda su tercera jornada de huelga.

Ante la iniciativa que desde este martes se viene promoviendo a través de las redes sociales y otros canales, en la que se anima a no pagar los viajes en "villavesas", la MCP ha pedido a la Policía Municipal que refuerce la vigilancia y traslade a esta entidad las denuncias que se tramiten por este hecho.

En el momento en el que se tenga constancia de una denuncia, la Mancomunidad iniciará un expediente sancionador, según informa en un comunicado.

En este sentido precisa que, según la normativa, "el incumplimiento del deber de abono del billete será sancionado con multa equivalente a 50 veces el precio de un billete disuasorio", lo que significa que con las tarifas vigentes de 2013, la sanción será de 65 euros para cada uno de los denunciados.

A los viajeros les informa además de que en caso de sufrir un accidente, quienes no puedan certificar el pago del viaje, no estarán amparados por el Seguro Obligatorio de Viajeros.

La Mancomunidad ha instado al mismo tiempo a la empresa adjudicataria del servicio, TCC, a que vele por el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa, que es un requisito para poder acceder al servicio, así como que establezca los sistemas de control que considere oportunos para que se cumpla esta obligación de supervisión, y de no hacerse, inicie el expediente sancionador que tenga establecido para estos casos.

La Mancomunidad concluye indicando que "el derecho a la huelga no es compatible con el incumplimiento de las normas básicas de convivencia que, en este caso además, supone un fraude con el dinero de todos los ciudadanos y causa un agravamiento de la situación financiera del transporte que puede poner en peligro la prestación del servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo".


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