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Ocupaciones ilegales

Los okupas que Pamplona tolera

En los últimos años varios edificios municipales, tres de ellos en el Casco Antiguo, están ocupados ilegalmente y el Ayuntamiento ha dicho que usará la vía administrativa para desocuparlos para evitar condenas penales para los okupas

En el mes de noviembre la Policía Municipal se acercó al edificio ocupado del parque de Aranzadi para identificar a los okupas.

En el mes de noviembre la Policía Municipal se acercó al edificio ocupado del parque de Aranzadi para identificar a los okupas.

Calleja
Actualizada 19/01/2018 a las 12:35
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  • A.O.

Hace cuatro meses, en septiembre de 2017, una pareja de okupas se hizo con un edificio municipal en el parque de Aranzadi. El inmueble, ubicado en la antigua finca de Arraiza, había estado en su día destinado como vivienda de los empleados de la finca y rodea junto con otros edificios un amplio patio aislado del trasiego que habitualmente tiene el parque, al encontrarse en una zona sin acceso directo desde los caminos peatonales.

Este edificio de Aranzadi no es el único de propiedad municipal del que se han apropiado los okupas en los últimos meses, y el Casco Antiguo es una muestra con un mínimo de tres inmuebles que han corrido la misma suerte, aparte de otros privados o en manos del Gobierno de Navarra, como el Palacio del Marqués de Rozalejo, en la plaza de Navarrería, ocupado desde septiembre del año pasado.

Una ola de ocupaciones que el Ayuntamiento de Pamplona no tiene previsto denunciar de momento, como así lo confirmaba la concejal de Hacienda Local, Patricia Perales (Bildu), en un correo enviado a los grupos municipales el pasado mes de noviembre. En él señalaba que la vía penal no es la más apropiada para recuperar los bienes municipales porque además de no aportar “ni siquiera rapidez”, tampoco el consistorio tiene “interés en una condena penal para los ocupas”.

La posición del cuatripartito municipal ya había quedado expuesta en una comisión informativa una semanas antes, cuando los portavoces de Bildu, Geroa Bai y Aranzadi consideraron que las muestras de preocupación de los grupos municipales de la oposición no estaban motivadas. Tampoco las acusaciones que sobre la “inacción y el pasotismo” del equipo de gobierno llegaron desde UPN y PSN para denunciar las ocupaciones tuvieron mayor eco unas semanas más tarde, cuando la concejal de Igualdad, Laura Berro (Aranzadi) aseguró que los okupas de Aranzadi eran “gente que respeta el patrimonio común”.

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La forma en la que el cuatripartito municipal está resolviendo este tipo de actuaciones ilegales tiene su referente en la ocupación de un edificio de la calle Compañía, propiedad del Gobierno de Navarra, que el consistorio de Pamplona solucionó cediendo a los okupas el chalé de Caparroso en el verano de 2016. Cinco meses después Bildu tuvo que clausurar el edificio tras comprobarse las obras sin licencia que se habían realizado en su interior.

RETOQUES EN ARANZADI

La oposición también ha pedido estos meses el desalojo del edificio de Aranzadi, pero la respuesta ha sido escueta, apenas unas visitas de Policía Municipal y de técnicos municipales de Patrimonio al edificio ocupado para obtener información e identificar a los jóvenes, a los que incluso se les conminó a una reunión en el área de la que nunca se ha conocido el resultado, o incluso si llegó a celebrarse.

De las visitas al parque sí que informó la concejal Patricia Perales (Bildu) a los grupos municipales con un breve correo en el que explicaba cómo la Policía Municipal se había pasado por el edificio ocupado los días 5, 7 y 12 de noviembre. “Han identificado a las dos personas que están”, añadía la comunicación.

Se contaba también que no había intención de presentar denuncia alguna, porque no se buscaba una condena penal de los ocupantes. Y se añadía la forma en la que se iba a actuar: “El interés es recuperar el inmueble, y utilizamos la vía administrativa y la vía civil. Para poder utilizar la vía administrativa se debe de iniciar el expediente en el plazo de un año desde que se tiene conocimiento de la usurpación. Si ha pasado más de un año hay que recurrir a la vía civil, e interponer una demanda de desahucio, con abogado y procurador”.

El hecho es que los okupas continúan en el edificio del parque de Aranzadi, un inmueble en el que no disponen al parecer ni de agua corriente ni de electricidad, y al que en las últimas semanas se ha sumado una tercera persona, a la que acompaña un perro.

Esta presencia y también el hecho de que antes de Navidad los okupas se encomendasen a pintar la fachada del edificio llevan a pensar que no tienen, al menos de momento, ninguna intención de abandonarlo.

Rozalejo y una nave en Rochapea

 

Con fecha del pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Pamplona tenía contabilizados un total de 29 pisos de propiedad municipal ocupados, aunque en el listado no aparecía ninguno de los inmuebles del Casco Antiguo en la misma situación, sí el de Aranzadi. La mayor parte de los pisos se localizaban en los barrios de Buztintxuri, Rochapea y en San Pedro.

Además, desde septiembre de 2016 los okupas tienen tomada una antigua nave industrial en la calle Artica, en el barrio de la Rochapea, que utilizan desde entonces como gaztetxe. La nave es propiedad de una Junta de Compensación en la que el Ayuntamiento de Pamplona tiene una participación del 30 por ciento. Es este hecho el que impidió que el pasado mes de mayo un juzgado de lo civil determinara si había que desalojar a los okupas, al entender el juez que una Junta de Compensación no tiene potestad como sujeto civil. Aquella decisión obligó a reiniciar los trámites en el Contencioso Administrativo.

Sobre esta ocupación ilegal en la calle Artica pregunta habitualmente UPN en las comisiones informativas con intención de saber cómo va el expediente.

Algunos datos más sí que se tienen de otra ocupación, la del palacio del Marqués de Rozalejo, en la plaza de Navarrería, un edificio que en su día fue municipal y que ahora pertenece al Gobierno de Navarra. Este pasado lunes el concejal socialista Eduardo Vall quiso saber qué gestiones se están haciendo desde el Ayuntamiento ante el Gobierno de Navarra para desocupar el edificio, y si está previsto tomar algún tipo de medida para evitar que en la fachada del inmueble se exhiban, como estas Navidades, fotos de presos de ETA.

Descalzos 33, un año ocupado

 

Tras un año de ocupación ilegal, hace apenas unos días volvía a quedar libre el edificio situado en el número 33 de la calle Descalzos de Pamplona. El inmueble, propiedad de la sociedad Pamplona Centro Histórico (PCH) desde hace unos años, ha permanecido ocupado desde el mes de noviembre del año 2016.

Se trata de un inmueble de planta baja y tres alturas (la última retranqueada). En la planta baja se distribuyen dos almacenes, uno de 7 metros y otro de 32, y en las superiores 2 viviendas de 38 metros situadas en la planta 1ª y 2ª, y de 48 metros cuadrados la de la tercera, todas ellas consideradas como infraviviendas.

Se trata de un edificio que junto al colindante, situado en el número 35, forma parte de una de las últimas operaciones de renovación urbana que PCH tenía previsto acometer el año pasado y cuyo proyecto ya se encargó en 2016, aunque la ocupación ilegal y la falta de financiación ha retrasado.

Desde 2006 PCH diseña operaciones urbanísticas en el Casco Antiguo de la capital consistentes en adquirir inmuebles colindantes y con dificultades de rehabilitación para demolerlos y construir uno nuevo que cumpla con los requisitos de habitabilidad. Hace ahora dos años PCH designó al estudio OM ARQ para diseñar este proyecto en la calle Descalzos, sin embargo y aunque el plazo para la redacción era de 5 meses, nada más se ha sabido de esta actuación desde entonces. OM ARQ ha diseñado para esta parcela conformada por los números 33 y 35 un nuevo edificio con 7 viviendas, dos de ellas duplex. La superficie de las viviendas oscilará entre 41 y 89 metros cuadrados.

La desocupación del inmueble permitirá ahora que PCH prosiga con este proyecto cuyo presupuesto supera el millón de euros.

Jarauta 58, con okupas desde noviembre

 

El pasado mes de noviembre los okupas también se hicieron con otro edificio del Casco Antiguo de Pamplona, el situado en el número 58 de la calle Jarauta, casi en la esquina con Eslava. Un inmueble de 4 plantas y 2 viviendas por planta que también se pueden definir como infraviviendas, al no reunir los requisitos mínimos. Pese a los intentos por contactar con los inquilinos ilegales, este periódico no lo logró.

Como en el caso anterior también aquí PCH tiene diseñado un proyecto de renovación urbana que afectaría igualmente al portal situado en el número 26 de la calle Eslava. Ambos inmuebles son propiedad de la sociedad municipal desde hace más de dos años, y en 2016 se adjudicó al estudio Apezteguia Architects la redacción del proyecto del nuevo inmueble que surgirá tras su derribo. La propuesta que el Ayuntamiento dio a conocer en una nota de prensa el 18 de febrero de 2016 contempla un gran patio ajardinado en el fondo de la parcela optimizando así la iluminación natural.

El nuevo edificio dispondrá de tres viviendas por planta y un duplex de cuatro dormitorios en la entrecubierta.

Pero ni a lo largo del año 2016 (los adjudicatarios disponían de un plazo de 5 meses para redactar el proyecto definitivo), ni tampoco durante 2017 PCH ha impulsado esta iniciativa cuyo presupuesto es de 2 millones.

Jarauta 81, rehabilitado y ocupado ilegalmente

 

Un tercer inmueble ocupado de forma ilegal desde hace aproximadamente un año es el que ocupa el número 81 de la calle Jarauta, muy cerca ya de la calle San Lorenzo.

En este caso se trata de un bien patrimonial puesto que todo el edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Pamplona en el año 1992 por cinco millones de pesetas (30.000 euros) con el fin de destinarlo a viviendas realojos. El antiguo inmueble fue derribado para dejar paso al nuevo proyecto. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Hermanos Suverbiola, por un presupuesto de 27,6 millones de pesetas (166.000 euros).

Los autores del proyecto fueron dos de los arquitectos de la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona, Daniel Fernández y Vicente Vitoria, que tuvieron que enfrentarse a una parcela alargada (20,25 metros) y trapezoidal con una fachada de apenas 3,75 metros. Las medidas permitían habilitar apenas una vivienda por cada una de las tres plantas y construir un duplex en la parte superior. La obra concluyó en 1995.

Desde entonces el inmueble ha servido para acoger temporalmente a vecinos afectados por obras de rehabilitación. Ahora sin embargo está ocupado ilegalmente.

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