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Ayuntamiento de Pamplona

Pamplona se suma al intento de frenar la expulsión de Cheikhouna

Los grupos municipales acuerdan pedir apoyo “a las instituciones competentes”

Foto de Cheikhouna Ieng en la Chantrea, “el mejor barrio del mundo”, con la camiseta del Barça, “el mejor equipo del mundo”.

Cheikhouna Ieng en la Chantrea, “el mejor barrio del mundo”, con la camiseta del Barça, “el mejor equipo del mundo”.

Actualizada 23/05/2017 a las 08:39

Los vecinos de la Chantrea han dicho alto y claro que quieren al senegalés Cheikhouna Ieng entre ellos. Lleva desde 2006 viviendo en el barrio y pesa sobre él una orden de expulsión por estancia irregular. Ayer, la campaña que se está llevando a cabo desde el barrio para dar trascendencia pública a su caso y lograr frenar su deportación llegó al Ayuntamiento de Pamplona. Bildu y Geroa llevaron a la comisión de Presidencia una propuesta de declaración con la que pretendían dejar claro el respaldo municipal a este caso. Pidieron el apoyo del resto de los grupos para, por un lado, acordar que este vecino de Pamplona “pueda vivir con tranquilidad y normalidad en nuestra ciudad” y, por el otro, para “instar a las instituciones competentes a resolver de forma satisfactoria este caso y seguir trabajando para que Pamplona sea una ciudad de apoyo y acogida a los migrantes”.

El debate sentó en uno de los bancos destinados al público del salón de plenos al propio Cheikhouna y a Felipe Castel, que ejerció de portavoz ante sus señorías. En las filas de la oposición se escucharon algunos argumentos críticos. Porque “la responsabilidad de esta administración no es presionar sino dar soluciones a los ciudadanos”, recalcó la regionalista Ana Elizalde. Y porque “traer casos particulares de algo que entraña una injusticia termina resultando gravoso al no contemplar a los otros Cheikhouna que hay en nuestra ciudad”, apostilló Eduardo Vall (PSN). Pero ningún grupo se atrevió finalmente a votar en contra de un tema con tanta trascendencia social pese a ser conscientes de la escasa influencia que un ayuntamiento puede tener en un caso concreto de extranjería.

La declaración, y sobre todo el segundo de los puntos, no pasaba de ser una mera declaración de intenciones. Ante una resolución de expulsión, es el propio interesado el que tiene la carga de ejercer la defensa de sus intereses en las instancias administrativas y judiciales oportunas, como de hecho ya está haciendo Cheikhouna. Y, en última instancia, la legislación sobre la materia de extranjería es de competencia estatal y por lo tanto son las Cortes Generales las únicas que pueden aprobar normas que modulen los requisitos para que un extranjero consiga la residencia. En la declaración que se debatió ayer no se hizo alusión a esta circunstancia, tal y como llegó a reprochar Vall durante su intervención. “Si en temas concretos se aportan soluciones los apoyaremos”, anunció sin desvelar cuál sería el sentido de su voto en la declaración.

APOYO SIN FISURAS

Mientras, desde el equipo de Gobierno, todos los grupos defendieron sin fisuras la campaña que se está llevando a cabo para tratar de frenar la orden de expulsión que pesa sobre Cheikhouna. “Porque el caso de este vecino demuestra el sinsentido de la ley”, recordó Patricia Perales (Bildu). Desde Izquierda Ezkerra, Edurne Eguino, confió en que “esta red de solidaridad que se está construyendo sea capaz de resolver este caso”. Esther Cremaes (Geroa), por su parte, hizo hincapié en que este caso “ha permitido visibilizar los cientos de casos similares al suyo que hay por culpa de unas leyes injustas que expulsan al pobre”. Y Laura Berro (Aranzadi) se refirió a los últimos cambios que se han realizado en materia de extranjería y que “han limitado aún más los derechos de los inmigrantes”.

La legislación española en materia de extranjería impide que la mayoría de los extranjeros que entran en nuestro país de forma ilegal, como Cheikhouna, puedan regularizar su situación y esto es así porque solo los más afortunados pueden acogerse a las soluciones excepcionales que contempla la ley para estos casos.

Entre las circunstancias de arraigo muy cualificadas que los tribunales suelen tener en cuenta para anular una expulsión se encuentra la de tener hijos menores a su cargo o parientes con enfermedad grave que estén siendo tratados. Generalmente no se considera suficiente arraigo el mero transcurso de los años.

Lo que se pretende desde la Administración es regular los flujos migratorios de tal manera que los extranjeros que se queden lo hagan para trabajar, ya sea por cuenta propia o ajena, involucrándose así en el sistema productivo nacional. Cheikhouna quiere trabajar y, sobre todo, un contrato legal. Pero, a no ser que la legislación cambie, de momento solo puede soñar con esa posibilidad porque no tiene papeles.


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