Diario de Navarra

Disculpas públicas del Ayuntamiento. Y más en concreto de las áreas municipales de Asuntos Sociales y Ecología Urbana, a cargo de Edurne Eguino (I-E) y Armando Cuenca (Aranzadi), respectivamente. Esta es la exigencia de la Asociación de Vecinos de Santa María la Real tras conocerse que entre las 14 personas detenidas de una banda dedicada a robar maquinaria en empresas había varios del antiguo asentamiento chabolista en la trasera del Tenis. Los residentes del barrio recuerdan que se les tachó de ‘xenófobos’ y de contar las cosas de forma ‘subjetiva’ “Se nos tachó de xenófobos o de ser subjetivos. Y la realidad es que nosotros nos quejábamos de unas personas concretas, con independencia de su país de origen, y de que allí se producían actividades ilegales. ¿Quién discriminaba al resto de pamploneses que no podemos tener un almacén de chatarra al aire libre y Ecología Urbana lo permitía, como la quema de plásticos que llenaban de olor Santa María la Real y hasta impregnaba la ropa tendida?. Los hechos nos han dado la razón”, dicen desde el colectivo vecinal. Estas áreas municipales, junto a la de Seguridad Ciudadana, fueron las que coordinaron la salida de los “chabolistas” que, desde 2012, habitaban en un asentamiento ilegal en la parcela que pertenecía al Tenis en un 90% y al Ayuntamiento en el restante 10%. Finca ubicada junto a Santa María La Real y desde donde llegaron las primeras voces de alarma cuando la acampada habitada de forma esporádica se convirtió en morada permanente en verano de 2015. Paralelamente, el Tenis interponía varias denuncias para el desalojo de las cuatro familias instaladas porque, aducían desde el club, encendían hogueras y acumulaban la chatarra que cogían desde los contenedores. Y los vecinos, tanto en encuentros con los responsables municipales como en los foros de barrio, afirmaban que habían aumentado los robos, sobre todo en comercios, además de la suciedad en sus calles. Sin seguimiento La petición de vecinos y del Tenis del desalojo inmediato topó con el rechazo de Asuntos Sociales, que abogó por una salida paulatina. Y Edurne Eguino apeló a la solidaridad de los residentes. “Son personas de una etnia incomprendida por nuestra sociedad de bienestar y tenemos que aprender a trabajar en y por la inclusión y no mirar para otro lado”. Palabras que subrayó Armando Cuenca diciendo que el problema no había que esconderlo “bajo la alfombra”. La solución, para ambos, era un acercamiento paulatino a los moradores de las chabolas para convencerles de que se empadronaran en Pamplona y así acceder a las prestaciones sociales, que incluía el realojo en viviendas. Un proceso que para UPN y PSN se demoró demasiado en el tiempo, opinión también compartida en el equipo de gobierno por Geroa Bai. Y las críticas arreciaron desde la oposición cuando el área de Ecología Urbana colocó una letrina para el uso de las personas de las chabolas. Finalmente, el julio del año pasado se produjo el realojo en viviendas de alquiler social -sin desvelar el lugar- y la limpieza del solar. “Pero como se conocían el barrio seguían viniendo por aquí, ensuciando las calles porque buscando en la basura tiraban los restos por el suelo. Y también continuaban los robos”, afirman. En la asociación se preguntan por qué no hubo un seguimiento desde Asuntos Sociales. “El problema, como les decíamos, no termina con el realojo. Y ahora más que nunca se pone de manifiesto que hace falta un despacho de Servicios Sociales. Los técnicos hubieran visto con sus propios ojos de lo que nosotros avisábamos”. Y añaden que actualmente, también en vano, están advirtiendo que un grupo receptor de ayuda social residente en la zona de Lezkairu próxima a Santa María la Real está causando problemas. “Han aumentado los robos y la semana pasada entraron en dos pisos. También creemos que se trapichea y se acumula cobre. ¿Tendrá de nuevo que intervenir Policía Foral y Nacional sin que el Ayuntamiento haga nada?”. “Nosotros no sabíamos de la investigación” La edil de Acción Social de Pamplona, Edurne Eguino (I-E) afirma que hay controles suficientes en su área para que el fraude sea mínimo La edil de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino (I-E) afirma que, en el caso de detención de algún miembro atendido por los Servicios Sociales municipales, se hace acompañamiento del resto de la familia. Y para acceder a los programas indica que “se tienen en cuenta todos los datos que aporta la familia y aquellos a los que se tiene acceso para tramitar lo más correctamente posible determinadas prestaciones”. Y añade: “Otra cosa es que en un momento haya una investigación policial o incluso una intervención de las que los servicios sociales municipales no hemos tenido conocimiento”. Eguino subraya que en todos los casos la intervención social se “hace con profesionalidad, con garantías y con controles suficientes para deducir que los fraudes son mínimos y que la inmensa mayoría de los usuarios y usuarias de los servicios sociales actúan de buena fe”.