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GOBIERNO

Las plazas de atención residencial a menores en conflicto social se duplicarán

El nuevo contrato que licitará en breve, con un 70% más de presupuesto y 18 millones en cuatro años, reorganiza la atención a adolescentes que no pueden convivir con sus familias

Una pareja con dos niños pequeños pasea por la calle en Pamplona.

Crece el número menores en desprotección acogidos en Navarra hasta los 252 en 2015

Una pareja con dos niños pequeños pasea por la calle en Pamplona.

BUXENS/ARCHIVO
Actualizada 27/07/2016 a las 13:22
  • DN.ES. PAMPLONA
El Gobierno de Navarra va a incrementar en 29, de 25 a 54, las plazas de atención residencial a menores en conflicto social severo para poder atender la creciente demanda de este recurso, destinado a niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años que no pueden convivir con sus familias.

A tal fin, se prevé destinar durante cuatro años un total de 18 millones de euros, IVA excluido, lo que, en términos anuales, supondrá un incremento respecto al desembolso actual del 70%: de los 2,4 millones de euros gastados en 2015 a los 4,1 previstos para 2017.

Con estas premisa y una vez autorizado por el Gobierno en su sesión de este miércoles, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas va a licitar en breve el contrato de asistencia para la gestión de los recursos, que van a ser, asimismo, reorganizados para poner fin a problemas como la sobreocupación del centro de acogimiento de urgencia o la mejorable atención a los y las menores, conforme a sus necesidades psicosociales.

En concreto, el Centro de Observación y Acogida (COA), servicio de urgencia al que llegan menores con diferentes necesidades de atención, cuenta en la actualidad con 15 plazas, de ellas 5 en Zolina y otras 10 en Beloso, si bien en ocasiones en este centro la ocupación alcanza las 20.

Para descongestionar el COA, se modificará el sistema de ingreso y se incrementarán las plazas en residencias, dado que su escasez obliga a que las y los menores permanezcan en el Centro más tiempo de los 60 días máximos establecidos. En cuanto al ingreso, se crearán tres módulos, atendiendo a las características psicosociales, trayectoria vital, tipología conductual y detonante de intervención.

Actualmente, para acogimiento residencial, en régimen de internado, el Gobierno dispone de 10 plazas. La reorganización contempla dividir el recurso en dos tipologías: básica (ARB) y especializada (ARE), esta última establecida por la reciente reforma de la ley del menor.

En concreto, con 18 plazas, 8 de nueva creación, el ARB atenderá a menores que no presentan problemas de convivencia. Y el ARB, con 8 nuevas plazas, estará dirigido a menores con rasgos gravemente disociales o disruptivos, con una necesidad de atención intensa y muy individualizada. Para el acogimiento en este módulo se necesitará autorización judicial.

NUEVO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO

Finalmente, se crea, con 10 plazas, un nuevo servicio de acompañamiento social a menores de más de 16 años que se están preparando para la vida autónoma, dado que no pueden reincorporarse al domicilio familiar.

Este programa se llevará a cabo mediante ayudas económicas, como la prestación garantizada de la Cartera de Servicios Sociales para este colectivo (necesidades básicas de alimentación, vivienda, ropa, etc), que, tras la mayoría de edad, sería sustituida por una renta garantizada y recursos de acompañamiento en el contexto comunitario de cada menor, en medio abierto. El Departamento plantea también incorporar en este ámbito el voluntariado, previa declaración de idoneidad, como recurso social prolongado en el tiempo.

EL NUEVO CONTRATO

Actualmente gestiona este servicio de protección a menores en conflicto la Fundación Ilundáin Harritz Berri. El Gobierno espera que el nuevo contrato entre en vigor en el último trimestre del año, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable hasta alcanzar una duración máxima de cuatro años. El Ejecutivo ha autorizado para el ejercicio de 2016 y 2017 un gasto máximo de 5,48 millones de euros (1,37 en 2016 y 4,12 en 2016). Conforme a esta previsión, el valor estimado del contrato es de 17.981.480 euros (IVA excluido).

II PLAN INTEGRAL DE APOYO

La reorganización del acogimiento residencial para situaciones de conflicto se enmarca en la transición que acomete el Gobierno de Navarra en las políticas de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia en Navarra (II Plan Integral de Apoyo), que implican un cambio de paradigma: de la asistencia al reconocimiento y defensa del derecho subjetivo, de la intervención reparadora del daño al fomento de la prevención y la promoción y del concepto de “coste social” al de “inversión social”.

En este contexto, se están implementando otras medidas: intensificación del acogimiento familiar como alternativa al residencial (dedicación plena y profesional –se exigirá titulación– de acogedores o acogedoras); reforzamiento de las medidas preventivas que eviten el fracaso de los procesos de adopción; intensificación de programas preventivos de protección en las etapas anterior y posterior de las medidas de acogimiento residencial; licitación de los programas de mediación, orientación y punto de encuentro familiar; y puesta en marcha el programa de justicia juvenil enmarcado en las medidas de medio abierto de Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.

CONFLICTO Y DIFICULTAD

El Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia está organizado en torno a dos subsistemas: el de protección y el de reforma (comisión de faltas o delitos).

El subsistema de protección aborda las situaciones de dificultad (negligencia severa de las familias, maltrato, abandono, abuso sexual, inducción a la mendicidad, explotación laboral, etc) y las situaciones de conflicto, esto es, aquellas en las que los menores que por su situación de grave inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otras personas: fugas del domicilio familiar, consumo de sustancias tóxicas, absentismo escolar continuado, violencia filioparental, conductas autolíticas…

Dependiendo de la gravedad de la situación de desprotección en que se encuentre el menor, del grado de colaboración de sus padres o tutores para su reparación y del pronóstico, la protección se realiza fundamentalmente a través de la preservación (en el entorno familiar) o de la separación, provisional o definitiva, a través de vías como el acogimiento en familias o residencial.

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