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Navarra crea la Comisión de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

Este nuevo órgano de control permanente estará constituido por miembros del Gobierno, Parlamento y agentes económicos y sociales

Exterior del edificio de la Hacienda foral

Exterior del edificio de la Hacienda foral

archivo/sesma
Actualizada 11/05/2016 a las 13:40
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La Administración foral, el Parlamento, sindicatos y entidades socioeconómicas de Navarra formarán parte de la comisión de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, cuya creación ha sido aprobada este miércoles por el Gobierno navarro.

El nuevo órgano, de carácter permanente, tiene como misión principal velar por el cumplimiento de las medidas diseñadas contra quienes defraudan, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, quien ha subrayado que la lucha contra el fraude es un objetivo prioritario para el Gobierno.

Durante el pasado año, la labor de lucha contra el fraude consiguió recaudar para las arcas forales un total de 75,2 millones de euros.

En su sesión de hoy el Ejecutivo ha adoptado dos acuerdos en relación con este organismo, uno por el que se constituye la comisión y otro por el que se designa a sus integrantes.

En su comparecencia el consejero ha incidido en que la lucha contra el fraude fiscal no es solo una actividad de la hacienda tributaria sino de toda la sociedad, una sociedad, que ha añadido, está muy sensibilizada contra los que defraudan.

La creación de la comisión viene dada como consecuencia de la exigencia legal de La Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal, que señalaba la creación de una comisión de trabajo permanente y evaluación de la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

La comisión se constituirá en las próximas semanas y tendrá como primera función conocer el borrador del Plan de lucha contra el fraude fiscal 2016-19, que ya ha elaborado el Departamento de Hacienda y Política Financiera.

Presidida por el consejero Aranburu, contará con cinco representantes del Gobierno, siete del Parlamento, uno por cada grupo o agrupación, cuatro de los sindicatos (UGT, CCOO, ELA y LAB), y siete de entidades socioeconómicas.

Estas entidades son la Confederación de Empresarios de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Asociación Navarra de Empresas Laborales, la Universidad Pública de Navarra, el Colegio de Abogados de Pamplona, la Asociación Española de Asesores Fiscales, y la Asociación ATTAC Navarra (un movimiento independiente que persigue la justicia económica global).

El secretario de la comisión, con voz y sin voto, será el jefe de la Sección de Régimen administrativo de la Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Política Financiera. Todos los miembros son nombrados por el Gobierno de Navarra para un mandato de cuatro años.

Este órgano se reunirá preceptivamente y en sesión ordinaria con carácter trimestral, así como de forma extraordinaria cuando la convoque su presidente. Podrá pedir en cualquier el asesoramiento de las personas cuya intervención considere conveniente por sus conocimientos, preparación, prestigio u otras circunstancias.

Las normas aprobadas recogen que sus funciones son el análisis de las actuaciones realizadas por el propio Gobierno Foral en el ámbito de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, ser informada de los planes y programas de actuación de esta lucha, realizar seguimiento de los planes y medidas adaptadas, y realizar propuestas no vinculantes en el ámbito de su competencia.

El consejero ha apuntado que la crisis económica también se refleja en la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal y en este sentido ha explicado que "los años de crisis económica afectan a los rendimientos y a las bases, incluso las no declaradas, por eso se entiende que en el último año las resultados clásicos de recaudación de lucha contra el fraude tiendan a ser algo menores".
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