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La ley de transparencia, abierta a recoger aportaciones ciudadanas

  • El documento básico se puede consultar en la web del Gobierno (www.navarra.es)

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La directora de Presidencia, Marta Pernaut, presentando la norma en el INAP, el pasado mes. MARC EICH

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Actualizada 13/12/2011 a las 01:04
  • DN . PAMPLONA

Los ciudadanos podrán realizar aportaciones a la futura ley navarra de Transparencia y Gobierno Abierto, uno de cuyos objetivos es que el ciudadano pueda conocer los ingresos y el patrimonio de los miembros del Ejecutivo foral.

El documento de bases de la norma se puede consultar en la web del Ejecutivo foral (www.navarra.es). Y las sugerencias se podrán enviar a través de correo electrónico (a la dirección: secregob@cfnavarra.es) hasta el próximo 30 de diciembre.

La norma en la que está trabajando el Gobierno de Navarra obligará a que no sólo sean públicas las retribuciones que reciban los miembros del gabinete de Yolanda Barcina y el resto de sus altos cargos, sino también que se puedan conocer las cantidades que perciban por otras actividades compatibles con su puesto, además de sus bienes y derechos patrimoniales. Y se informará sobre las cesantías que perciban los que hayan ocupado un alto cargo al dejar el mismo.

El Ejecutivo foral contará con un Portal del Gobierno Abierto donde se ofrecerá al ciudadano toda la información regulada por esta ley.

La ejecución presupuestaria

Uno de los aspectos que incluirá esta norma será la "transparencia" en la actividad pública. El ciudadano tendrá todos los datos sobre los presupuestos y su ejecución, es decir, sobre cómo se gasta cada euro público. Además, tendrá derecho a conocer cómo se organiza la administración, quiénes son los distintos responsables de la gestión, los servicios que se prestan, los convenios que se suscriban, los contratos, subvenciones o la ejecución de las obras públicas.

El Gobierno, por otro lado, deberá atender en un plazo máximo de un mes las solicitudes de información que reciba (siempre que se ajusten a la legalidad).

La norma también regulará cómo pueden participar y colaborar los ciudadanos en la definición de políticas públicas y en la evaluación de la calidad de los servicios.




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