LA polémica abierta por las elevadas dietas de la CAN que siguen cobrando algunos miembros del Gobierno va a trastocar muchos planes del nuevo Ejecutivo de coalición.

La cúpula regionalista del Gobierno se ha visto obligada a desvelar por primera vez todas sus retribuciones en un proceso forzado por la presión pública y todavía sin concluir. Para superar las críticas generalizadas, la presidenta Yolanda Barcina se ha comprometido a revisar los sueldos de los altos cargos. Y regular este espinoso tema exigirá que se pongan de acuerdo los dos socios del Gobierno. Mientras el vicepresidente Roberto Jiménez (PSN) elabora desde Presidencia un borrador de Ley de Transparencia que fije el marco de las retribuciones, el otro vicepresidente, Álvaro Miranda (UPN), es el responsable de fijar los salarios desde los Presupuestos que ultima el departamento de Economía y de regular los sueldos de los altos cargos de las empresas públicas. Resolver este rompecabezas se ha vuelto políticamente indispensable para la supervivencia del Gobierno.

El sueldo del presidente

La lógica indica que el mayor sueldo del Gobierno debe corresponder a su presidente, que es el responsable de todos los demás altos cargos. Hasta ahora parecíaque no era así puesto que algunos cargos clave en Navarra tienen un salario nominal mayor que el de la presidenta, que es de 69.000 euros. Es el caso de los directores del Servicio Navarro de Salud, Ángel Sanz Barea, y de Hacienda Tributaria, Idoia Nieves Nuin, cuyos sueldos oficiales llegan a los 85.000 euros, sin contar otras posibles dietas. El primero por estar al frente de algo más de 8.000 trabajadores sanitarios. La segunda, por ser la responsable de los ingresos de la Hacienda foral.

Ahora queda claro que el salario del presidente del Gobierno, en realidad, quedaba muy por encima. Con los datos que se conocen de 2010, el presidente Miguel Sanz pudo registrar unos ingresos brutos de 170.000 euros si a su sueldo se suman las dietas de la caja (podrían sumar hasta 90.000 euros) y otras 11.000 de la CECA, el consejo de las cajas de ahorro españolas al que perteneció hasta mediados de año cuando dejo la presidencia de CAN. Y los del vicepresidente económico, Álvaro Miranda, podrían acercarse a los 150.000 si se añaden su sueldo (65.000 euros), las dietas de la CAN (60.000) y las de otras empresas públicas.

Empresas públicas

En cualquier caso, durante los últimos años el salario más alto del sector público habría sido el del director de Sodena, la empresa de capital riesgo del Gobierno foral. En 2010 percibió 199.000 euros brutos según los datos de las cuentas de la entidad, entre sueldo y retribución variable. El origen del alto salario tiene su base en el fichaje en su día de José María Aracama para el puesto, ya que trabajaba como directivo en Cementos Portland y su contrato para Sodena respetó su retribución en el sector privado. La presidenta Barcina bromeó en la radio la pasada semana diciendo "ahora entiendo por qué hay gente que prefiere determinados puestos a ser consejeros".

La intención del Gobierno ya antes de esta polémica era regular todas las retribuciones de los gerentes de empresas publicas que se hallan en pleno proceso de reordenación y simplificación. Y hacerlo poniendo como tope o sueldo más alto el que hoy percibe el director de la corporación empresarial, el holding que agrupa a todas las empresas públicas, puesto que ostenta Jesús Pajares, un experto auditor profesional que fue fichado en su día por Sanz como parlamentario para UPN. Su sueldo asciende a 113.000 euros brutos, aunque también es consejero de Audenasa, empresa que paga unos 10.000 euros anuales por dietas de su consejo.

La transparencia forzada a la que se ha visto sometidos Barcina y Miranda por la polémica ha llevado a la presidenta a señalar que debieran ordenarse también los salarios de quienes dirigen otras entidades privadas si viven del presupuesto público. Estos días en el Gobierno se cita como ejemplo el salario de 120.000 euros del que disfruta el gerente de una entidad cultural gracias al dinero público.

La primera propuesta pública la ha hecho el PSN. Limitar las dietas de empresas públicas al 10% del salario de consejeros y altos cargos. Propuestas con esta misma filosofía se han barajado también en el entorno de la presidenta Barcina hace meses. Ahora queda pasar de las palabras a los hechos.

Las dietas de CAN, en el Parlamento