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Elizalde dice que el Gobierno no recurre la sentencia de Zilbeti pero apoya el desarrollo económico de la zona

  • La consejera ha abogado por "superar la confrontación entre la protección medioambiental y el desarrollo social y económico"

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Actualizada 29/10/2015 a las 13:15
  • EUROPA PRESS. pamplona
La consejera de Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, ha explicado que este miércoles el Ejecutivo decidió no recurrir la sentencia del TSJN que anula el proyecto de la mina de Zilbeti, al tiempo que ha defendido que el Gobierno dice "sí al desarrollo económico y social de los pueblos del Valle de Erro".

Isabel Elizalde ha señalado, en respuesta a sendas preguntas de UPN y Podemos en el pleno del Parlamento, que "la sentencia es muy crítica con lo realizado hasta ese momento" por anteriores Gobiernos y ha afirmado que hay informes jurídicos de su departamento que avalaban no recurrir "porque no existe suficiente base jurídica".

La consejera ha abogado además por "superar la confrontación entre la protección medioambiental y el desarrollo social y económico" y ha pedido un adecuado trámite para los proyectos que requieran un exhaustivo análisis medioambiental, "sin que prevalezca la celeridad de implantación sobre el trabajo que debe realizar al administración".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el Gobierno dice 'no' a todo lo que signifique empleo y desarrollo, se abandona a su suerte al Valle de Erro, a 203 trabajadores, a 200 puestos de trabajo indirectos, a una empresa que lleva trabajando desde 1945 respetando el medio ambiente".

A juicio de Esparza, "este Gobierno no está dando confianza, está dando miedo a las empresas, y terminan pagando el pato los ciudadanos". "Con esta decisión están firmando la sentencia de muerte de una parte importantísima de Navarra", ha afirmado.

Por parte de Podemos, Eduardo Santos, ha afirmado que la sentencia del TSJN "directamente elimina la posibilidad de que el proyecto siga hacia adelante". "Es una sentencia dura, que condena en costas a la administración, algo que no es habitual, y que hace una crítica severa de lo que se había hecho hasta el momento", ha manifestado.

Santos ha señalado que "hasta ahora se habían aprovechado los recursos judiciales para mantener vivos los procedimientos, aunque no hubiera ninguna posibilidad de ganarlos, con el fin de iniciar una actividad potencialmente destructora del medio ambiente". Ha abogado así por buscar "alternativas para el valle que no supongan la destrucción del territorio".



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