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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Varias comunidades autónomas protestan por la financiación de Navarra y País Vasco

  • ​Montoro ha elaborado un informe con las opiniones de las comunidades y las ciudades autónomas, que servirá de base para una futura negociación

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Actualizada 07/10/2015 a las 13:50
  • EFE. Madrid
La reforma del sistema de financiación autonómica, una de las prioridades del Gobierno que salga del 20D, tendrá que responder a las quejas planteadas por la mayor parte de las autonomías sobre la insuficiencia de los recursos y sobre los "privilegios" de los que gozan el País Vasco y Navarra.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro ha elaborado un informe con las opiniones de las comunidades y las ciudades autónomas, que servirá de base para una futura negociación y que recoge distintas propuestas de las autonomías para mejorar su financiación.

Así, muchos de los estudios realizados por las comunidades abordan el hecho de que, junto con el sistema de financiación de las autonomías de régimen común, coexistan los regímenes especiales de País Vasco y Navarra.

Y varias de ellas apuntan a que las diferencias que existen entre ambos regímenes se concretan en que "País Vasco y Navarra cuentan con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario y con unos niveles de financiación muy superiores a los de las comunidades de régimen común", que algunas califican como "privilegios financieros ajenos a los principios constitucionales que los sustentan".

Son varias las que reclaman que País Vasco y Navarra no tengan mejor financiación que el resto y que contribuyan de alguna forma en los mecanismos de solidaridad con el conjunto de autonomías para una correcta contribución a la financiación de todas las CC AA y que no se genere desigualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales a igual esfuerzo fiscal.

Incluso otras abogan por la interrelación entre los sistemas, de forma que las comunidades forales estén sujetas a los mismos criterios de nivelación que los establecidos en el sistema de las de régimen común.

Para Asturias, por ejemplo, el resultado financiero de los regímenes forales constituye un "privilegio" que no responde en modo alguno al mandato constitucional y, por ello, considera que ambos deberían ser "calculados correctamente para que su resultado en términos de recursos por habitante ajustado sea equiparable al que ofrece el régimen común".

Castilla y León constata una "sobrefinanciación" de Navarra y País Vasco, ya que la media de sus recursos disponibles es superior en un 75 por ciento a la del resto, e interpreta que no se trata de algo consustancial al régimen foral, sino que es producido por una "defectuosa aplicación" práctica del mismo, que produce "perjuicios a los ingresos del Estado y de las comunidades".

Baleares aprecia que los resultados de liquidación del cupo vasco y la aportación del convenio navarro suponen "una contribución significativamente menor" a la solidaridad que la derivada del sistema de régimen común, por lo que cree "imprescindible" que su participación se atenga a los mismos criterios de nivelación que el resto.

Por su parte, Cantabria evidencia que el régimen foral tiene mayor capacidad para establecer normativa tributaria propia, lo que genera "situaciones de inequidad", y se lamenta asimismo de que la poca colaboración de las administraciones forales dificulte los procedimientos de gestión e inspección de las comunidades limítrofes, que se encuentran con un verdadero "frontón" que, en ocasiones, redunda en menores ingresos.

También Murcia avisa de la "excesiva financiación" de la que gozan las comunidades forales, gracias a la cual los gobiernos vasco y navarro disponen de un mayor gasto por habitante que los otros ejecutivos autonómicos.

Para Castilla-La Mancha, los territorios forales "ostentan niveles de presión fiscal ligeramente por debajo de la media del territorio común, competencias de gasto similares y disfrute de recursos per cápita muy superiores al resto de las CCAA", de manera que la coexistencia de los dos modelos de financiación autonómica "genera mucha desigualdad".

Un juicio compartido por el gobierno extremeño, que ve "significativamente mayor" la financiación per cápita en País Vasco y Navarra y que apunta la necesidad de que esas comunidades formen parte del sistema de financiación autonómica que resulte aplicable a las de régimen común.


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