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Ayuntamiento de Pamplona

​El Tribunal de Cuentas ve "indicios de ilegalidad" en las dietas de Pamplona

  • Admite una denuncia contra Urxue Barkos y contra el Ayuntamiento de Pamplona por el abono irregular de reuniones de los concejales

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.

​El Tribunal de Cuentas ve "indicios de ilegalidad" en las dietas

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.

ARCHIVO/CALLEJA
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Actualizada 09/05/2015 a las 23:03
  • efe. pamplona
El Tribunal de Cuentas dictó un auto en el que admitió la acción pública de "Justitia et Veritas" y pidió a la comisión de Gobierno que nombre un delegado instructor en el procedimiento abierto por el sistema de pago de dietas por reuniones en el Ayuntamiento de Pamplona, que de momento no ve motivos para archivar.

El auto precisó que los hechos "reúnen los requisitos de individualización exigidos" y "presentan indicios de una posible actuación ilegal generadora de un presunto menoscabo en fondos públicos individualizados".

Y eso, añadió, "permite considerar que la acción pública en este caso aporta indicios suficientes, jurídicamente relevantes, de posible responsabilidad contable por alcance como para hacer necesario el nombramiento de un delegado instructor que investigue los hechos".

En contra de este procedimiento, el Ayuntamiento sostiene que no existe responsabilidad contable y pidió su archivo apoyado en un informe de la Cámara de Comptos "sin encontrar infracción alguna ni, por supuesto, indicios de responsabilidad contable" en abono de dietas por asistencias a reuniones de los concejales.

El Consistorio avaló además su petición con la decisión de 2013 del Tribunal Supremo de no admitir a trámite la querella presentada contra la concejal Uxue Barkos por "Justitia et Veritas" por "inexistencia de indicio alguno" de que fuera ilícita la percepción de esas dieta o de que Barkos hubiera falseado el número de reuniones celebradas para cobrar las mismas.

Un auto este que también fue aportado por la concejala pamplonesa al reclamar igualmente al Tribunal de Cuentas el archivo del procedimiento, destacando además que el Supremo afirmaba que incluso aunque los hechos fueran acreditados "tampoco podrían ser incardinados en ningún ilícito".

En contra de estas alegaciones, el Tribunal de Cuentas sostiene en su resolución, fechada el 29 de abril, que "la jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal", según la jurisprudencia.

Añadió, además, que, al estar el procedimiento en fase "prematura", no es momento oportuno para conocer cuestiones de fondo y, teniendo en cuenta que los hechos "pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance, procede en derecho" nombrar un delgado instructor que practique las diligencias previas.

La resolución, contra la que cabe recurso, tiene su origen en un escrito presentado por "Justitia et Veritas" el 7 de noviembre de 2014, asociación que el 1 de diciembre comunicó que ejercitaba la acción pública por responsabilidad contable.

El día 16 la Fiscalía pidió que se nombrara delegado instructor y el 18 "Justicia et Veritas" pidió la admisión a trámite de la acción pública.

Unos días después, el 26, el ayuntamiento de Pamplona solicitó el archivo de la misma y el 28 de enero de 2015 la concejala Uxue Barkos pidió su personación en el procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Ante estas peticiones, el pasado febrero el Ministerio Fiscal sostuvo que, tratándose de una acción pública y por razones de tutela judicial efectiva, era aconsejable continuar el procedimiento, y "Justitia et Veritas" reiteró su pretensión de que fuera investigada una conducta presuntamente delictiva.


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