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Ley de dependencia: balance en negativo

Representantes de seis partidos analizaron ayer la implantación de la ley de dependencia y abogaron por volver a la situación anterior a los recortes. Para el consejero Alli el balance “no es positivo” pero negó “ni un paso atrás” en derechos adquiridos.

Izda a dcha: Rebeca Remiro (Equo), Isabel Aramburu (Geroa Bai), Txema Mauleón (I-E), Marian Sainz (PSN), Iñigo Alli (UPN) y Codés Echalecu (UPyD).

Ley de dependencia: balance en negativo

Izda a dcha: Rebeca Remiro (Equo), Isabel Aramburu (Geroa Bai), Txema Mauleón (I-E), Marian Sainz (PSN), Iñigo Alli (UPN) y Codés Echalecu (UPyD).

eduardo buxens
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Actualizada 07/05/2015 a las 09:16
  • M.J.E. Pamplona
En negativo. Así valoraron ayer los avances de la ley de dependencia en Navarra durante la última legislatura cinco grupos políticos en el transcurso de una mesa redonda organizada por el CERMIN (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) junto con la Plataforma de la Dependencia. Y, como consecuencia, pusieron sobre la mesa la necesidad de “revertir” la situación y volver al estado “anterior a los recortes”. ¿Cómo? Ahí no hubo fórmulas novedosas: principalmente priorizando en Políticas Sociales, Salud y Educación, dijeron.

Los representantes del PSN, Marian Sainz; I-E, Txema Mauleón; Geroa Bai, Isabel Aramburu; UPyD, Codés Echalecu, y Equo, Rebeca Remiro, fueron muy críticos con la acción del Gobierno, tanto el estatal como el foral, durante los últimos años. No acudieron a la cita para analizar la situación de la dependencia y discapacidad en Navarra representantes de partidos como Podemos, Ciudadanos, EH Bildu y el PP, que también estaban invitados, según indicaron responsables del evento.

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Iñigo Alli, representó a UPN. Afirmó sin tapujos que “lógicamente” el balance no es positivo. “¿Que ha habido recortes? Claro. Pero los ingresos han caído un 25%”, recordó. Con todo, y en este marco económico de crisis, negó tajantemente que se haya dado “ni un paso atrás” en los derechos adquiridos por las personas dependientes. Y consideró que en estos años se ha garantizado mantener un sistema preparado para cuando la situación económica sea más favorable.

El resto de los políticos presentes no compartieron su postura. Sainz (PSN) opinó que se ha producido una “derogación encubierta” de la ley y apuntó que hay 1.196 beneficiarios menos que en 2011. Mauleón (I-E) calificó el balance de “absolutamente pernicioso” y desgranó retrocesos como un 24% de reducción en las ayudas económicas a cuidadores o el hecho de que 1.174 cuidadores no familiares fueron al desempleo puesto que se eliminaron las ayudas para su contratación. No obstante, matizó que los recortes “más duros” se produjeron cuando Elena Torres (PSN) era consejera durante el año en el que UPN gobernó con el PSN.

Aramburu (Geroa Bai) consideró la actuación del Gobierno foral de “sumisión absoluta” respecto al Gobierno central y apuntó que, además de gastar menos, se ha gastado mal. “Han bajado ayudas en el entorno habitual y han crecido en la atención residencial. Prima el negocio de determinadas empresas”, dijo. Ramiro (Equo) afirmó que el compromiso real no ha estado a la altura de lo que se pedía. “Si en crisis dejas a las personas dependientes sin ayudas estás generando más desigualdad”. Y Echalecu (UPyD) quiso ir más atrás y ahondar en las causas de la crisis. “Si no hubiese habido complacencia con la corrupción no nos estaríamos preguntando por qué no hay dinero”, dijo.

En aspectos más concretos, como el baremo para aplicar la ley de dependencia cuya competencia es estatal, hubo unanimidad en la necesidad de mejora. “Navarra no tiene competencias pero si está haciendo una cosa: empujar en el Estado para que se mejore”, dijo el consejero Alli. “Hay que dejar de evaluar sólo por la limitación física y cognitiva. También hay que hacer una valoración de las capacidades dentro de la limitación y respecto al entorno donde vaya a desarrollar su proyecto de vida”, apuntó.

El resto de los representantes de los grupos apuntaron que las valoraciones en Navarra se realizan con “excesivo rigor” y destacaron la necesidad de profundizar en la valoración de los enfermos mentales. También hubo unanimidad entre estos partidos a la hora de criticar la incompatibilidad entre prestaciones. “No puede ser que una persona que necesita una hora de atención domiciliaria para levantarse e ir a un centro de día tenga que elegir entre ambas opciones”, dijo Sainz. “Se debe primar estar en el entorno familiar”, añadió Mauleón. El consejero Alli también apostó por la vuelta a las prestaciones compatibles. “La primera la atención a domicilio con el centro de día”, dijo.

A partir de ahí los políticos propusieron medidas, la mayoría centradas en revertir los recortes y en reforzar el sistema público. Alli, por su parte, resaltó una ampliación de la atención temprana, de 0 a 6 años; así como el aumento de 750 plazas residenciales y de 250 en centros de día.



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