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SERVICIOS PÚBLICOS

​Navarra es la tercera comunidad con más gasto en servicios por habitante

  • En la Comunidad foral el gasto por habitante fue de 7.164 euros, por encima de la media nacional que se situó en 6.230

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Actualizada 05/05/2015 a las 10:17
  • EFE. Madrid/Pamplona
Navarra fue en 2013 la tercera comunidad con mayor gasto por habitantes en servicios públicos fundamentales, como son sanidad, educación y protección social, por detrás de Asturias y el País Vasco, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE),

En la Comunidad foral el gasto por habitante fue de 7.164 euros, por encima de la media nacional que se situó en 6.230 y tan solo por debajo de la media de Asturias (8.531) y País Vasco (8.360).

Por sectores, Navarra fue la segunda comunidad en gasto público por habitante en educación (1.107 euros), por detrás del País Vasco (1.224); la tercera en protección social (4.575) por detrás de Asturias (5.751) y País Vasco (5.516) y la quinta en el caso de la sanidad (1.483), superada por Asturias (1.714), País Vasco (1.621), Cantabria (1.530) y Aragón (1.487).

El estudio concluye que las diferencias entre comunidades autónomas en gasto público por habitante en educación, sanidad y protección social alcanzan el 60 por ciento en 2013, pese a que las necesidades de los distintos territorios solo explican un tercio de esta desigualdad, que obedece a razones históricas y políticas.

La distancia entre autonomías en gasto por habitante llega a 55 puntos porcentuales en educación, a 37 en sanidad y a 87 en protección social (incluye pensiones, desempleo, dependencia y servicios sociales y está gestionado en su mayoría por la administración central y la seguridad social).

El gasto en estos servicios públicos fundamentales representa el 60% del gasto público total y un 41% lo realizan las CCAA, mientras que el 40 % restante corresponde a la Seguridad Social, ha precisado Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de Valencia y director de investigación del IVIE.

El profesor Pérez ha señalado que durante la crisis las imágenes del gasto en servicios públicos "reflejan luces y sombras": por una parte, el sector público ha hecho un esfuerzo por mantener el gasto social (en 2013 se dedicó a los servicios sociales un 28% del PIB frente al 23% de 2007).

Pero, por otra, el gasto real por habitante se ha reducido (un 21% en sanidad y un 22 % en educación desde 2009), los dos servicios gestionados por las comunidades autónomas, mientras que se ha preservado el gasto de las administraciones de la seguridad social.

Las diferencias van desde los 8.531,5 euros per cápita que gasta Asturias en esos servicios, los 8.360,2 de País Vasco, los 7.164,4 de Navarra o los 7.052,1 de Cantabria, frente a los 5.252,5 de Canarias, los 5.431,8 de Baleares, los 5.652,9 de Murcia y los 5.659,4 de Andalucía.

Más marcada es la distancia en el porcentaje del PIB regional dedicado a estos servicios, que oscila entre el 19% de la Comunidad de Madrid y el 43% de Asturias.

Los autores del informe han insistido en que las diferencias de gasto entre las CCAA no se explican por las distintas necesidades derivadas de factores como el porcentaje de niños o ancianos o la dispersión de la población. De hecho, no siempre las regiones con más necesidades por habitante gastan más.

Esas desigualdades se explican por razones históricas o políticas, como la foralidad (País Vasco y Navarra) o la valoración que se hizo en su momento de las competencias transferidas.

Para mitigar estas desigualdades, proponen que, en los años de bonanza, se cree un fondo de provisión para estos servicios públicos fundamentales, similar al fondo de reserva de las pensiones que ya existe.
El profesor Pérez ha subrayado que las diferencias territoriales de gasto público "no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos" entre los ciudadanos en función de donde residan, lo que, a su juicio, "mueve a la preocupación y exige explicaciones".

El informe pone de relieve que todas las comunidades han ajustado los gastos, pero sus niveles de partida eran muy diferentes. Así, País vasco, Asturias y Navarra gastan más tras los ajustes que lo que gastaban otras antes de realizarlos (Baleares, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía).

Pérez ha precisado que los esfuerzos por preservar los servicios públicos fundamentales no ha evitado las caídas del gasto por habitante, que es "lo que está detrás del malestar social".

A su juicio, si se quieren disminuir las diferencias, "hay que considerar la situación de las comunidades forales", aunque ha precisado que no se cuestiona su singularidad institucional sino "el resultado financiero" que se deriva, pero también hay que tener en cuenta el volumen de transferencias que hay que poner en manos de las comunidades para educación y sanidad.

Además de la creación de un fondo de provisión, los autores recomiendan diseñar las políticas con horizontes financieros a medio y largo plazo, promover acuerdos entre las administraciones públicas sobre los recursos comprometidos en las políticas de servicios públicos y adecuar los sistemas de financiación autonómica a la equidad territorial consagrada en la Constitución.



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