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La expropiación de las casas de Yesa vuelve a demorarse

  • Se había previsto que estuviera aprobada por el Estado en marzo pero la CHE aún “ultima” el informe de alegaciones

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Actualizada 01/04/2015 a las 15:25
  • ASER VIDONDO. Pamplona
Los vecinos de las urbanizaciones desalojadas junto al embalse de Yesa desde hace más de dos años por un deslizamiento, que aguardan a la expropiación de sus 102 casas, tendrán que esperar un poco más para ello. El proceso vuelve a demorarse. Si bien se indicó en su día que se preveía que en marzo el Estado ya hubiera aprobado la expropiación, ayer la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) seguía “ultimando” el informe sobre las alegaciones presentadas. Esta circunstancia se suma a otras como que la información pública de este proceso expropiatorio tuviera que repetirse debido a un error.

No obstante, fuentes de la CHE consultadas ayer insistieron en que “el plazo a cumplir sigue siendo culminar el proceso a la mayor brevedad y que las indemnizaciones se paguen este año”. La estimación inicial fue de 23,6 millones de euros.

Así las cosas, los técnicos de la CHE trabajan en terminar el informe técnico de alegaciones, que se remitirá después a la Abogacía del Estado. Finalmente, será el Ministerio de Medio Ambiente, con toda la documentación, el que deba aprobar definitivamente la Adenda al proyecto de recrecimiento del embalse que contempla esta expropiación. “El informe de alegaciones está casi listo. Se presentaron 15 al proceso expropiatorio, fundamentalmente de asociaciones”, indicaron desde la CHE.

“Hasta que el Ministerio no ratifique la Adenda no se podrá iniciar la expropiación, pero entretanto se está hablando con los vecinos y los acuerdos en paralelo están muy avanzados”, reconocieron, rechazando dar plazos más concretos. Sí aseguraron, no obstante, que se busca afrontar estos trámites “a la mayor brevedad” y que el objetivo es culminar la expropiación “este año”.

Las urbanizaciones Lasaitasuna y Mirador de Yesa, ubicadas en la ladera derecha del embalse de Yesa, sobre la presa, fueron desalojadas parcialmente el 8 de febrero de 2013. Tras unas obras de emergencia por 25 millones de euros en las que la CHE excavó la parte superior de la ladera para retirar peso, el Estado asumió que las obras de recrecimiento del embalse fueron “concausa” del movimiento, que se da oficialmente por controlado, y apostó por expropiar las 102 viviendas.



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