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CC OO de Navarra critica la privatización del Registro Civil

  • La medida, que entrará en vigor el próximo 15 de julio, afectará a 82 funcionarios en la Comunidad foral

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Actualizada 31/03/2015 a las 12:55
  • efe. pamplona
CC OO de Navarra ha denunciado este martes la privatización del Registro Civil a favor de los registradores mercantiles, lo que, ha señalado, afectará a 82 funcionarios en la Comunidad foral.

La denuncia ha sido formulada en rueda de prensa por la delegada de CC OO en el sector de Justicia, Maite Soro, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Navarra, Cecilio Aperte, quienes han alertado de que un servicio público como el Registro Civil "no se puede gestionar como si fuese una empresa privada" que es "lo que son los Registros de Propiedad y Mercantiles".

En Navarra, el personal asignado al Registro Civil son cinco órganos en las cabeceras de los partidos judiciales en Aoiz, Estella, Pamplona, Tafalla y Tudela, cuatro juzgados de paz y veinticinco agrupaciones de juzgados de paz.
En total suman 82 funcionarios que se verían afectados por esta medida, ha señalado Soro.

La asignación del Registro Civil a los Registradores, "impuesta por el Gobierno mediante el RDLey 8/2014, cuenta con la oposición de todas las fuerzas políticas salvo el PP", ha recalcado Soro.

La medida entrará en vigor el 15 de julio cuando "los registradores mercantiles asumirían las nuevas inscripciones y el personal de Justicia seguiría tramitando lo antiguo", ha insistido Soro. La siguiente fase tendrá lugar en enero de 2016, momento en que los registradores mercantiles se harían cargo de "todas las competencias".

Soro ha anunciado que se presentará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los diputados con el objetivo de recuperar el consenso en la regulación del Registro Civil que hubo con la aprobación de la Ley 20/2011 de Registro Civil.

Para la ILP deben recoger 500.000 firmas antes de septiembre y ya se han organizado "concentraciones a nivel de todo el Estado".

Soro ha remarcado que "alrededor de 4000 funcionarios de la Administración de Justicia, incluidos Secretarios, han aprobado una oposición para acceder a su puesto de trabajo" y ha criticado que "el coste de la renovación tecnológica ha costado más de 130 millones de euros", un dinero que a su juicio, "ahora se regala a los registradores".

Soro ha recordado que "los registros afectan a más de un millón de ciudadanos al año solo en nacimientos, defunciones y matrimonios".



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