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El Estado deja de pagar el subsidio que complementa la Renta Básica en Navarra

  • El Gobierno foral se está haciendo cargo de ello desde febrero y ha anticipado ya 3,7 millones de euros a las personas beneficiarias
  • Si no se alcanza un acuerdo antes de final de año, Navarra pedirá la convocatoria de la Junta de Cooperación.

Íñigo Alli.

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli.

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Actualizada 19/11/2014 a las 11:49
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  • EFE. PAMPLONA
Navarra ha anticipado 3,7 millones de euros a las personas que perciben la renta de inclusión social y que han dejado de recibir el subsidio del Estado de 426 euros por una "mala praxis", por una "interpretación de la norma", cuestión que el departamento de Políticas Sociales trata de solventar.

Así lo ha manifestado el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, quien ha indicado que Navarra ya ha trasladado su queja al Estado por esta cuestión, con llamadas a la ministra Fátima Báñez y una reunión con la secretaria de Estado de Empleo y la directora general del SEPE, y espera que antes de fin de año se alcance una solución.

Si no es posible alcanzar ese acuerdo antes de final de año, ha avanzado que solicitarán la convocatoria de la Junta de Cooperación.

El consejero, quien ha subrayado que no ha habido ningún cambio normativo, sino una diferente interpretación de la norma, ha explicado que una vez agotada la prestación por desempleo los ciudadanos tienen derecho a unas prestaciones asistenciales, que están reguladas por la Ley de la Seguridad Social y que ascienden a 426 euros mensuales.

Como en Navarra el nivel de vida es superior al de otras comunidades autónomas, desde el Parlamento foral se acordó complementar esa prestación con la renta de inclusión social, con una cuantía que varía en función del numero de miembros de la unidad familiar.

"Esta complementariedad ha venido desarrollándose con total normalidad hasta febrero", según el consejero, quien ha comentado que en esas fechas tuvieron conocimiento de que algunos ciudadanos habían recibido una resolución en la que se les indicaba que se les retiraba la ayuda estatal porque la suma de sus ingresos superaba el 75 % del salario mínimo interprofesional.

Esto llevó al departamento a por, un lado, presentar una "queja formal" en la delegación territorial y por otro a tratar de ayudar a esas familias, dándoles "a través de la renta de inclusión social esa prestación económica".

De esta forma pese a la "mala praxis estatal" han garantizado los recursos para la subsistencia de algunas de esas familias.

En este sentido ha señalado que como primera solución se acordó cambiar la titularidad de la prestación de la renta de inclusión social al cónyuge, de forma que si uno de los miembros de la pareja es el titular del subsidio de desempleo el otro es el receptor de la renta de inclusión complementaria.

Esta solución, sin embargo, no se puede aplicar en el caso de familias monoparentales por lo que hay que buscar otra alternativa, según ha indicado que Alli, quien ha apuntado que esa es la queja que han registrado.

Aunque no saben cuantas personas pueden encontrarse en esta situación, hasta el momento esto ha supuesto un coste adicional para el departamento de 3,7 millones de euros, según el consejero, quien ha remarcado la necesidad de saber que va a pasar con esa cantidad que se ha adelantado y qué va a ocurrir en el futuro.

Alli se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Parlamento para explicar a los grupos lo sucedido, algo que no ha hecho hasta ahora porque "lo prioritario era encontrar una solución".


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