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Parlamento de Navarra

I-E pide que la iglesia no pueda inmatricular bienes por ley

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Actualizada 08/04/2014 a las 13:24
  • EFE. Pamplona
I-E impulsa una iniciativa que tiene como objeto modificar la Ley Hipotecaria con el fin de que se respete el principio de aconfesionalidad del Estado, algo que "no sucede actualmente porque los obispos y arzobispos de la iglesia católica pueden hacer de fedatarios públicos y pueden inmatricular bienes".

La iniciativa será debatida en el Parlamento de Navarra y si es aprobada será remitida al Congreso de los Diputados, según ha explicado el parlamentario de I-E Txema Mauleón en una rueda de prensa en la que su compañero José Miguel Nuin ha censurado la "intromisión de la iglesia católica en el ámbito público".

En Navarra entre 1998 y 2007 el arzobispado de Pamplona y Tudela ha inmatriculado 1.087 bienes, una cifra que no refleja la realidad, porque, según ha remarcado Mauleón, faltan datos del registro de Pamplona que no han sido facilitados.

Entre los bienes inmatriculados en la Comunidad foral figuran 650 templos parroquiales, 191 ermitas y 9 basílicas, pero también 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, 2 atrios ocho cementerios, 107 siete fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados y un frontón.

En el conjunto del Estado pueden ser "miles" los bienes inmatriculados, según Mauleon, quien ha denunciado el "oscurantismo y la falta de transparencia" existente al respecto, al tiempo que ha alertado de las consecuencias económicas que esto conlleva.

Como ejemplo ha citado el albergue de Jesús y María de Pamplona, una ermita que fue inmatriculada por el arzobispado, que ya no iba a tener uso religioso y fue vendida al Ayuntamiento por una cantidad cercana al millón de euros. Si lo hubiera inscrito el propio Consistorio, algo posible, según Mauleón, no le habría costado nada.

Uno de los casos de más actualidad a nivel nacional es el de la mezquita de Córdoba que ha sido inmatriculada por el arzobispado, ha añadido Mauleón, quien ha señalado que estas actuaciones están dando lugar a numerosos pleitos de entidades locales con la iglesia católica.

Con su iniciativa buscan derogar esa facultad, que consideran discriminatoria, ya que solo la iglesia católica, no otras religiones, ni asociaciones, pueden hacer de fedatarios públicos, según el parlamentario, quien ha remarcado que no van contra la iglesia católica, ni pretenden que los templos e iglesias dejen de destinarse al culto.

"Queremos igualdad y respeto al principio de aconfesionalidad, no queremos perjuicios para nadie, pero tampoco queremos que por un privilegio se perjudique el interés común", ha concluido.



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