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Crisis institucional

El Gobierno critica que los plazos de la moción condicionan la comisión

  • Considera que la investigación "nace con un vicio importante" y "acomodada" a los tiempos para una moción de censura
  • El portavoz Sánchez de Muniáin cree que el calendario fijado "perjudica el objetivo del Ejecutivo, que es conocer la verdad"

El portavoz del Ejecutivo Foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin (izda.) y el consejero de Educación, José Iribas durante una rueda de prensa

El Gobierno critica que los plazos de la moción condicionan la comisión

El portavoz del Ejecutivo Foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin (izda.) y el consejero de Educación, José Iribas durante una rueda de prensa

EFE
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20/02/2014 a las 06:01
  • EFE. PAMPLONA
El Gobierno de Navarra cree que hay "temor" a la verdad en la comisión de investigación que debe determinar si son ciertas las acusaciones contra la consejera de Economía y Hacienda y a él atribuye que no se acepten comparecencias como la de quien debe velar por la legalidad en este departamento.

"Parece que hubiera temor", dijo en conferencia de prensa el portavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien añadió que esta comisión "nace con un vicio importante" porque "ha acomodado los plazos a los de la moción de censura" anunciada por PSN si las acusaciones se confirman.

Este calendario, añadió, "perjudica el objetivo del Gobierno, que es conocer la verdad" y por el que planteó que compareciera ante la comisión el secretario técnico de Economía y Hacienda, responsable de que las actuaciones de esta consejería se ajusten a la legalidad.

Sánchez de Muniáin subrayó en todo caso el compromiso del gabinete de Yolanda Barcina de "cumplir con todos los requerimientos" que la comisión le haga, y al respecto afirmó que tiene "testimonios" y "documento por documento" para demostrar que "todas las actuaciones se han realizado conforme a la legalidad".

Si no fuera así, dijo sin querer concretar al ser preguntado por el futuro de la consejera Lourdes Goicoechea, "se tomarán las decisiones oportunas", pero también subrayó que si las acusaciones resultaran ser falsas, "el Gobierno seguirá con la credibilidad intacta".

Para Sánchez de Muniáin "de momento se está cumpliendo la maniobra política" que anunció el PSN, "supeditando" plazos a la moción de censura, por lo que será "prácticamente la única comisión en la que el investigado tiene más interés en la información que el investigador".

Pese a ello, aseguró que "en estos momentos" el Gobierno de UPN no estudia una convocatoria adelantada de elecciones sino que está "centrado en ofrecer la máxima claridad".

Añadió además que "algunas acusaciones ya se están desvaneciendo", entre ellas el aplazamiento en la devolución del IVA a las empresas, "perfectamente legal, nada nuevo" en diferentes administraciones y que también se aplicó en 2011, cuando el socialista Roberto Jiménez era vicepresidente del Gobierno de coalición UPN-PSN.

Y para defender este criterio, la presidenta Yolanda Barcina remitió una carta al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acompañada de un certificado técnico después de que éste hubiera dicho que se había actuado "ilegalmente" en esta materia.

"No consta una respuesta" de Rubalcaba a estas horas, precisó el portavoz del Ejecutivo foral, quien en todo caso acusó a los socialistas de provocar "una crisis" en Navarra.

Sánchez de Muniáin comentó también que, al hilo de estos acontecimientos, los consejeros del Gobierno están siendo "escudriñados" y "lo que se demuestra" es que están "al cabo de sus obligaciones desde la toma de posesión".

Destacó así que "no se ha detectado incompatibilidad" ni en el hecho de que Lourdes Goicoechea no inscribiera en el Registro Mercantil su baja como administradora solidaria de una mercantil ni tampoco en que el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, sea administrador único de una empresa dedicada a estudios urbanísticos, aunque sin actividad.

En el primer caso, puntualizó Sánchez de Muniáin, el informe técnico elaborado concluye que no hay desempeño de actividad y por lo tanto no hay incompatibilidad, y en el segundo se cumple con la Ley Foral de Transparencia porque "tiene la sociedad declarada".


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