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Una Ponencia estudiará posibles cambios en la Ley de Subvenciones

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Actualizada 20/12/2013 a las 13:20
  • EFE. PAMPLONA
La Comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ha aprobado este viernes por unanimidad la creación de una Ponencia para el estudio de los diversos planteamientos en torno a la modificación de la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones.

La Ponencia, que dispone de un mes "prorrogable" y cuenta como documentos de partida con las proposiciones de Ley de PPN e I-E, está integrada por Sergio Sayas (UPN), Juan José Lizarbe (PSN), Bikendi Barea (Bildu), Juan Carlos Longás (Aralar-Nabai), Amaya Zarranz (PPN), Txema Mauleón (Izquierda-Ezkerra) y Manu Ayerdi (no adscrito).

Fuentes de Legislativo foral han recordado que a la proposición de Ley de PPN se han presentado 7 enmiendas (6 in voce de UPN y otra conjunta de Bildu y Aralar-Nabai", mientras que a la de Izquierda-Ezkerra, 5, todas de Bildu y Aralar-Nabai.

La iniciativa del PPN tiene por objeto revisar y actualizar las políticas de subvenciones del Gobierno para, mediante la aplicación de una serie de principios relacionados con la planificación, calendarización, seguimiento, evaluación y control parlamentario, solventar los "llamativos" retrasos de tramitación administrativa que se detectan en la actualidad.

En el apartado de planificación y seguimiento, se prevé fijar antes del 28 de febrero un calendario anual de subvenciones, las cuales, salvo excepciones "debidamente justificadas", deberán convocarse antes del 31 de marzo de cada ejercicio.

Proponen también los populares que la continuidad o supresión de las ayudas dependerá del análisis del cumplimiento de los objetivos planteados en cada convocatoria, su adecuación al plan estratégico y el impacto social.

Por su parte, la proposición de Ley Foral de Izquierda-Ezkerra tiene como objetivo "agilizar y simplificar el trámite, los plazos y los pagos" de las subvenciones a las entidades sociales, sin perjuicio de la rendición de cuentas a la que, con carácter general, está sujeto cualquier organismo.

Así, con el ánimo de revertir la "inestabilidad e inseguridad" económica derivada de la aplicación de fórmulas de financiación "inadecuadas", se proponen una serie de medidas dirigidas a facilitar la tarea "solidaria" de las entidades del Tercer Sector de Acción Social (TSAS), especialmente relevante en el actual contexto de crisis.

En ese marco y frente al actual "desfase", con subvenciones "sin convocar o resolver" en pleno mes de marzo, se prevé que el procedimiento de concesión se inicie en enero de cada año y la resolución se dicte en un plazo máximo de tres meses.

Además, en caso de incumplimiento de los plazos de resolución y pago establecidos en las bases reguladoras, se faculta el abono del interés legal o del coste de los avales bancarios a cargo de la Administración.

Si por cualquier circunstancia existiera un remanente sin asignación, se procedería a una nueva convocatoria "urgente" dentro del mismo ejercicio presupuestario.

Se posibilita, a su vez, el anticipo de subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social, con carácter general para aquellas entidades sin ánimo de lucro que no dispongan de recursos suficientes. Si la ayuda no supera los 60.000 euros, se abonaría en un único pago y si supera esa cantidad, se haría al menos en dos pagos, el primero coincidiendo con la resolución de la concesión y en ningún caso menor a 30.000 euros.



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