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Parlamento de Navarra

Aprobada la ley que paralizaría los despidos en las empresas públicas

  • Pese al rechazo de UPN y PPN y a informes que apuntan a su inconstitucionalidad, la ley ha sido avalada por PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai

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Actualizada 06/08/2013 a las 12:40
  • EFE. PAMPLONA
El Parlamento foral, con el rechazo de UPN y PPN, ha aprobado este martes una Ley foral que paraliza los despidos que se lleven a cabo en las empresas integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), pese a los informes que advierten de una posible inconstitucionalidad en esta norma.

La proposición de Ley foral, presentada y apoyada por PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai, frena la reestructuración planteada por el Gobierno foral para sus empresas públicas al modificar la ley de creación de la CPEN y obligar a la autorización previa de la Cámara para operaciones sobre las participaciones en sociedades públicas.

Requerirá además autorización previa del Parlamento las operaciones de fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de estas empresas; y la presentación de expedientes de regulación y planes de reestructuración de plantillas que afecten a más del 10% de los empleados de una sociedad pública.

Una disposición transitoria establece que esta autorización de la Cámara será necesaria para cualquier operación de ese tipo iniciada desde el 1 de enero de 2013, y "que no haya sido llevada a cabo completamente", según se ha apostillado en una enmienda in voce presentada este martes por los propios proponentes para "matizar" la retroactividad que podía entenderse inconstitucional.

En todo caso, la nueva norma afectaría a la reestructuración de la mayoría de plantillas planteada en mayo por el Gobierno de Navarra para las empresas integradas en la CPEN, que es el objetivo de la oposición.

El PPN ha presentado y ha visto rechazadas cuatro enmiendas de supresión, con las que pretendía dejar sin efecto la propuesta por invadir competencias del Ejecutivo foral establecidas en el Amejoramiento del Fuero, referidas al mercado laboral.

En el turno del Gobierno, la propia presidenta, Yolanda Barcina, ha mostrado su "absoluta disconformidad" con lo aprobado, que ha pedido que "por responsabilidad" se retirara por las "incorrecciones jurídicas graves y alguna inconstitucional" que aprecian los servicios jurídicos que "no se solucionan" con la enmienda in voce.

"La retroactividad hubiese sido claramente inconstitucional, pero no es el único error en el fondo y la forma" de la propuesta, con la que los grupos de la oposición hacen que el Parlamento "tome funciones que no le son propias".

"Estos grupos están tomando un camino muy peligroso, legislando de antemano atentando contra la separación de poderes, contra las competencias estatales y contra el ordenamiento jurídico en el que se asienta las bases de la Comunidad foral", ha advertido para subrayar la "gran incertidumbre e inseguridad jurídica" que crea al contravenir los principios básicos del derecho laboral y mercantil.

Barcina ha defendido la reestructuración de la CPEN en el actual momento de crisis económica, ha recordado que en el País Vasco el gobierno nacionalista ha anunciado medidas similares que sus compañeros de partido no aprueban para Navarra, y ha alertado de la situación que precisa "buscar soluciones factibles y no demagógicas".

En contestación, por el PSN Samuel Caro ha propuesto a Barcina la retirada del plan de reestructuración de la CPEN para no apoyar esta ley, cuyo incumplimiento por el Gobierno supondrá "prevaricación", ha dicho tras lamentar que UPN es "el único responsable de haber situado al borde de la quiebra al sector público empresarial" y "para tapar sus vergüenzas sólo saben tirar contra los trabajadores".

En la misma línea, por Bildu, Maiorga Ramirez ha culpado a UPN de haber generado "unos pufos" en las empresas públicas que han llevado a la situación actual que "en un ejercicio de cinismo inaceptable quiere que los trabajadores paguen los platos rotos", por lo que ha abogado porque sea el Parlamento, "el foro depositario de la soberanía navarra" y con "perfecta competencia", el que lo palíe.

Patxi Zabaleta, de NaBai, quien ha cuestionado la "injustificada repentina preocupación" de Barcina por la inconstitucionalidad, ha defendido una "ley humilde, justa y clara", que busca que las empresas públicas "dejen de ser un coto reservado y oscurantista", y ha lamentado la "trama urdida para trasladar al debate de este martes cuestiones meramente formales", aunque ha asegurado su "convicción profunda de que no hay rareza ni invasión de competencias".

Por su parte, José Miguel Nuin (I-E) se ha dicho convencido de que "la única anormalidad" aquí es la minoría del Gobierno, con "empeño en desmantelar el sector público empresarial, que actúa de forma unilateral mediante hechos consumados y sin acatar los acuerdos del Parlamento", ha dicho para "exigir" la retirada del plan para la CPEN.

El parlamentario no adscrito Manuel Ayerdi ha dicho haberse visto "forzado" a apoyar una medida como la de este martes por la actitud del Gobierno, al que ha instado a "pactar" con la oposición los ERE: "Aquí está la soberanía popular, la Junta de accionistas", ha dicho.

En contra, por UPN Carlos García Adanero, quien ha asegurado que "el mayor destructor de empleo es Bildu en Guipuzcoa", ha abogado por "garantizar el futuro de las empresas públicas y dar una seguridad jurídica a los trabajadores" con los planes del Gobierno, y ha aludido a la ilegalidad de modificar una ley de mayoría absoluta mediante mayoría simple.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán ha rechazado una ley "irregular, arbitraria e injusta", ha pedido su retirada para evitar "dar un pésimo ejemplo" a la democracia, y ha abogado por un sector público "sostenible", por lo que el plan del Gobierno para la CPEN es "inevitable y obligatorio".

Durante el debate, varias decenas de trabajadores de la empresa pública GANASA, afectada por los recortes, han protagonizado una protesta a las puertas del Parlamento de Navarra.


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