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María Paz Benito ve indicios de un delito de cohecho en las dietas de CAN que cobró Barcina

  • Los integrantes de la Permanente percibían una dieta por asistencia de 2.680 euros en el caso del presidente y 1.717 los demás, según el auto

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Actualizada 20/06/2013 a las 11:35
  • EFE. PAMPLONA
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, aprecia indicios que pueden ser constitutivos de un delito de cohecho impropio en la actuación de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en relación con el cobro de dietas dobles y triples en Caja Navarra

Así lo señala en la exposición razonada que acompaña al auto que que ha remitido hoy al Supremo, en el que pide al alto tribunal que valore tomar declaración como imputada a Yolanda Barcina, debido a su condición de persona aforada.

En su exposición de motivos, recuerda que la presente causa se incoó en virtud de sendas denuncias formuladas por la asociación de consumidores, usuarios y contribuyentes de Navarra Kontuz! y el partido UPyD.

En la causa, están imputados por el cobro de diferentes cantidades en concepto de dietas el expresidente del Gobierno, Miguel Sanz, el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, quienes junto con Barcina formaban parte de un órgano denominado Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF). Asimismo ha sido imputado el entonces director general de Caja Navarra, Enrique Goñi.

Los integrantes de la Comisión Permanente percibían una dieta por asistencia de 2.680 euros en el caso del presidente y 1.717 los demás, según el auto, que precisa que es "irrelevante" que esas dietas se hayan devuelto, como ha sucedido, puesto que el tipo penal únicamente exige la aceptación, sin alusión alguna al destino que pueda dársele puesto que el bien jurídico protegido es la confianza de los ciudadanos en la honestidad de los administradores públicos y ésta se ve resentida por el solo hecho de aceptar la dádiva.

Al respecto, añade que es "claro" que integran ese órgano y perciben las dietas "sólo por su función en la institución pública que representan", así como que eso compromete o puede comprometer su "imparcialidad en cuanto a la actuación que hubieran debido llevar a cabo en relación con la entidad".

"Estamos en presencia de una perturbación del correcto funcionamiento de la función pública por cuanto existe una conexión casual entre el regalo que se ofrece y acepta y el oficio público desempeñado por el funcionario", indica la jueza en la exposición en la que apunta que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de cohecho impropio.

Respecto a la Comisión Permanente, la jueza concluye que en los Estatutos de Caja Navarra de 2010, norma consensuada por el Gobierno foral y el Gobierno estatal, "no existía mención ni expresa, ni tácita, a la posibilidad de que además de la JEF pudiera existir otro órgano, denominado luego Comisión Permanente e inicialmente sesiones de reporte".

No fue hasta la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento interno de la entidad, el 24 de junio de 2011, cuando se menciona por primera vez la Comisión Permanente.

Aunque la jueza apunta que "es de suponer" que los miembros de la JEF ya podían conocer la existencia de ese órgano, recuerda que en sus declaraciones en el juzgado algunos sostuvieron expresamente que no supieron de las reuniones de esa comisión hasta que se enteraron por los medios de comunicación.

Indica, además, que no consta en ningún momento que se informara a la JEF de que a pesar de no estar expresamente aprobado el Reglamento, esas personas ya venían reuniéndose desde el primer día en ese grupo reducido.

Por todo ello, concluye que esas "sesiones de reporte" se celebraron "con carencia absoluta de soporte normativo que las justificara, sus integrantes fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la JEF y presidente del Gobierno de Navarra, no se dio ninguna publicidad ni se informó a nadie de la su existencia, ni de sus integrantes".

En el auto, la jueza recoge que en algunas de esas sesiones, en concreto en dos convocadas en 2011 por Yolanda Barcina como presidenta del órgano, el contenido fue "nulo", puesto que "no se adoptó ningún acuerdo, concluido el informe del secretario quedan los presentes enterados de lo expuesto y no habiendo más asuntos que tratar finaliza la sesión".

Teniendo en cuenta que no se ha aclarado cómo se hacía la convocatoria de esas sesiones, de quién partía y si conocían el orden del día antes de acudir, la jueza sostiene que debe tenerse en cuenta lo declarado por el secretario de la entidad, quien sostuvo que era el presidente quien indicaba si la convocatoria debía ser para la JEF o para las sesiones de reporte, así como que era el presidente quien indicaba si se celebran dos sesiones.

Esto lleva a la jueza a señalar que esas reuniones son la "base, excusa o justificación de devengo de unas dietas", que carecen de soporte normativo, cuya composición es decidida por el presidente del órgano con el beneplácito del director general, sin conocimiento de los demás miembros de la JEF. Ni las reuniones, ni las dietas son controladas por Caja Navarra.



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