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Parlamento de Navarra

Robleda dice que fiscalizar altos cargos no es competencia de Comptos

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Actualizada 14/05/2013 a las 12:38
  • EFE. PAMPLONA
El presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, ha asegurado que la propuesta de que este organismo fiscalice la evolución patrimonial de los altos cargos de la Comunidad Foral excede de las competencias de la institución, que se arrogaría incluso funciones propias de otros poderes del Estado. 

Se trata de una función planteada en el proyecto de ley foral de fiscalización del patrimonio de los altos cargos de Navarra y en una proposición de ley de Aralar-NaBai, que se llevaría a cabo por Comptos a través de una revisión individual de sus declaraciones de ingresos, bienes y actividades, declaraciones fiscales y extractos, movimientos y transacciones bancarias, entre otras.

Robleda ha declarado en comisión parlamentaria que esta función "no tiene nada que ver" con la gestión de los fondos públicos, sino con los ingresos y bienes de personas concretas y por ello "excede claramente de las que tienen asignadas los órganos de control externo y no tiene precedentes a nivel nacional, europeo o internacional".

Además, ha dicho, se plantean "serias dudas" sobre la eficacia de esta nueva función que puede ser "muy limitada", ya que "la corrupción y los incrementos ilícitos de rentas y patrimonios no se declaran, van por otros circuitos".

Ha considerado asimismo que esta propuesta puede crear en la ciudadanía "falsas expectativas en ese terreno muy difíciles de cumplir" y expone a la Cámara de Comptos a "un alto riesgo de fracaso".

También plantea a su juicio "múltiples incertidumbres" sobre hasta dónde debe llegar la investigación "rigurosa" que según el proyecto de ley la Cámara tiene que hacer para llegar a un pronunciamiento acertado.

Robleda ha subrayado por otro lado que, según el proyecto de ley, la Cámara podría revisar las declaraciones de renta, bienes y actividades, declaraciones fiscales, extractos bancarios y transacciones económicas con terceros de los altos cargos.

No obstante, ha recordado, en la evolución patrimonial de una persona "también influyen circunstancias personales muy variadas que, en la medida en que puedan incidir en la situación patrimonial, habrá que investigar", con lo que se añaden a la Cámara funciones de investigación propias de la Agencia Tributaria, la fiscalía, incluida la anticorrupción, o los órganos jurisdiccionales.

El presidente de Comptos ha pedido asimismo que se evalúe el impacto que esta nueva función tendría en el Programa de fiscalización anual de la Cámara y que se analicen los recursos humanos y técnicos que serían precisos para abordar esta nueva tarea.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Comptos, Luis Ordoki, ha declarado en la comisión que el proyecto parte de unos fundamentos jurídicos "que no son ciertos", ya que se afirma que los ingresos de los cargos públicos, "por proceder del sector público, son fondos públicos, cuando no lo son, ya que una vez percibidos entran en la esfera de lo privado".

Además, ha indicado, decir que ese control es una nueva forma de fiscalizar el sector público "carece de fundamento jurídico".

Ordoki ha asegurado tener "dudas fundadas" sobre la constitucionalidad de estas iniciativas, porque, en primer lugar, se pretende asignar a la Cámara la fiscalización de los ingresos y patrimonios privados efectuados por personas concretas" y éstas son funciones que corresponden a otros poderes del Estado.

Ha estimado igualmente que establecer un procedimiento fiscalizador especial "carece de las garantías de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales ordinarios, con sus sistemas de defensa y representación, de reclamaciones y recursos, de trámites, plazos y pruebas".

El secretario general de Comptos ha comentado por último que, si asume esta función, la Cámara tendría que analizar también las circunstancias personales o familiares de los afectados, lo cual "nos lleva a un terreno cuando menos delicado, en el que están en juego el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, Txema Mauleón, tras conocer la opinión de Comptos, ha pedido al Gobierno que retire el proyecto de ley, al igual que el socialista Roberto Jiménez, quien ha considerado que Navarra ya cuenta con mecanismos para controlar el patrimonio de los altos cargos.

Por Bildu, Maiorga Ramírez ha censurado el "ridículo" del Gobierno al presentar este proyecto, que ha calificado como una "chapuza" y ha pedido la "inmediata" dimisión del consejero responsable.

Juan Carlos Longás, de Aralar-NaBai, ha mostrado una confianza en Comptos que esta institución "se ha ganado a pulso" y, tras asegurar que tendrán en cuenta el contenido de la comparecencia, ha destacado que es "imperativo" diseñar algún mecanismo para controlar el patrimonio de los altos cargos.

El portavoz del PP, Eloy Villanueva, ha apuntado que ambos proyectos de ley tienen "un buen propósito", pero "el resto es un absoluto desastre" y ha resaltado en ese sentido que estas propuestas "no tienen la pulcritud legal mínima imprescindible".



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