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VIVIENDA

Sancionadas 100 personas por no usar su VPO de residencia habitual

  • Desde 2009 se han inspeccionado 4.775 viviendas y se ha sancionado a cerca de 100 personas que mantenían desocupada su vivienda

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Actualizada 22/01/2013 a las 21:35
  • EFE. PAMPLONA
El Gobierno de Navarra ha realizado desde 2009 un total de 4.775 inspecciones en viviendas protegidas y ha sancionado a cerca de 100 personas por no cumplir con el requisito de destinarla a residencia habitual y permanente.

Estos datos fueron aportados por el Ejecutivo foral con motivo de la aprobación del III Plan de Control e Inspección en materia de vivienda para los años 2013 y 2014, según se recoge en una orden foral del consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, publicada este martes el Boletín Oficial de Navarra.

Según los datos aportados por el Gobierno navarro, el número de sanciones ha ido en descenso, lo que indica que la ciudadanía va tomando conciencia de la necesidad de mantener ocupada la vivienda que se solicita.

En cuanto al objeto del plan precisó que es garantizar el cumplimiento de la ley, asegurar una vivienda libre y protegida de calidad, y autentificar que los adjudicatarios de vivienda protegida cumplen los requisitos exigidos.

El plan, que mantiene su continuidad con respecto a los anteriores, centra el control e inspección en cuatro ejes estratégicos: promoción y edificación de vivienda libre y protegida; adjudicación de vivienda protegida tanto en régimen de propiedad como en alquiler; transmisión y cesión de la vivienda protegida; y destino y uso de este tipo de vivienda.

Respecto a la promoción y edificación de vivienda libre y protegida, sus objetivos son asegurar que los edificios y sus viviendas cumplen con la normativa foral sobre condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y la normativa básica estatal sobre edificación.

En el caso de las viviendas protegidas se añade, además, el control que trata de soslayar cualquier traba que impida que la promoción se lleve a efecto. Así, se supervisa la documentación administrativa relativa al promotor, a las condiciones del solar, al cumplimiento de la normativa urbanística y a las condiciones específicas del tipo de vivienda protegida de que se trate.

En lo referente a la adjudicación de vivienda protegida, se trata de garantizar que todas las viviendas protegidas se adjudican de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y mediante estricta aplicación del baremo legal correspondiente.

Sobre las transmisiones y cesiones de viviendas protegidas, señala que el control no puede reducirse tan solo a las primeras adjudicaciones, sino que debe ser igualmente controlado en las segundas transmisiones y cesiones.

De este modo, según apunta, la Administración verifica no solo el cumplimiento de los requisitos por el destinatario, sino también que el precio y demás características del negocio jurídico traslativo del dominio se ajustan a la legalidad.

En lo que se refiere al control de uso y destino de las viviendas protegidas, el objetivo es vigilar que dichas residencias se destinen a domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios, tratándose por tanto de una actuación de inspección y vigilancia.


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