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Parlamento de Navarra

La modificación de la Ley de Contratos integra 23 enmiendas

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Actualizada 17/01/2013 a las 18:40
  • EFE. Pamplona
La Comisión de Economía aprobó este jueves el texto de modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos que se llevará a pleno y que ha incorporado a la propuesta del Gobierno 23 de las 25 enmiendas presentadas, la mayoría por el PSN.

Así, se admitieron 19 enmiendas firmadas por el PSN, una de NaBai, otra del PPN y 2 de I-E, una de ellas conjunta con el PSN, dirigidas a luchar contra la adjudicación directa ilegal y a reforzar las garantías en los procedimientos de recurso.

La Ley persigue modificar la normativa sobre contratación pública en Navarra, a fin de adaptarla a la Directiva Europea y a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones tales como encargos o modificaciones de contratos.

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de diciembre de 2007, tiene como objetivos fundamentales la lucha contra la adjudicación directa ilegal de contratos y el refuerzo de las garantías en los procedimientos de recurso.

La adjudicación directa ilegal es, a decir del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la infracción más importante del Derecho comunitario en materia de contratación pública.

En el capítulo relativo a nuevos encargos o encomiendas, se han aprobado una serie de enmiendas dirigidas a dar más eficacia, transparencia y rigor a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

A ese respecto, se ha aprobado una enmienda socialista que, con la abstención de UPN, limita al 50 % el porcentaje de subcontratación que pueden efectuar las empresas adjudicatarias a la hora de ejecutar la prestación objeto del encargo.

Con esta acotación se pretende evitar fraudes de ley, es decir, que la función del ente instrumental se reduzca a tramitar la contratación de terceros.

Se entiende más justo que si el adjudicatario no es capaz de llevar a cabo por sus propios medios un encargo del Gobierno, éste licite la prestación objeto de la encomienda para que cualquier empresa externa pueda participar.

Se ha dado el visto bueno, con la abstención de UPN, a otra propuesta del PSN que eleva del 2 al 5 % la penalización para los licitadores que concurren sin la documentación o la capacidad necesaria, retrasando el procedimiento y perjudicando a quienes, cumpliendo todos los requisitos, no han resultado adjudicatarios.

Del mismo modo, por unanimidad a petición socialista se incrementa del 2 al 5 % el gravamen para los licitadores que no acrediten la posesión y validez de los documentos exigidos en el plazo máximo de 7 días, en cuyo caso seguirán quedando excluidos del procedimiento, con incautación de las garantías constituidas para la licitación, en el caso de que no abonen el 5 %.

También a instancias del PSN se han aprobado sendas enmiendas en torno a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la primera para reducir del 50 al 20 % el alcance de la modificación de las condiciones económicas del contrato.

La segunda, con la abstención de UPN, introduce un nuevo artículo para, ante la ausencia de regulación, consignar las condiciones de la colaboración público privada institucionalizada.

Se trata de impedir, "como sucedió en el caso del Circuito de Los Arcos" -precisa la enmienda socialista-, que el Gobierno foral participe en una sociedad que implica un proyecto concreto, que luego se modifica sustancialmente sin licitación distinta y continúa ejecutado por el socio de capital mixto, sin mediar publicidad alguna.

A propuesta socialista y para evitar la "arbitrariedad" al amparo de criterios "subjetivos y ambiguos", se ha resuelto con la abstención de UPN, que cuando haya varios criterios, además del precio, "la mayoría sean determinables mediante fórmulas matemáticas".

También con la abstención de UPN, se ha rebajado a un mes (la mitad) el plazo de adjudicación cuando el criterio de adjudicación sea la oferta más ventajosa.

En cuanto a la formalización de los contratos, en los casos en que éstos no se oficialicen en plazo por causas imputables al contratista, se ha resuelto por unanimidad elevar la penalización del 2 al 5 % del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios.

Y sobre la posibilidad de alterar los contratos administrativos, se ha acordado, por unanimidad y a instancias del grupo socialista, que el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder el 20 % del precio de adjudicación del contrato.

A propósito de las causas de invalidez de contratos celebrados por la Administración, I-E y PSN han conseguido encajar, con el beneplácito de todos los integrantes de la Comisión, la "carencia o insuficiencia de crédito en el momento de la adjudicación".

Abundando en el terreno de los proyectos, la Administración queda obligada a utilizar el concurso de proyectos, hasta ahora facultativo, con el fin de "evitar el uso abusivo" del procedimiento de adjudicación de obras públicas conocido como llave en mano.

I-E, por su parte, ha introducido un nuevo artículo para penalizar, con la prohibición de contratar con la Administración, el incumplimiento "generalizado" de la cuota de reserva de al menos un 2 % de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en las empresas de 50 ó más trabajadores.

A instancias del PPN se ha asumido por unanimidad el compromiso de adjuntar planes de viabilidad y estudios de gastos de explotación en los expedientes de contratación más importantes, ya sea a nivel económico o estratégico.


  • Fraude legal
    (18/01/13 10:02)
    #5

    Y cuando se hace la adjudicación por el procedimiento de pedir tres ofertas, pero año tras año sólo se presenta una, la de la empresa a la que se quiere adjudicar. ¿Qué ocurre? que los precios de los contratos son abusivos, porque son como una adjudicación directa, no hay competencia y los navarros pagan precios desorbitantes mientras que las empresas (siempre las mismas) se forran. Y además se dan los contratos a los amigos y se impide la concurrencia de otras empresas, jugando con el derecho a competir y a trabajar de los navarros.

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  • Fraude legal
    (18/01/13 09:04)
    #4

    Pdta. Sin contar con que de este modo, siempre se adjudican los contratos a los amigos y se impide que otras empresas puedan ejercer su derecho a competir y trabajar.

    Responder

  • Fraude legal
    (18/01/13 08:54)
    #3

    Y cuando se hace la adjudicación por el procedimiento de pedir tres ofertas, pero año tras año sólo se presenta una, la de la empresa a la que se quiere adjudicar. ¿Qué ocurre? que los precios de los contratos son abusivos, porque son como una adjudicación directa, no hay competencia y los navarros pagan precios desorbitantes mientras que las empresas (siempre las mismas) se forran.

    Responder

  • isidro
    (18/01/13 05:49)
    #2

    Bastaría, conque se penalizara la donación de los paticulates y empresas, a los partidos. Raíz donde se encuentran las corruptelas.

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  • Aburrís a las ovejas
    (17/01/13 19:28)
    #1

    ¿Cuántas leyes de contratos llevan, ya, derogadas y aprobadas?. Estos leguleyos, ¿trabajan o hacen como que trabajan?. Nos sobra tanta ley, tanta estupidez y tanto blablamentario.

    Responder


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