La atención sanitaria a inmigrantes irregulares durante esta semana, la primera desde que entró en vigor el decreto que les retira esa asistencia, se ha desarrollado con normalidad en Navarra, a la espera de que en octubre entre en vigor la normativa que regulará las ayudas para quienes no puedan pagarla.

Así lo han indicado tanto fuentes del Gobierno foral, como de organizaciones médicas y colectivos relacionados con la atención a inmigrantes.

Ante el decreto aprobado por el Gobierno central por el que se retira la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, el Ejecutivo navarro ha acordado habilitar ayudas que cubran el coste de la asistencia de quienes acrediten no poder pagarla para así garantizar a los inmigrantes irregulares la atención sanitaria pública.

Para ello el departamento de Políticas Sociales va a habilitar una línea de ayudas para sufragar íntegramente las cuotas establecidas por el Servicio Navarro de Salud, al que se desembolsarán directamente 1,68 millones de euros anuales.

Los requisitos para obtener una acreditación de este tipo son la mayoría de edad, no tener ingresos superiores al IPREM (fijado en 532,51 euros al mes en 2012), llevar al menos un año empadronado en Navarra y no tener condenas por delitos ni causas pendientes con la justicia.

Mientras se elabora esa normativa, el departamento de Salud del Ejecutivo foral ha comunicado a los responsables de los diferentes centros asistenciales deben seguir prestando la asistencia sanitaria como hasta ahora.

Desde el departamento de Salud del Gobierno foral han manifestado que la situación desde la entrada en vigor del decreto es de "total normalidad" y desde el área de Inmigración de CC OO de Navarra han indicado asimismo que no tienen constancia de que se haya registrado en lo que va de mes ninguna incidencia relacionada con la atención sanitaria a inmigrantes.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Navarra de Medicina Familiar y Comunitaria, Iván Vergara, ha comentado que en los centros de salud no se ha notado ningún cambio en la actividad y se ha trabajado con normalidad con los inmigrantes irregulares.

Al respecto ha apuntado que muchos "ni siquiera están enterados de este tema", ya que, según ha recalcado, este colectivo no es un usuario habitual de la sanidad, por lo que en muchos casos está al margen de todas estas cuestiones.

En Navarra 46 profesionales se habían acogido hasta el pasado 30 de agosto a la objeción de conciencia inscribiéndose en el registro de objetores promovido por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, en el que a nivel nacional figuraban a esa fecha 1.731 profesionales.

Con esa inscripción los profesionales muestran su disposición a seguir atendiendo a los inmigrantes sin papeles, a pesar del decreto del Gobierno.