La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado que el recurso que presentó Audenasa para reclamar al Ejecutivo foral 6,2 millones de euros para compensarle por la aplicación de descuentos en la AP-15 fue finalmente aceptado atendiendo a "informes técnicos y jurídicos", pese a que la posición de la intervención general de la Administración era contraria a que se aceptara el recurso de la empresa.

La intervención era partidaria de que se abonaran a la empresa 1,2 millones de euros, considerando que era la cantidad que correspondía en cumplimiento del convenio vigente entre Audenasa y el Gobierno de Navarra desde 1999. La posición de la consejera no ha sido respaldada por la mayoría del Parlamento foral, ya que EH Bildu y Geroa Bai se han mostrado abiertamente contrarios, Navarra Suma ha expresado sus dudas, alegando que Elma Saiz no ha ofrecido explicaciones suficientes, y Podemos ha dicho que se está "rescatando" a una empresa.

La consejera ha comparecido este miércoles en el Parlamento, a petición propia y de EH Bildu, para explicar los pormenores relativos a estas discrepancias, derivadas de la caída de tráfico en la AP-15 durante 2020 con motivo de la pandemia.

Elma Saiz ha afirmado que las restricciones a la movilidad debido a la pandemia se han traducido en un descenso del 22% en el tráfico soportado por la AP-15 y ha explicado que, "a pesar de esa caída, los descuentos se siguieron aplicando para quien tenía la posibilidad de seguir transitando por la AP-15, lo que pone de manifiesto que la compensación del Gobierno de Navarra a Audenasa debía mantenerse".

Esta compensación se calcula en virtud de una formula acordada en el convenio celebrado entre el Gobierno foral y Audenasa en 1999, "convenio que sigue vigente y que se ha venido aplicando sin contratiempos desde entonces", ha dicho Saiz.

Esa fórmula tiene en cuenta entre otros factores un coeficiente denominado C, que responde al incremento de tráfico en la autopista, fijado en un 1,65 desde 2014 y hasta final de la concesión.

Saiz ha explicado que, "merced al histórico escenario vivido en 2020, surgieron diferentes interpretaciones sobre el modo en que debía ser aplicada dicha fórmula y en particular el coeficiente C cuando se produce un escenario de disminución de tráfico". "En vista de las cifras de caídas del tráfico, que daban un resultado absurdo en aplicación de la fórmula tal y como se venía aplicando, se decidió dentro de la empresa la creación de un grupo de trabajo compuesto por dos socios de la misma para analizar la excepcionalidad de la situación y éste puso de manifiesto que la fórmula vigente solo contemplaba la aplicación del coeficiente C en caso de incremento de tráfico", ha señalado.

Posteriormente, la delegada del Gobierno de Navarra en Audenasa consideró que "debía procederse a la aplicación de la fórmula de forma correcta, en el sentido de tener en cuenta que el coeficiente C no podía tener un valor superior a 1, al haberse producido una disminución y no un incremento de tráfico en la autopista, como establece de forma literal la fórmula del convenio".

Por ello, se tramitó una orden foral para abonar 6,2 millones a Audenasa. Sin embargo, la intervención general emitió un reparo suspensivo a la tramitación de esta orden, considerando que no estaba motivado "ni lógica ni jurídicamente el cambio de criterio mantenido desde el origen del convenio hasta la actualidad".

La consejera ha explicado que, a la vista del reparo, decidió aceptar el criterio de la intervención y ordenar el abono de 1,2 millones a la empresa. No obstante, la empresa interpuso un recurso reclamando el abono de los 6,2 millones.

Saiz ha señalado que el órgano competente para resolver este recurso es el Gobierno de Navarra, "siempre basando su decisión en informes técnicos y jurídicos". En concreto, el Ejecutivo estudió los informes de la delegada del Gobierno de Navarra en Audenasa, del secretario general técnico de Hacienda y del interventor general. Los dos primeros concluían la procedencia de estimar el recurso interpuesto por la recurrente y proponían para ello un acuerdo de Gobierno estimatorio. La intervención general mantenía su reparo suspensivo, considerando que la propuesta de acuerdo de Gobierno "adolece de vicios de nulidad" y la continuación del expediente "podría causar quebrantos a la Hacienda de Navarra".

La delegada del Gobierno en Audenasa y el secretario técnico insistieron en que "no se está ante una modificación del convenio sino que lo que se aplica es la fórmula contenida en el convenio vigente de modo correcto y lógico, teniendo en cuenta el sentido de los términos de la misma, así como el contexto, los antecedentes, la realidad del momento en la que ha de ser aplicada y atendiendo al espíritu y la finalidad del convenio".

A la vista de ello, el Gobierno de Navarra resolvió estimar el recurso de la empresa y ordenó el pago de los 6,2 millones de euros. Elma Saiz ha afirmado que "la discrepancia es una figura que está contemplada en la ley de Hacienda pública para situaciones como ésta, en la que hay diferencia de criterios jurídicos y técnicos".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "el Gobierno tiene que defender los intereses públicos y en este caso el interés es no pagar esos 5 millones de euros porque eso no está determinado en la fórmula del convenio". "Entendemos que el Gobierno ha actuado con cierta irresponsabilidad política porque no ha actuado en favor de los intereses públicos. Ha reaccionado más como accionista de Audenasa que como entidad que debe defender los intereses públicos. Están a tiempo de rectificar con una declaración de lesividad del acuerdo", ha planteado.

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha expresado su "preocupación porque es bastante feo cómo he ha tramitado el asunto y cuáles han sido las explicaciones". "El Gobierno acaba asumiendo la cantidad que inicialmente reclamaba la empresa, a pesar de contar con dos informes contrarios de la intervención del Gobierno de Navarra. No digo que no pueda haber alguna explicación, pero por la información de la que disponemos, esa explicación brilla por su ausencia", ha señalado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha considerado que la explicación ofrecida por la consejera es "muy razonable". "No hay un sobrepago, ni mucho menos se ha actuado de manera injustificada, ni hay un rescate, ni el Gobierno se ha plegado a los intereses económicos de la concesionaria, ni hay un quebranto para la Hacienda pública. Se aplican las fórmulas en los casos previstos de caída de tráfico", ha subrayado.

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha afirmado que la resolución final adoptada por el Ejecutivo "es una decisión que políticamente no compartimos". "Las consejera nos da explicaciones técnicas que agradecemos, pero son explicaciones que no responden a una cuestión de puro sentido común, no puede ser que Hacienda compense unas deducciones que no han existido, y es en ese punto donde creemos que se han equivocado", ha apuntado.

Por último, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que "el espíritu del convenio entre Audenasaa y el Gobierno es compensar con dinero público a la empresa para que los ciudadanos de Navarra no tengan tanto quebranto a la hora de viajar por la comunidad". "Si se nos explica que tenemos que rescatar a alguna empresa en la que encima participamos lo podemos entender, pero lo que hay de fondo es un rescate para la empresa. Estamos utilizando un convenio que venía a reducir los peajes de la ciudadanía para rescatar una mala situación en una empresa", ha señalado.