Hacienda foral abonará 220.918 euros a 98 de los padres y madres a los que el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra (TEAFNA) ha reconocido que tienen derecho por silencio administrativo a la devolución de los retenciones practicadas en sus prestaciones de maternidad y paternidad entre los años 2014 y 2018. Aunque la resolución dictada por este órgano, dependiente de la Administración foral, afecta a un total de 112 padres y madres, como explicó ayer la consejera de Hacienda en la Cámara, Elma Saiz, no en todos los casos esto se traducirá en una devolución económica ya que no todos tuvieron obligación de declarar esas prestaciones por su nivel de renta y, por ende, ahora no podrán beneficiarse de la devolución.

De media, los padres y madres afectados por esta decisión cobrarán 2.245 euros. En todo caso, Saiz, que compareció a petición propia en la Cámara para informar sobre la devolución de la retención del IRPF a este grupo de padres y madres que reclamaron ante el TEAFNA, llegó a manifestar aunque sin ofrecer datos que “algunos” de estos padres recibirán menos dinero que el que hubieran percibido con la deducción, “más favorable para las rentas bajas”, y que se aplicará al resto de los padres afectados, unos 26.000, en la declaración de la Renta del ejercicio 2020 que arranca el próximo 12 de abril. Una deducción hay recordar que el Parlamento de Navarra aprobó en 2019, con la abstención de Navarra Suma, para paliar la situación en la que quedaron en la comunidad quienes cobraron la prestación por maternidad y paternidad entre 2015 y 2018. A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, en Navarra las prestaciones cobradas de la Seguridad Social por maternidad y paternidad no están exentas de pagar impuestos aunque desde el año 2019 tienen una deducción que varía en función de su renta.

La deducción se aplica sobre la cuota diferencial del impuesto correspondiente a 2020 (por eso se aplicará en la declaración de la renta) y eso significa que puede ser íntegramente devuelta al contribuyente si la cuota diferencial es cero o negativa. Hacienda estima que abonará 35 millones por está vía y que cada uno de los afectados recibirán entre 600 y 1.100 euros.

Saiz remarcó que el “fondo del litigio por la exención de las prestaciones” ya lo resolvieron los tribunales dejando claro que las resoluciones del TEAFNA, que achacó a una discrepancia en la interpretación del procedimiento tributario, no choca con el pronunciamiento de los tribunales. “Es peligroso tratar de desorientar a la ciudadanía con argumentos populistas que no tienen recorrido”, dijo en alusión a una declaración del líder de NA+, Javier Esparza que días atrás, tras conocerse la resolución del TEAFNA, pidió al Ejecutivo foral que devuelva el IRPF a todas las familias. Ayer, la portavoz en la comisión de Hacienda, María Jesús Valdemoros, reprochó a la consejera el cambio de postura de su grupo tras llegar al Gobierno. “Este tema le hace daño y por eso la consejera ha decidido comparecer a petición propia para superar este asunto cuanto antes. ¿Cuántas veces le dijeron al Gobierno de Barkos que las prestaciones debían considerarse exentas? Hablaban de que era una cuestión de voluntad política, justo la que ustedes no han tenido”, le reprochó durante su intervención.

CLAVES

1 Vía judicial. Los tribunales desestimaron en octubre de 2019 la pretensión de las madres y padres de recuperar el dinero retenido por Hacienda a través de una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

2 Vía administrativa. Algunos de los afectados iniciaron otra vía de reclamación a través del Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra que finalmente ha terminado posibilitando, gracias al silencio administrativo, la devolución de los importes retenidos a 98 de los partes que reclamaron. La ley establece la obligación de resolver para las Administraciones Públicas y, en caso de que no se haga en plazo, se le otorgan unos efectos a esa falta de pronunciamiento para que el ciudadano no quede indefenso ante la no actuación del órgano que debe resolver. Hacienda foral justificó ayer esa falta de respuesta por una supuesta discrepancia a la hora de interpretar el procedimiento tributario, en concreto, sobre los plazos para resolver un recurso.