El 26% de los navarros ha tenido algún problema con su compañía telefónica habitual, según una encuesta de Cíes parar la asociación de consumidores Irache, que aconseja dejar constancia por escrito e insistir en la reclamación.

Por edades, las personas que han tenido más problemas son las mayores de 65 años, mientras que el problema más frecuente son tarifas más altas de lo contratado (44%), generalmente por teléfono y sin soporte documental, o por la finalización de alguna promoción.

Al respecto, Irache indica que, según la normativa, en este tipo de contrataciones el empresario debe facilitar al consumidor la confirmación del contrato con sus condiciones fundamentales “en un soporte duradero y en un plazo razonable” y en todo caso antes de que comience a ejecutarse el servicio.

Otro problema que señalan los consumidores es que su compañía les cobra algo no contratado (20%), como líneas u otros servicios adicionales que el consumidor no ha solicitado y desconoce tener, por lo que pese a cambiar de operadora se le sigue facturando porque no se portó.

También se dan cargos por servicios de pago a terceros, servicios de empresas de diferente naturaleza que se pueden contratar a través de aplicaciones o en internet y que en muchas ocasiones el cliente asegura que no contrató y según Irache corresponde a la empresa demostrar lo contrario o devolver el dinero.

Es también una queja habitual la falta de información (20%) y no es extraño que haya una notable diferencia entre lo que te promete un comercial y las condiciones reales, no tan beneficiosas, que se dan en la llamada verificadora, que es la que cuenta en términos jurídicos, de ahí el consejo de hacer todas las gestiones por escrito.

Otros motivos de queja son la mala calidad del servicio (17%) por coberturas insuficientes, el incumplimiento de las condiciones acordadas (14%) por cambios unilaterales y los problemas para darse de baja en una operadora (3%), que también es mejor plantear por escrito.

Son asimismo motivo de queja los compromisos de permanencia aplicados al cambiar de compañía, que derivan en el cobro de penalizaciones desproporcionadas, o cuando el consumidor decide echarse atrás en el cambio de operadora y le cobran el cableado.