Un informe jurídico que había reclamado el PSN considera que "no existe invasión competencial" en la aprobación de una enmienda conjunta de Navarra Suma y Geroa Bai al proyecto de ley foral sobre medidas extraordinarias ante el Covid-19 para reducir la jornada a los profesores mayores de 57 años.

En su sesión de este lunes, la Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas del informe elaborado por los servicios jurídicos sobre la posibilidad o no de alterar, a través de una ley foral, los acuerdos y condiciones alcanzados en base a la norma y según el sistema de fuentes establecido en el Estatuto de los Trabajadores, que "sería el aplicable a este caso por la vinculación laboral existente entre trabajadores y empresas, cuando la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las competencias de Navarra en cuanto a la ejecución de la misma".

El informe está relacionado con la ley foral 14/2020, de 1 de septiembre, que toma su base en el decreto de ley foral 7/2020, de 22 de julio, de medidas preventivas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

El decreto de ley fue convalidado por el Parlamento de Navarra en su sesión plenaria del 30 de julio, al tiempo que se acordaba su tramitación como proyecto de ley foral.

La ley fue aprobada por el Parlamento en la sesión plenaria del 27 de agosto, con la incorporación de una enmienda presentada conjuntamente por Navarra Suma y Geroa Bai, que determinaba la reducción horaria para los docentes mayores de 57 años de las redes pública y privada-concertada.

El PSN solicitó un informe jurídico para aclarar la legalidad jurídica de la aplicación de una parte de la enmienda, la referida a la escuela concertada, por entender que "existe un acuerdo firmado el 30 de junio de 2020 por la patronal y ciertos sindicatos de la concertada que modifica algunos aspectos del anterior acuerdo, que fue asumido por el Gobierno de Navarra el 15 de julio de 2020".

El informe concluye que, si bien "resulta indiscutible que el Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de legislación laboral (art. 149.1.17ª Constitución), sin perjuicio de que su ejecución corresponda a Navarra (art. 58.1, letra b LORAFNA), no existe invasión competencial porque el artículo 2 de la Ley Foral 14/2020 sólo supone el compromiso legal de dar apoyo presupuestario para la ejecución de las citadas medidas, cosa que hace el Parlamento de Navarra en cuanto órgano competente para aprobar los Presupuestos Generales de Navarra".