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Ayerdi aboga por una banca pública "consensuada y adecuada a la realidad" navarra

Bildu, Podemos e I-E defienden su creación en Navarra, algo a lo que se oponen UPN, PSN y PP

Manu Ayerdi

Manu Ayerdi

DN (ARCHIVO)
Actualizada 15/11/2017 a las 08:33

Frente a la reclamación de sus socios de crear una banca pública en Navarra, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, recalcó ayer que hay que analizar para qué se quiere poner en marcha, sus objetivos concretos, y si sería viable económicamente. Un tema que abordó ayer en el Parlamento a petición del PP. Ayerdi evitó dar su opinión, remitiéndose a los estudios que se están realizando, pero son públicas las reticencias que hasta ahora ha tenido Geroa Bai sobre impulsar una entidad así.


El acuerdo programático incluye realizar un informe que analice “las posibilidades de recuperar una institución financiera pública en Navarra”. En el verano de 2016, hubo un primer fallido concurso público para encargar ese trabajo. Tras las críticas de Podemos y otros socios al que iba ser el adjudicatario, AFI, el Ejecutivo dio marcha atrás. Gobierno y empresa firmaron un contrato de desistimiento mutuo.


Para cumplir el acuerdo y tras hablarlo con sus socios, el Gobierno encargó este año un informe jurídico a dos catedráticos de la UPNA (Fernando de la Hucha y Rafael Lara), organizó unas jornadas sobre experiencias de banca pública en otros puntos de Europa y se sacó a concurso un estudio, adjudicado a la empresa Bizilan, que recogerá la opinión de 28 entidades, desde entidades financieras, sindicatos a organizaciones económicas, sobre la necesidad o no de crear un banco público. En breve se conocerán sus conclusiones. El vicepresidente indicó que tras estas acciones el cuatripartito consensuará una propuesta que pasará por un proceso de participación pública antes de la decisión definitiva.


Lo que sí se conoce ya es el estudio jurídico, del que el vicepresidente destacó que una entidad financiera pública requeriría de una dotación inicial de más de 18 millones de euros; que un banco debe ser autorizado por el Banco Central Europeo y que es “dudoso” que lo permita; y, sobre todo, que el informe pide que se defina “para qué se crea y qué necesidades” se quiere cubrir con esta entidad, porque eso determinará su viabilidad, subrayó.


Informe “contundente”


La portavoz del PP, Ana Beltrán, lamentó que el vicepresidente no diera su opinión sobre si quiere o no un banco público. Señaló que del informe jurídico se desprende que no hay razones que justifiquen crear una entidad financiera pública en Navarra como quieren “los partidos populistas” como Podemos e I-E y “acabarían pagando los contribuyentes”. También rechazaron un banco público regional tanto UPN como PSN. Carlos García Adanero (UPN) señaló que puede haber otros instrumentos para cubrir las necesidades de financiación de empresas como ampliar las funciones de Sodena. Ainhoa Unzu indicó que el informe jurídico es “contundente” y desaconseja una entidad así por sus riesgos, algo que comparte su partido que, sin embargo, sí defiende un banco público nacional.


Adolfo Araiz (EH Bildu), Carlos Couso (Podemos) y José Miguel Nuin (I-E) defendieron impulsar un banco así en Navarra.

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El informe jurídico lo ve legal, pero difícil

Un informe jurídico encargado por el Gobierno foral confirma que la normativa permitiría a Navarra crear tanto un banco público como poner en marcha un instituto de finanzas (como tienen Cataluña, Valencia o el País Vasco). Pero detalla las enormes dificultades y el gasto que supondría para las arcas forales, por lo que recomienda analizar para qué se quiere crear esa entidad y cuánto costaría. El trabajo ha sido realizado por los catedráticos de la UPNA Fernando de la Hucha y Rafael Lara.


La dotación mínima inicial para cualquiera de estas iniciativas sería de 18 millones de euros, pero el informe recomienda que esa cifra sea mayor. No da un coste concreto ni aproximado por no ser el objetivo de este trabajo.


El estudio señala tras un análisis jurídico que entre la opción de crear un banco o una caja sería preferible lo primero. Y que los poderes públicos deben decidir si optan por un banco o por un instituto de finanzas, ya que tanto el esfuerzo económico como las funciones serían muy distintas. Destaca que estos institutos pueden ser un paso para crear luego un banco público, pero alerta de que eso quiso hacer Cataluña y no pudo por razones económicas, pero también jurídicas.
La autorización para crear entidades de crédito en España corresponde al Banco Central Europeo. El informe apunta las dificultades de que autorice la creación de un banco regional.


Si es conveniente o no


El informe pide a los políticos que determinen si es conveniente contar con una entidad financiera pública en Navarra, ver sus objetivos y ponerlos en relación con los esfuerzos presupuestarios que implicaría para las arcas forales a corto, medio y largo plazo.


Destaca que un banco o caja entraría en un mercado saturado donde el acceso al crédito está garantizado por la iniciativa privada. Señala que si algunos colectivos tienen dificultades para acceder al crédito puede ser por falta de solvencia familiar o empresarial, proyectos inviables, etc. “Algunas experiencias demuestran que una entidad financiera pública no puede recoger” a estos clientes. Eso “cumpliría una función social, con muchos matices”, pero “supondría una pre-socialización de pérdidas que iría, a la larga, en detrimento de la solvencia y estabilidad de la Comunidad”. Recuerda que hay otros mecanismos a los que puede recurrir el Gobierno para ello, como subvenciones públicas o bonificación de tipos de interés.


Subraya que una institución financiera regional debería estar dirigida por personas independientes y profesionales. El objetivo de la entidad debe ser social, pero en sus decisiones como conceder préstamos, participar en empresas, etc., “ha de regirse por criterios de rentabilidad y obtención de beneficios, con el objeto de no lastrar la misma e independizarla económicamente del Gobierno de Navarra”. Y debería respetar los principios de libre competencia para no incurrir en ayudas de Estado que incumplen la normativa europea.

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