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Solana dice que "no hay margen" para una moratoria en la acreditación del nuevo CAP

La consejera de Educación ha detallado que son 2.251 las personas que quedarían excluidas de las listas por no cumplir el requisito de la acreditación de la Formación Pedagógica y Didáctica

Foto de la consejera de Educación, María Solana, avanza en primer lugar por los pasillos del Parlamento.

La consejera de Educación, María Solana, avanza en primer lugar por los pasillos del Parlamento.

Actualizada 28/06/2017 a las 20:43
  • Europa Press. Pamplona

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha asegurado que "no hay margen" y "no hay posibilidad" de establecer una moratoria para que los docentes interinos acrediten la Formación Pedagógica y Didáctica.

"No hay margen, no hay plazo, ni criterio jurídico que sostenga que haya que dejar atrás todo lo que se ha reglado y reglamentado y volver a rescatar aquella lista general de origen en la que todo el mundo estaba incluido", ha sostenido Solana en una comisión parlamentaria, a petición propia.

Según ha expuesto, "no hay posibilidad en el momento en el que nos encontramos" de establecer una moratoria, una decisión que "implicaría ir contra la orden foral de 2016, contra las resoluciones aprobadas y supondría que ya mucha gente podría estar perjudicada por una decisión de ese tipo". "Podrían venir a exigir que no se hiciera esa moratoria y se continuara porque están acreditados y están cumpliendo con el requisito", ha relatado.

En este sentido, ha precisado que a día de hoy Educación dispondría en torno a 3.300 personas que cumplen con el requisito del máster, por lo que "a priori" se dispondría de personas suficientes para atender todas las necesidades de todos los centros y todos los alumnos, teniendo en cuenta que "la contratación masiva propuesta hoy es de 2.493 personas".

La consejera ha detallado que son 2.251 las personas que quedarían excluidas de las listas por no cumplir el requisito de la acreditación de la Formación Pedagógica y Didáctica, aunque cerca de 2.000, un total de 1.976 nunca han trabajado antes en la administración.

Ha explicado, además, que a día de hoy se han presentado 25 recursos de alzada y ha avanzado que "algunos no se van a estimar por distintos motivos", aunque la mayoría se refieren a personas que se acreditaron en 2010, pero que a Educación "no le consta". A este respecto, ha agregado que no está en disposición de adelantar "cómo se procederá para resarcir" y solucionar estos casos.

UN TEMA QUE LE PREOCUPÓ DESDE SU NOMBRAMIENTO

En su intervención, Solana ha asegurado que una de las primeras cuestiones que revisó tras ser nombrada como consejera de Educación fue la resolución sobre la acreditación de la Formación Pedagógica y Didáctica, entre otras cuestiones, porque le preocupaba que "dejara fuera a las personas que durante este curso estaban cursando el máster para poder cumplir con lo que había puesto la orden foral y estar acreditadas para el curso 2017-18".

Por ello, ha explicado que a petición suya se modificó la resolución para que "las personas que estaban matriculadas este curso en el máster tuvieran la posibilidad de acreditar hasta el 7 de junio que lo están cursando y acreditar antes del 23 de agosto que han obtenido el máster".

"Ni el departamento ni yo somos ajenos a todo lo que sucede, tampoco a las reclamaciones que nos van llegando de todos los sindicatos, cada uno con su matiz, y nos damos por enterados de las distintas propuestas que manejan", ha expuesto la consejera, para agregar que aunque se proponen "buenas ideas" el procedimiento "está tan avanzado que no se pueden adoptar".

Asimismo, ha manifestado que "no hay o al departamento no le consta" que exista ninguna queja vía contencioso frente a la orden foral del 29 de abril de 2016 en la que se determina que se debe acreditar la Formación Pedagógica y Didáctica para el curso 2017-18.

UPN: "HAY UN LÍO GORDO"

En el turno de los grupos parlamentarios, Alberto Catalán, de UPN, ha considerado que "hay un lío gordo porque primero se toman las decisiones, luego se ven obligados a rectificar los plazos, luego vienen los análisis y finalmente las lamentaciones" y ha demandado el cese de la responsable de Recursos Humanos del Departamento por su "irresponsabilidad". "Tiene que depurar las responsabilidades", le ha exigido a Solana.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha considerado que el procedimiento que ha establecido el departamento es "perfectamente legal" y ha afirmado que "no puede decirse que haya habido un desconocimiento", si bien ha señalado que, como ha reconocido la consejera, Educación "podría haber informado mejor". En su opinión, "no sería de recibo que los afectados fueran quienes han hecho el esfuerzo para hacerse con la titulación".

En representación de EH Bildu, Miren Aranoa ha opinado que la consejera "ha clarificado muchas cosas" y que con su exposición ha evidenciado que "es la crónica de un despropósito que tiene su origen muy atrás, ya que desde 2006 se sabe". Ha criticado, además, que "la resolución de este requerimiento se presentó prácticamente en forma de ultimátum" y ha considerado "gravísima" la situación. "Esas personas no pueden ser excluidas", ha planteado.

Desde Podemos, Tere Sáez ha señalado que la formación morada es "consciente" de que Solana "está sufriendo con este tema", pero ha remarcado que "a pesar de todo aquí estamos jugando con seres humanos y tenemos que buscar la mejor solución". También ha lamentado que "todo esto se haya hecho sin la participación sindical" y ha instado a la consejera a sentarse con los sindicatos y a "escucharles" para que "este tema tenga salida".

El socialista Carlos Gimeno, por su parte, ha afirmado que creía que la consejera iba a acudir a la comisión con "un cese" y que "no iba a esperara que se lo pidiera nadie" y ha asegurado que Educación es "el departamento con menos planificación de los últimos años, el departamento de la última hora y el último momento". "La gestión del departamento genera angustia, especialmente en el servicio de Recursos Humanos", ha argumentado.

El parlamentario del PPN Javier García ha considerado que Solana "ha sufrido las consecuencias de la pésima gestión de Mendoza" y ha mostrado su preocupación por "la exclusión de un gran número de profesorado de las listas de contratación". A su juicio, "lo más grave es que a día de hoy Educación persista sin poner soluciones" cuando "la mayoría de los sindicatos venían denunciando lo que podía ocurrir".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha sostenido que "esto es un lío que se ha venido enmarañando durante años" y ha reivindicado que "lo que toca es buscar alguna solución a las personas que no tienen el requisito para que lo puedan ir obteniendo y puedan volver a ingresar en las listas y dar prioridad a las personas que tienen la titulación, que es la realidad objetiva".


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