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La Audiencia Nacional amplía la investigación de Banca Cívica por su "complejidad"

Según el auto de prórroga, parte de los investigados son el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz y el ex copresidente de Banca Cívica Enrique Goñi

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

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Actualizada 04/06/2017 a las 11:38
  • EFE. Madrid

La Audiencia Nacional ha decidido ampliar 18 meses la instrucción sobre supuestas irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica, atendiendo a la petición de la Fiscalía, por la complejidad del procedimiento y por la necesidad de realizar nuevas diligencias.


Lo que se investiga son presuntos delitos de estafa en el proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar a Banca Cívica, y en su posterior salida a bolsa, en julio de 2011.


Según el auto de prórroga, los investigados son el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz; el exsecretario de Estado de Economía Pedro Pérez; los ex copresidentes de Banca Cívica Enrique Goñi, procedente de Caja Navarra, y Antonio Pulido, de CajaSol; Marcos Contreras y Lázaro Cepas, también de la entidad andaluza, y José María Leal y José María Achirica, de Caja Burgos.


En marzo de 2013, el titular del juzgado central de instrucción nº 6, Eloy Velasco, admitió una denuncia de UPyD por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico financiera contra los consejeros de la entidad.


Por dos veces archivó el caso, pero en septiembre de 2015 tuvo que abrirlo de nuevo una tercera vez atendiendo a un recurso de la Fiscalía, que argumentaba que aún se tenían que realizar varias diligencias, como el análisis de los extractos de nuevas tarjetas corporativas encontradas por los investigadores e informes encargados a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.


Además, la Sala de lo Penal consideraba que la instrucción sobre la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica estaba inconclusa, puesto que faltaba por recibir en el Juzgado la documentación necesaria antes de decidir sobre el cierre.
Entre otras cosas, se reclamaba a Caixabank -que absorbió Banca Cívica en 2012 y que figura como responsable civil subsidiario- la información relativa a algunas operaciones de Caja Navarra previas a la fusión, que fue analizada por los peritos del Banco de España.


Estos ya habían emitido en 2014 un primer informe que manifestaba que no existió ningún incumplimiento de la normativa en la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica ni en su posterior absorción por parte de CaixaBank, y en otro posterior aseguraron que no había habido irregularidades en los préstamos concedidos a los gestores de Caja Navarra en 2010 y 2011.


En el verano de 2010 Banca Cívica suspendió las pruebas de estrés realizadas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), que mostraron que necesitaba algo más de 400 millones de euros; meses después, en febrero de 2011, el FROB inyectó 977 millones de euros mediante la suscripción de participaciones preferentes.


El 21 de julio de 2011 salió a bolsa, un día después de que lo hiciera Bankia, la primera entidad fruto de una fusión de cajas que cotizaba en el parqué; en su estreno bursátil, Banca Cívica cayó un 1,1 % y captó casi 700 millones de euros.
Menos de un año después de la salida a bolsa, Caixabank absorbió la entidad y devolvió al FROB los 977 millones de euros.


Ahora, tras la decisión de prorrogar la investigación hasta diciembre de 2018, se hace cargo de la instrucción Carmen Lamela en sustitución de Velasco, que ha pasado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional


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