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Arguedas

Condenado por la muerte de una mujer que fue aplastada por una carga de leña

Los hechos ocurrieron en Arguedas en 2013 cuando un trabajador perdió el control de su vehículo

La Audiencia de Navarra

La Audiencia de Navarra

AGENCIAS
Actualizada 02/06/2017 a las 16:35
  • EFE. Pamplona

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado al trabajador de una empresa que, al descargar leña en un domicilio de Arguedas, perdió el control del vehículo y la carga aplastó a una mujer, que murió en el acto, y causó lesiones a uno de sus hijos.

En la sentencia, por conformidad de las partes se considera probado que, sobre las 10:00 horas del 22 de diciembre de 2013, el acusado se dirigió a un domicilio de Arguedas para entregar 1.180 kilos de leña, para lo que conducía un vehículo especial con manipulador telescópico.

El acusado, señala la sentencia, "prescindiendo de las más elementales normas de la prudencia e incumpliendo las especificaciones precisas para la utilización del vehículo y para las operaciones de descargar la mercancía que transportaba", inició la maniobra tras golpear, en el momento de acceder al garaje, con la fachada izquierda de la puerta.

El golpe provocó que perdiera el control del vehículo, dando un bandazo hacia donde se encontraba una mujer con sus dos hijos, golpeándolos y aplastando a la madre, que murió en el acto.

Uno de sus hijos sufrió lesiones en la cabeza, que le dejaron una cicatriz.

En la sentencia se condena al acusado, como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, a la pena de un año y medio de prisión, y a indemnizar al esposo de la fallecida y a sus dos hijos en la suma de 231.293 euros por la muerte de la mujer y en 4.413 euros por los gastos del sepelio.

También les indemnizará en la suma de 5.775 euros por los daños causados en la vivienda.

Como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave, se le condena a tres meses de prisión y a indemnizar al hijo de este matrimonio en la suma de 1.127 euros por las lesiones sufridas.

Del pago de todas estas cantidades responderán de forma directa y solidaria las aseguradoras y, en su defecto, la empresa para la que trabajaba el acusado.

Se acuerda la suspensión de las penas privativas de libertad con la única condición de que el acusado no cometa ningún delito en el plazo de tres años.

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