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UGT de Navarra muestra su solidaridad con los imputados por la huelga de 2012

Los sindicalistas, Rubén Ranz y José Manuel Nogales, dos de los más de 300 detenidos en esa jornada de huelga, se enfrentan a una petición de 7 años de prisión por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores

El sindicalista Rubén Sanz, uno de los más de 300 detenidos en la jornada de huelga general del 22 de mayo del 2012.

El sindicalista Rubén Sanz, uno de los más de 300 detenidos en la jornada de huelga general del 22 de mayo del 2012.

EFE
Actualizada 01/06/2017 a las 15:57
  • EFE. PAMPLONA

El secretario general de la UGT de Navarra, Jesús Santos, ha mostrado la solidaridad de la federación territorial con las dos personas que serán juzgadas el 21 de junio en Madrid por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de mayo de 2012, para los que el fiscal pide 7 años de cárcel.


Los sindicalistas, Rubén Ranz y José Manuel Nogales, dos de los más de 300 detenidos en esa jornada de huelga, se enfrentan a una petición de 7 años de prisión por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y atentado a la autoridad.


Santos, que ha estado acompañado en conferencia de prensa por Rubén Ranz y por el secretario de Organización de la Ejecutiva Confederal de la UGT, Rafael Espartero, ha asegurado que este proceso judicial "descarnado" y "exagerado" se basa en un artículo del Código Penal, el delito contra los derechos de los trabajadores, que "no se utilizaba desde la dictadura".


El PP, ha declarado, ha utilizado ese artículo para "parar el movimiento sindical", por lo que UGT y CCOO han impulsado una proposición de ley para derogarlo y solicitan que, si estos sindicalistas son condenados, el Gobierno español les indulte.


El secretario general de la UGT de Navarra ha considerado que no son los piquetes los que practican la "coacción" en una huelga, sino que son los empresarios los que presionan a los trabajadores para que no secunden los paros.


Santos ha señalado que "los nacionalistas" acusan a la patronal de "comprar la paz social" a UGT y CCOO a cambio de dinero, pero "a la vez el PP encarcela a nuestra gente" por estar en la calle "defendiendo los derechos de los trabajadores".


En ese sentido, Espartero ha denunciado que sobre estos sindicalistas pesa la "espada de Damocles" de ser acusados por "ejercer un derecho", que es el de participar en unos piquetes informativos que tampoco tienen que ser "sonrientes ni amables" y cuya actuación ha sido regulada por el propio Tribunal Constitucional.


Espartero ha censurado la carga policial que se produjo en la Plaza de la Lealtad de Madrid, donde fueron detenidos estos dos sindicalistas de una forma "aleatoria e injustificada".


Los agentes "se ven obligados a realizar detenciones para justificar su mala intervención policial", ha aseverado Espartero, que ha estimado que las fuerzas de seguridad intentaron "atemorizar e imponer a los piquetes el miedo".


Tras destacar que no dudan de la justicia española y de que los dos acusados serán absueltos, Espartero ha informado de que UGT y CCOO han enviado una carta al Gobierno español y a la Fiscalía General del Estado pidiéndoles que "estén con los tiempos modernos" y "permitan el ejercicio de la libertad" durante una huelga, promoviendo la supresión de ese artículo del Código Penal.


Especialmente, ha dicho, piden al Gobierno "mesura" y que "traslade esa mesura a las fuerzas de seguridad" para que no actúen como "piquetes de los empresarios".


Por su parte, Rubén Ranz ha declarado que los dos acusados están viviendo una situación "kafkiana" y "muy difícil de entender", porque se enfrentan a penas "desproporcionadas" por participar en un piquete informativo.


Desde que tuvieron lugar los hechos, ha denunciado, viven "en una paradoja, en una ironía salvaje", porque se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores cuando en realidad estaban "luchando" en la calle por esos derechos.


Ranz ha opinado que en aquella ocasión "hubo una orden clara desde el Ministerio del Interior para contener la huelga" y ha pedido que no se les ponga al mismo nivel que los imputados por corrupción del PP porque "no somos como ellos ni somos delincuentes".


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