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OPOSICIONES

Un descuido de Educación podría dejar en suspenso la OPE de 2016

No respondió al recurso de una opositora que pedía que la incluyesen en la lista de aprobados y suspender la resolución; el régimen jurídico marca un plazo de 30 días para denegar los recursos, de lo contrario existe silencio administrativo positivo

Un grupo de opositores a las especialidades de maestro realiza la prueba teórica en el instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. Era el 18 de junio.

Un grupo de opositores a las especialidades de maestro realiza la prueba teórica en el instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. Era el 18 de junio.

Actualizada 13/01/2017 a las 12:14

Es la puntilla que faltaba. La Oferta Pública de Empleo para maestros del pasado año, así como parte de los contratos firmados tras ella, podría estar suspendida por un error administrativo del departamento. Según ha podido saber Diario de Navarra, el Ejecutivo de Uxue Barkos no ha contestado al recurso de alzada interpuesto por una opositora que demandaba paralizar el proceso. Pasados 30 días de la presentación sin que la Administración se manifieste se considera existencia de silencio administrativo positivo (al no haber respuesta se entiende que acepta los planteamientos del recurrente) tal y como dicta la jurisprudencia. Se da la situación de que el recurso fue presentado el 31 de agosto, coincidiendo con el descabezamiento del departamento de Educación. En esos días el consejero Mendoza cesó a sus directores generales, jefes de sección y al secretario técnico (que interviene en los recursos), cargo que no renovó hasta el 21 de septiembre.

El último sobresalto derivado de la errática gestión de Educación con esta OPE llega de manos de una maestra que opositó en una de las especialidades en castellano el pasado junio. Se presentó a la parte teórica y la aprobó. Después, en la segunda parte, en la que los aspirantes deben presentar una programación y defenderla oralmente, obtuvo una nota apenas unas décimas por debajo del 5 necesario. No conforme, presentó un recurso de alzada contra la resolución de Recursos Humanos del departamento de Educación por la que se aprobaban las listas de aspirantes aprobados en la OPE.

En su recurso entendía que se había producido una actuación contraria al ordenamiento jurídico, solicitaba la rectificación de su calificación para ser reconocida como aprobada y pedía la suspensión de la ejecución del acto impugnado hasta que tuviera lugar la resolución de su recurso. Como ella, muchos otros opositores también los presentaron. Hasta ahí, todo normal.

Lo curioso es lo que ha ocurrido en su caso particular. En los procedimientos selectivos de ingreso a la función pública, cuando un aspirante interpone un recurso y pide suspender el proceso, la Administración responde siempre negándolo cautelarmente para evitar posibles daños a un número mayor de personas (en esta OPE hubo 200 plazas). Así el proceso siga su curso. Reciben una resolución por escrito con la negativa y hay publicación en el BON.

LA SUSPENSIÓN ESTARÍA VIGENTE

La Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Proceso Administrativo Común (vigente hasta el pasado 2 de octubre), es la base jurídica de este proceso. En su artículo 111 dicta que interponer un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. No obstante, marca que el órgano competente debe resolver ese recurso y recoge que la ejecución del acto impugnado (la 'lista de aprobados' de la OPE) se entenderá suspendida si transcurridos 30 días desde la entrada en el registro del recurso, la administración no ha dictado resolución expresa al respecto. Y, en el caso de esta opositora, no lo ha hecho.

¿Qué significa esto? La interpretación jurídica de ese silencio administrativo positivo dice que, a día de hoy, la suspensión que pedía la maestra está vigente. Y seguirá así hasta no recibir notificación a su demanda (probablemente Educación se la remita ahora) y lo que puede demorarlo más: hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial al recurso contencioso-administrativo que la opositora podría presentar.

EN LOS DÍAS DE LOS CESES

Lo extraño es por qué el Ejecutivo de Barkos no se ha dirigido aún a la aspirante en su recurso. Lo presentó el 31 de agosto en el registro del departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia tal y como se decía en las bases reguladoras de la oposición. Éste derivó al departamento de Educación, que es el quien debía gestionar ese recurso y estudiar el caso cuando llegó a sus bandejas. Casualmente, en esas fechas se vivían días agitados allí tras los cambios introducidos por el consejero José Luis Mendoza. Apelando a "una mejor gestión", el consejero cesó a directores generales, la responsable de Recursos Humanos, jefes de sección, de negociado y a Javier Lacarra, secretario técnico general, sección entre cuyas funciones está, precisamente, la de asistir jurídicamente al resto de unidades en la resolución de recursos administrativos interpuestos. El Gobierno no aprobó el nombramiento de su sustituto, Fermín Casado, hasta el 21 de septiembre.

¿Y qué pasa ahora con los contratos firmados tras presentar el recurso?

El 1 de agosto, la directora del Servicio de Recursos Humanos del departamento de Educación firmó la resolución 1934/2016. En ella validaba las listas de aspirantes aprobados por especialidad e idioma en el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de Maestros. Es decir, la 'lista de aprobados' de la OPE. Es contra esa resolución contra la que presentó recurso de alzada la aspirante solicitando su inclusión en la lista y la suspensión de su ejecución hasta resolver su caso. Una denegación por parte de la Secretaría Técnica del departamento hubiese bastado. Sin embargo, al no darse, jurídicamente puede entenderse que todo lo producido desde el 31 de agosto (fecha de presentación del recurso) hasta ahora son actos nulos. En la web de Educación pueden consultarse los contratos que llevan fecha posterior a ese día. Así, existen cientos en enseñanzas medias y adjudicaciones de acto público firmados el 1 de septiembre y firmas de contratos de maestros en las adjudicaciones de acto público, que datan del 13 de septiembre. Además, aunque la firma del personal funcionario en prácticas data del 23 de agosto, el BON publicó el 5 de octubre la resolución por la que se nombra ese personal. Y la resolución está fechada el 21 de septiembre. En teoría, al haber quedado suspendida la resolución como pedía la opositora, no podría haber derivado de ésta acto alguno.


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