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LEGISLACIÓN

La OMC pide incluir la malformación del feto en la nueva ley del aborto

  • Los colegios de médicos exigen que no se considere a una mujer "enferma mental" y que esta decisión esté en manos "de terceros"

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18/02/2014 a las 06:01
  • COLPISA. MADRID
A los colegios de médicos tampoco les gusta la reforma de la ley del aborto que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La asamblea general de la Organización Médica Colegial (OMC), que reúne a los 52 presidentes de los colegios médicos, a los nueve representantes de las vocalías y a la comisión permanente de la OMC, acordó este fin de semana un documento en el que se plantean varias objeciones a la ley, centradas sobre todo en la consideración de la mujer y en los supuestos en los que se puede abortar.

La declaración de la OMC apela a buscar soluciones "consensuadas" sobre todo en aspectos fundamentales que inciden directamente en "los derechos y las libertades". Pero, sobre todo, la OMC es crítica con la consideración que se hace de la persona que desea abortar. "La mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir voluntariamente su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental", según los médicos. "La responsabilidad de certificar un 'grave peligro para su salud psíquica', salvo en el supuesto de existencia previa de patología psiquiátrica grave, realizado por dos médicos como condición para poder interrumpir el embarazo en los plazos previstos queda en manos del criterio de cada profesional. No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros", incide la organización de colegios.

Asimismo, los profesionales consideran que es "necesaria" la despenalización del supuesto de malformación -excluído de la reforma- "en equilibrio con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España en 2008". También ponen objeciones a que los padres de las menores que quieran abortar con 16 o 17 años tengan que saber esta decisión. "Se podrá obviar esta información cuando alegue fundadamente (certificado por los servicios sociales) que provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". Asimismo, la Organización Médica Colegial quiere que se favorezcan las políticas específicas y de apoyo económico a la maternidad responsables, especialmente a las familias con hijos con minusvalías y necesidades de cuidados específicos", y se aumenten una mejor educación sexual y reproductiva decidida.

Mientras tanto, en las filas del Partido Popular continúan las voces que apuntan a la busqueda de posiciones de encuentro, en lugar de cerrar filas sin discusión en torno al texto elaborado por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez, manifestó ayer que es partidario de buscar el "mayor consenso" sobre la ley del aborto. Según explicó en Salamanca, es "bueno" que se debata más el asunto para "mejorar algunas cosas" de un texto que, en opinión de Sáez, debería "compatibilizar" los derechos de la madre y el feto.

En este sentido, el secretario de Estado de Servicio Sociales e Igualdad y próximo presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró que en materia de aborto todavía hay tiempo para escuchar a todo el mundo y "tener en cuenta observaciones sensatas". Aunque evitó lanzar un juicio claro sobre la reforma de la ley, dijo que el aborto es "un derecho, es un concepto muy amplio". Según explicó, con el texto elaborado por Justicia "lo que ha hecho el Gobierno es llevar a cabo una modificación porque lo llevaba en su programa electoral".

Ese consenso y diálogo es lo que también propone y defiende el Grupo Popular en el Parlament de Baleares. Su portavoz, Mabel Cabrer, anunció que este lunes votarán a favor de varias proposiciones no de ley sobre el aborto presentadas por la oposición. Cabrer, que anunció que no apoyarán la retirada del anteproyecto de ley "porque es un tema de "competencia nacional", precisó que hay puntos en los que hay que buscar el "máximo consenso" y para ello, Ministerio de Justicia ha solicitado distintas opiniones para "intentar llegar a los máximos acuerdos posibibles" antes de inicar su tramitación parlamentaria.

Por su parte, el Grupo Popular en el Parlamento regional de Cantabria evitó ayer que fuera aprobada una proposición del PSOE que pretendía solicitar la retirada de la reforma. Según la diputada y senadora del PP, Tamara González, el proyecto de ley "es mejorable" pero necesita una ser debatido de manera "sosegada".



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