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CONSEJO DE MINISTROS

Pospuesta a 2013 la incorporación de nuevos dependientes al sistema

  • El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere reformar el modelo de financiación de la Ley de Dependencia

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30/12/2011 a las 15:50
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  • E.PRESS.MADRID
El Consejo de Ministros ha decidido este viernes posponer a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al Sistema Nacional de Dependencia (SAAD).

En concreto, se trata de los 'dependientes moderados' (Grado 1, nivel 2), según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que esta medida se debe a que el Ejecutivo no quiere reducir la cuantía de las prestaciones destinadas a las personas dependientes.

"El Gobierno anterior acordó la reducción de las cantidades destinadas a la dependencia. Este Gobierno, para no reducirlas, establece la supresión de un año en la introducción de nuevas categorías de beneficiarios", ha aseverado.

El calendario de aplicación de la ley, aprobada en 2006, establece en su disposición final primera la incorporación gradual de los dependientes al sistema a partir del 1 de enero de 2007. De esta forma, el primer año podían acogerse a los servicios y prestaciones de la ley los 'grandes dependientes' Grado III, niveles 2 y 1.

En el segundo y tercer año, entraron los 'dependientes severos', valorados en el Grado II, nivel 2; en el tercer y cuarto año, los 'dependientes severos' Grado II nivel 1; en el quinto y sexto (2011 y 2012) aquellos valorados con el Grado I nivel 2 de 'dependencia moderada'; y, por último, en el séptimo y octavo año, los 'moderados' Grado I nivel 1.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a 1 de diciembre de 2011, existen 315.000 dependientes que todavía se encuentran a la espera de ser atendidos. De ellos, la mitad, unos 165.000, son 'dependientes moderados', que el 1 de enero de 2011 entraron en el Sistema de Dependencia.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado de que el Consejo de Ministros ha acordado mantener las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del sistema.

De esta forma, subraya que "se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos". Esta decisión, según apunta, "asegura que aquellas personas que más necesitan las ayudas y prestaciones las reciban en primer término, consideración que se hace extensiva a las familias de quienes padecen situaciones de este tipo".

Asimismo, el departamento que dirige Ana Mato ha señalado que entre las medidas que adoptará el Gobierno en materia de dependencia se encuentra la "necesaria" reforma del modelo de financiación "para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia, así como el fomento de políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia para todos los grados y niveles".

FINANCIACIÓN Y COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA


En el mismo comunicado, asegura que el anterior Gobierno recortó el presupuesto destinado al Sistema de Atención a la Dependencia en un 10 por ciento en 2011, año en el que se incorporaron al sistema 150.000 dependientes más. "Ante esta situación, el Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes que fortalezcan la protección por dependencia y garanticen la sostenibilidad de prestaciones y servicios", apostilla.

También avanza que el Gobierno se ha propuesto asimismo abordar la regulación de la coordinación socio-sanitaria "para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad asistencial", así como la configuración de un nuevo sistema de información estadística y el desarrollo de un modelo de gestión administrativa de la dependencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para prestar servicios de teleasistencia en el marco de la Ley de Dependencia, por importe de 30 millones de euros, conforme ha señalado Sáenz de Santamaría.






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