Josep Lluís Núñez, presidente del FC Barcelona durante más de dos décadas, deberá ingresar en la cárcel. El constructor y dirigente futbolístico catalán, de 80 años, fue condenado ayer a 6 años de prisión por delitos de falsedad documental y cohecho dentro del conocido como caso Hacienda, trama de corrupción descubierta a finales de los 90 en la delegación de la Agencia Tributaria de Barcelona.

La Audiencia Provincial de Barcelona también impuso otros 6 años de cárcel al hijo de Núñez, José Luis Núñez Navarro, y penas diversas de cárcel a otros doce procesados, pero absolvió al empresario Javier de la Rosa, condenado y encarcelado por el caso KIO, y a Jorge Oller Abella.

El caso, que ha necesitado de un año para redactar la sentencia, se destapó a partir de la investigación del sumario KIO, que dejó al descubierto una trama paralela en la que la cúpula de la Inspección de Hacienda de la capital se dedicó a vender sus influencias a importantes empresarios inmobiliarios en los años 90. Una época conocida como la del pelotazo y en la que conocidos empresarios y financieros como Mario Conde, Javier de la Rosa o los Albertos"acabaron entre rejas.

"Modus operandi"

El modus operandi de la red -una trama de corrupción en el seno de la inspección regional de Cataluña", dice la sentencia- era aparentemente rudimentario: unos cobraban sobornos por hacer la vista gorda ante las irregularidades de los empresarios y otros evitaban pagar tributos y realizaban operaciones financieras a su antojo.

Al frente de la trama estaba Josep María Huguet, exjefe regional de la Inspección de Hacienda, al que le han caído 13 años de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Junto a Huguet trabajaban otros tres altos directivos de la Agencia Tributaria (Manuel Abella, Roger Bergua y Álvaro Pernas).

Los empresarios que se beneficiaron de la laxitud o ayuda de los inspectores fueron los Núñez (padre e hijo); Eduardo Bueno, fundador de la inmobiliaria Ibusa; y Juan Antonio Sánchez, empresario que impulsó proyectos de centros comerciales en Barcelona.

Soborno a inspectores

Según la sentencia, queda probado que "en reiteradas ocasiones (los inspectores) se mostraron propicios a los intereses de determinados contribuyentes de elevado perfil económico, alentados por las ventajas o beneficios patrimoniales que éstos les ofrecieron con la finalidad de ganarse sus voluntades en perjuicio del erario público".

El fallo habla de "corruptos contactos entre funcionarios y empresarios", en los que los empleados públicos, "movidos por las significativas recompensas, beneficios o ventajas económicas" proporcionadas por los constructores, "torcieron intencionada y deliberadamente el ejercicio de sus funciones públicas con la finalidad de beneficiar la posición tributaria de aquéllos en detrimento de la Hacienda Pública".

Entre otros beneficios, los empleados públicos de Hacienda recibieron regalos como pisos a bajo precio. Es el caso de los Núñez (padre e hijo). "Proporcionaron sendas viviendas a precios muy por debajo de su valor de mercado, al tiempo que les facilitaban onerosa y graciosamente las gestiones de adquisición, hipoteca, pagos de impuestos, que dichas adquisiciones conllevaban, y dinero en efectivo para hacer frente al pago de la hipoteca que constituyeron", según la sentencia.

Además de seis años de cárcel para cada uno, el juez condenó a Josep Lluís Núñez y a su hijo a pagar una indemnización superior a los cuatro millones de euros entre los dos. Según el fallo, ambos "desarrollaron una estrategia empresarial cuya principal finalidad era minorar o eludir el coste fiscal de los beneficios que la empresa obtuviera".

CLAVES