El caso Babel ya no conoce de amigos. La pieza 25 del sumario Palma Arena se convirtió en un sálvese quién pueda, en el que Iñaki Urdangarín está saliendo muy mal parado. Las traiciones de los otrora amigos, socios y colaboradores del duque de Palma contribuyeron en buena medida a su imputación, según fuentes judiciales.

En el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, además de una prueba documental "contundente" contra el yerno del Rey, figuran ya hasta cuatro confesiones de personas que colaboraron con Urdangarín y que no dudaron en implicarle para tratar de exculparse.

De hecho, la Fiscalía había tomado la decisión de acusar formalmente al esposo de la infanta Cristina a mediados de julio, sólo días después de que el socio del duque en el instituto Nóos, Diego Torres, sacara a colación ante el juez el nombre de Urdangarín para usarlo como parapeto.

Torres no dudó en reconocer que sus empresas habían facturado 80.000 euros al instituto por cada uno de los dos Forum Illes Balears, pero se escudó en que también "el señor Urdangarín" había cobrado por los "servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador y que se llama Aizoon".

El exsocio también reveló que fue a raíz de la llegada de Urdangarín a la fundación en 2003 cuando Nóos pasó de ser una institución dedicada sólo a la "investigación" a convertirse en una sociedad dedicada a los "deportes y los grandes eventos", y que aprovechó la amistad del duque de Palma con José Luis Pepote Ballester, regatista olímpico y entonces director general de Deportes en Baleares, para cerrar las millonarias adjudicaciones con el Gobierno de Jaume Matas.

La declaración de Ballester hace dos semanas complicó aún más el futuro de Urdangarín. Además de asegurar que fue el propio Matas quien ordenó amañar las adjudicaciones a Nóos para que no salieran a concurso público, confesó que, en 2007 -medio año después de que el duque abandonara teóricamente la institución-, le llamó para exigirle que el Gobierno autonómico abonara 585.000 euros al instituto como parte del pago del segundo fórum.

Reuniones ficticias

Las intervenciones de Matas ante el juez terminaron de complicar la defensa del marido de la infanta Cristina. El exjefe del Gobierno balear llegó a admitir que las actas de las reuniones en las que se aprobaron los pagos por valor de 2,3 millones al instituto Nóos para la celebración de las ediciones del Forum Illes Balears "no respondían a la realidad", porque esos encuentros jamás se llegaron a hacer.

Pero quizás la confesión judicial que más difícil se lo ha puesto a Urdangarín fue la de Marcos Antonio Tejeiro Losada, el contable del instituto Nóos, que confesó haber urdido una complicada trama financiera, incluido un sistema de cruce de facturas falsas, con la connivencia del duque de Palma y su propio cuñado, Diego Torres.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera habían encontrado un documento escrito de su puño y letra, en el que se resumía en un croquis el sistema para reducir al mínimo el pago de impuestos y saquear Nóos a favor de las empresas de los dos socios.

Pascual Vives se persona en nombre del duque

El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, acudió ayer a los juzgados de Palma de Mallorca para personarse en la causa contra su cliente. El letrado no pudo marcharse con los 2.700 folios que componen la pieza Nóos, ya que hasta el lunes no estarán listas las copias digitales.

Por su parte, la defensa de los hermanos Marco y Miguel Tejeiro, cuñados de Diego Torres, pidió al juez el aplazamiento de la declaración de Urdangarín, ya que ese día, el 6 de febrero, tiene otros asuntos en la Audiencia de Barcelona.

El abogado de los Tejeiro, acusados de haber creado el entramado que usó Nóos para defraudar al fisco, también planteó que se posponga el interrogatorio de sus patrocinados, previsto para el 5 de enero, por falta de tiempo para estudiar el sumario.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, anunció que su Ejecutivo se personará si sus servicios jurídicos consideran que "se han visto perjudicados los intereses" de la comunidad. La Generalitat desembolsó gran parte de los 3,1 millones que se llevó Nóos por las tres ediciones del Valencia Summit.