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LA CRISIS ECONÓMICA

Las reformas del Gobierno agravan la situación de debilidad de los sindicatos

  • El mantenimiento de la ayuda de 400 euros se debe más al empeño de Valeriano Gómez que a la presión de los sindicatos

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Las reformas del Gobierno agravan la situación de debilidad de los sindicatos

Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) en una de sus últimas comparecencias. EFE

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Actualizada 04/09/2011 a las 00:05
  • JOSÉ LUIS GALENDE . COLPISA. MADRID

"Líbrame Señor de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo". La ingeniosa expresión, enraizada en la sabiduría popular, define con nitidez la situación de los dos grandes sindicatos españoles tras las últimas reformas de Zapatero -la del mercado laboral y la de la Constitución-, realizadas en plenas vacaciones estivales.

En ambos casos, el Gobierno, al que le quedan tres meses de mandato, ha echado por la borda sus últimos vestigios de credibilidad ante las centrales, si es que le quedaba alguno, tras concentrar en los dos últimos años algunas de las mayores "agresiones laborales", según los sindicatos, desde la implantación de la democracia.

Sólo la prórroga de la paga de 400 euros a los parados sin ingresos, vinculada a proyectos formativos, ha permitido al presidente rubricar este verano el carácter social del que ha presumido desde su llegada a La Moncloa. Fuentes conocedoras de la situación apuntan que esa ayuda únicamente se ha conservado por la defensa empecinada del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, frente a quienes querían eliminarla.

El legado final de este segundo mandato de ZP, en el ámbito sindical, se traduce en unas centrales debilitadas, con baja credibilidad social, decepcionadas por la actuación de un Ejecutivo de izquierdas y desfondadas por su incapacidad para movilizar a la sociedad ante lo que consideran "agresiones sin precedentes a los derechos laborales y al Estado del Bienestar".

La existencia de casi cinco millones de parados es el telón de fondo de una sociedad en crisis, con una economía estancada y un mercado laboral que hace aguas. Las centrales temen que esta situación pueda ser el argumento definitivo para que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20-N dé la puntilla a un sistema laboral que hunde aún algunas de sus raíces en los años de la dictadura franquista.

La reforma de la Constitución para fijar los límites de endeudamiento de las administraciones públicas, la licencia de dos años para contratar temporalmente sin límites y la puesta en marcha de un contrato de formación que puede aplicarse de manera transitoria a mayores de 30 años son las últimas aportaciones de Zapatero a sus relaciones con Comisiones Obreras y UGT, pese a que estas organizaciones han hecho bandera del diálogo social como fórmula para capear el temporal y encarar la salida de la recesión.

Se trata de acometidas a las posiciones sindicales que en otro momento y otras circunstancias habrían desembocado en una huelga general, coinciden sindicalistas y expertos. Pero con elecciones a tres meses vista, no hay tiempo para organizar una protesta de ese tipo, ni fuerza y recursos para ello, como ya quedó patente en el discreto seguimiento del paro convocado hace un año contra la reforma laboral.

Temporalidad del 25%

Acosado por los mercados financieros internacionales, las últimas medidas laborales de Zapatero y su apresurada aplicación son consideradas "palos de ciego". Es seguro que una de ellas, la de la barra libre para los contratos temporales hasta agosto de 2013, va a disparar la temporalidad en los próximos meses. La fórmula contrasta con la prioridad que se ha dado durante el proceso de diálogo social a su reducción, uno de los pocos objetivos compartidos por sindicatos, patronal y Gobierno, aunque no coincidieran en cómo conseguirla.

Tras años de modificaciones, retoques y medidas legales para recortar la elevada temporalidad, los sindicatos temen que vuelva a repuntar por encima del 35% que alcanzó en los años 90, cuando con otra crisis económica se liberalizaron los contratos a plazo.

Entonces se utilizaron los mismos argumentos que ahora: Felipe González llegó a decir que era mejor un trabajo temporal que nada, una idea repetida hace unos días por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Los esfuerzos de los últimos años han colocado la tasa de temporalidad en el 25%, aún muy lejos de los estándares europeos.

Retornar a los niveles del 35% de 1995 dejaría las puertas abiertas a que un futuro Gobierno de la derecha tenga las manos libres para implantar el "contrato único", con menos derechos y un despido más barato. "Tal y como quedan las cosas ahora -asegura un sindicalista- prácticamente no va a haber diferencia".

Y es que el Gobierno, con el permiso para encadenar contratos temporales más allá de 24 meses, parece haber dado por perdida la batalla de la contratación indefinida. Como los contratos temporales tampoco han crecido, el Ejecutivo apuesta ahora por suprimir el único asidero legal que los sindicatos tenían para reclamar en las empresas su conversión en indefinidos. El principio de que "un empleo estable debe ser cubierto con un contrato fijo" ha pasado al baúl de los recuerdos, lamentan las centrales.

El alarmante nivel de paro juvenil, con tasas que superaban ya el 46% en el segundo trimestre del año (datos de la EPA) está detrás de la nueva regulación del contrato de formación, que también ha indignado a los sindicatos por extenderlo hasta los 30 años y con una duración que puede llegar a 36 meses. Es una edad demasiado elevada, denuncian, con una retribución muy baja, que "deja abierta la puerta a los abusos empresariales".

Tras esta polémica iniciativa está la situación de decenas de miles de trabajadores de entre 25 y 30 años que no tienen oficio ni beneficio, tras abandonar sus estudios en pos del espejismo que supuso un empleo fácil y bien remunerado en la construcción durante los años de la burbuja inmobiliaria.

Dar una oportunidad a ese colectivo de personas, muchas fuera ya de lo que hasta ahora se consideraba jóvenes en el mercado laboral, está detrás de la nueva regulación.

Contrato a tiempo parcial

La actuación del Gobierno también produjo sorpresa en medios empresariales por no poner en práctica nuevas medidas de impulso a la contratación a tiempo parcial, un objetivo prioritario de los últimos meses, dentro de una política de reparto del trabajo.

La causa de esta omisión, opinan los expertos laborales consultados, puede estar en el elevado nivel de fraude que se está generando, tras el éxito de las medidas adoptadas -los asalariados con este tipo de empleo han pasado del 13,5% al 15% en dos años-. Diversas fuentes apuntan que algunos empleadores se aprovechan de las ventajas que les ofrece esta fórmula y que, por ello, no está teniendo repercusión en la creación de empleo. Así, por ejemplo, cada vez es más frecuente que trabajadores contratados a media jornada, por la que cotizan, realicen seis u ochos horas diarias.

No hay que olvidar que una excesiva expansión de esta fórmula de trabajo sin creación paralela de empleo sería un varapalo financiero para la Seguridad Social, cuyas cuentas son cada vez más ajustadas, con unos ingresos a la baja y gastos al alza.

Quince meses de reformas encadenadas

Si alguna vez hubo una luna de miel de Zapatero con los sindicatos CC OO y UGT, finalizó cuando el Gobierno rebajó el salario de los trabajadores del sector público en un 5% en 2010 y lo congeló en 2011. La decisión, adoptada en mayo del pasado año, no sólo rompía el clima de entendimiento de la legislatura anterior entre ambas partes, sino que atacaba la credibilidad de las centrales, con las que el Ejecutivo había pactado meses antes las condiciones salariales de un colectivo de más de tres millones de trabajadores. Pocas semanas después, el Ejecutivo imponía una reforma laboral que abarataba el despido y aumentaba la flexibilidad en las empresas. Después llegó la reforma de las pensiones y, ya en este año, la reforma de la negociación colectiva.

ÚLTIMAS REFORMAS

Reforma de la contratación temporal. Esta semana entró en vigor el decreto ley que elimina el límite de dos años al encadenamiento de contratos temporales.

Nuevo contrato de formación. El límite de edad se amplía de 25 a 30 años. Un 25% de la jornada será de formación y el 75% de trabajo efectivo. Puede durar hasta tres años y cobrar el salario mínimo interprofesional.

Reforma de la Constitución. Pactada por PSOE y PP para fijar límites al déficit de las comunidades autónomas.




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