Muchos se preguntan cómo es que con tanto recorte, más de 5,3 millones de parados y el anuncio de una segunda oleada de medidas de ajuste -que conoceremos en marzo-, los españoles se mantienen casi impasibles. La reforma laboral aprobada a principios de mes podría ser el detonante a partir del cual la geografía española se siembre de movilizaciones, si bien las del domingo pasado no han despejado las dudas sobre si habrá o no estallido social.

Y eso que todos los ciudadanos se ven afectados por los recortes.

Se comenzaron a reducir derechos como la paga de maternidad o recortar ayudas como las de la dependencia, pasando por subidas de impuestos -tras el IVA, ha venido el IRPF y no será el último- que son de las mayores de nuestra historia democrática. Y todo mientras algunas administraciones no tienen ni para pagar servicios básicos (luz, gas...).

El profesor de Gestión de Personal del IESE, Sandalio Gómez, cree que la sociedad española no está aún concienciada de la situación que atravesamos, pese a que desde el punto de vista económico «no haya más remedio que apretarnos el cinturón».

Pero, ¿está llegando el ciudadano al límite? Las principales organizaciones sindicales se han visto superadas en el clima de moderación que habían defendido con el Ejecutivo anterior, y todo parece indicar que la paz social está cerca de acabar tras la reforma laboral que, según el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, nos llevará a superar los seis millones de desempleados. Mientras, el patrón de los patronos, Juan Rosell, no pacifica precisamente el ambiente, acusando a los parados (en general) de despreocuparse de buscar empleo «hasta unos días antes de que se les agote el subsidio, cuando lo encuentran 'milagrosamente'» o no cerrando la polémica abierta por uno de sus dirigentes, que pidió la retirada de esa protección si se rechaza cualquier oferta, «aunque sea en Laponia».

No obstante, el profesor Sandalio Gómez cree que siempre habrá gente que protestará, pese a que ahora lo que toca es «espíritu de trabajo y solidaridad, y arrimar todos el hombro». La única forma que tiene el Gobierno para evitar el conflicto social -aconseja- es que se dé un mensaje claro, «diciendo a la gente lo que hay». Y de momento, por sus propios errores, el PP no ha sabido comunicar las cosas y hacerlas creíbles, apunta.

El problema es que las medidas son, sobre todo, de recorte del gasto público destinado a cubrir las necesidades básicas de la sociedad, como la educación y la sanidad. Solo basta ver las protestas en Cataluña por el cierre de ambulatorios o el impago al sector farmacéutico, un ejemplo que están siguiendo otras regiones. En todas hay quejas ciudadanas. La falta de dinero ha llevado a no encender la calefacción en algunos colegios e institutos, mientras a los estudiantes se les pide que vayan mucho más abrigados.

No están los ánimos para ciertos mensajes, mientras se espera a conocer la segunda oleada de recortes -y mayor presión fiscal- que contendrán los Presupuestos del Estado para 2012. Por eso, los ciudadanos se muestran cada vez más sensibles a los llamamientos de movilización. Desde el Gobierno, sin embargo, se sigue interpretando que son minoría e insisten en que el ajuste es necesario. Pero desde algunos institutos privados, como el IESE, creen ya que esas medidas se le van a volver en contra hacia el otoño o antes.

CASI SIN ALTERNATIVAS

En esa tesitura, las centrales se plantean la movilización en sus múltiples variedades, sabiendo que UGT y CC OO suman entre 1,5 y 2 millones de afiliados, mucho menos que en otros países pero suficientes para elevar el riesgo de estallido social. Protestar es el arma contra el BOE. Para Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, los sindicatos aún tienen capacidad de movilización, a nivel general o ante problemas puntuales en empresas o sectores. En su opinión, las protestas puntuales van a ser más frecuentes a partir de ahora, y van a ir ganando en intensidad y número de participantes.

La principal razón no es otra que continuará habiendo más despidos, mayores recortes de salarios y grandes cambios en las relaciones laborales.

No obstante, algunos ciudadanos no parecen estar muy dispuestos a movilizarse. Los que tienen trabajo, por el miedo a ser despedidos o bien porque, dados los recortes, tampoco pueden permitirse el lujo de 'perder' un día.

Una huelga general, según recientes encuestas -a falta de conocer la próxima del CIS-, solo sería apoyada por una cuarta parte de la población -un tercio en el supuesto más alto-, pese a que cerca del 80% de los trabajadores sí muestra su rechazo total a la última reforma laboral.

Pero en las empresas hay mucha tensión y miedo, y no se descarta que antes del verano podría estallar la conflictividad social, dado que hasta ahora se han producido pequeñas escaramuzas, como los graves incidentes vividos en Valencia cuyo núcleo fue una treintena de estudiantes del IES Luis Vives, aunque acabó en una carga policial y la convocatoria de movilizaciones en toda España.

La declaración, a micrófono abierto, del presidente Mariano Rajoy de que la reforma laboral iba a traer una huelga general no es más que un reconocimiento de que las medidas que se están aprobando son muy duras.

Y los estudiantes, más proclives a la protesta, pueden ser los primeros en empujar ese 'carro'.

Ruesga considera que la mayoría absoluta (electoral)del PP supone un «freno ideológico» a la movilización, pero advierte de que dentro de unos meses «no va a ser un obstáculo» para que la conflictividad vaya en aumento. Las medidas «cortoplacistas» -interpreta el catedrático- están provocando una redistribución de la renta «fuertemente regresiva», que traerá una «sociedad desigual».

LOS NUEVOS POBRES

Precisamente, Santiago Niño Becerra, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, se refiere al «nuevo pobre» que está surgiendo de la crisis. Partiendo de que se considera como tal a toda persona cuya renta no supera el 60% de la media de un país, los nuevos con tal condición no surgen de familias desarraigadas sino que tienen títulos académicos, hablan dos o tres idiomas e incluso disfrutaban de sueldos por encima de la media.

Perdieron su empleo y no pueden mantener su nivel de vida, que antes cubrían con créditos. Ahora el nivel medio de pobreza se ha reducido de 8.000 a 7.500 euros anuales, mientras la renta en los años de la crisis se ha visto rebajada un 9% y «todavía va a caer más».

La crisis está creando una masa de gente que va a tener muy difícil volver a integrarse en la sociedad, los conocidos como 'outsiders'. Niño Becerra se muestra convencido que la única respuesta que se les puede dar es crear «una renta mínima de subsistencia», parecida a los 460 euros del subsidio habilitado para quienes agotaban el seguro de desempleo.

Con la crisis, insiste, «la clase media tiene los días contados».

Ante este cambio en la sociedad, este catedrático está convencido de que habrá revueltas sociales, sin descartar incluso imágenes como las de Atenas. Aunque serán reprimidas «duramente», en la línea de lo que dijo aquel gobernador de un estado USA en los años 70: «el orden ha de ser mantenido porque el orden ha de ser mantenido».

La reforma laboral y los recortes para reducir el déficit están dando de lleno en la línea de flotación del Estado de Bienestar, mientras hay cada vez más trabajadores en paro que no ven una salida. Todo parece abocar a movilizaciones, cuya intensidad y virulencia aún están por calibrar.