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La administración que se salte el tope podría enfrentarse a una multa

  • Pérez Rubalcaba: "Sí pedimos a Europa más pasos, nosotros también tenemos que dar más pasos"

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La administración que se salte el tope podría enfrentarse a una multa

El candidato electoral del PSOE durante su comparecencia de ayer. EFE

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Actualizada 27/08/2011 a las 00:04
  • COLPISA. MADRID

PSOE y PP coinciden en que el resultado de la reforma constitucional que se aprobará en septiembre, y que se desarrollará en un año mediante una ley orgánica, será que el endeudamiento y el déficit excesivos han quedado proscritos de la política española.

La norma que desarrollará el nuevo artículo 135 de la Carta Magna, sobre la que ya negocian ambos partidos, no sólo fijará un límite máximo y obligatorio de déficit para los ejercicios ordinarios, aquellos que no son recesivos ni expansivos, sino que también establecerá la responsabilidad de la administración que vulnere este tope y que deberá pagar una multa por su desviación.

Este punto aún no ha sido concretado por los técnicos que elaboran la ley, pero fuentes del equipo negociador popular señalaron que cualquier vulneración de los topes legales de déficit o deuda de las administraciones será detectada y sancionada como hasta ahora por las instituciones de la Unión Europa, que son las garantes de hacer cumplir a todos los estados el pacto de estabilidad de la zona euro.

Primeros efectos

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la idea es que la norma española establezca los mecanismos para que la posible sanción acarreada por la desviación deba ser pagada por la administración o administraciones concretas culpables y no tenga que ser asumida por el Gobierno español, sea responsable o no, como pasa en la actualidad.

La limitación del déficit de todas las administraciones en el 0,40% del PIB no regirá hasta 2020, sin embargo, los efectos de la reforma constitucional sobre los presupuestos se van notar desde su entrada en vigor el próximo mes.

La razón es que la ley de desarrollo no sólo regulará el escenario contable español para la próxima década, sino que debe fijar la senda presupuestaria a través de la que las administraciones reducirán en nueve años su déficit del 6% a menos del 0,4% y bajarán la deuda pública española del 74% del PIB al 60% que reclama la UE.

No obstante, según recoge el primer borrador, PP y PSOE podrán revisar en 2015 y 2018 el escenario previsto para 2020.

La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, resumió el cambio de escenario diciendo que "la austeridad ya no es una opción sino una obligación de todos los gestores públicos".

Tres principios

El resumen de la situación que hizo Rubalcaba es que el acuerdo pactado recoge la imprescindible estabilidad presupuestaria -"no podemos gastarnos lo que no podemos pagar", dijo-; una referencia a Europa -"si pedimos a Europa más pasos, nosotros tenemos que dar más pasos"- y una cierta flexibilidad para garantizar la cohesión social, cualquiera que sea la situación económica.

"Estos tres principios están recogidos y por eso estoy satisfecho con este acuerdo", apostillado Rubalcaba, en cuya opinión el concepto de "déficit estructural" recogido en el pacto, frente al "déficit cero", es fundamental para asegurar esa flexibilidad.

Preguntado sobre las dudas de algunos dirigentes y diputados socialistas respecto a las formas y al fondo de la reforma, ha emplazado a sus compañeros a leer el documento final.

"Yo mismo tenía reticencias", ha admitido, para luego repetir que el acuerdo finalmente es bueno para el país.

Después de sugerir que los socialistas críticos no son muchos ni muy representativos, insistió en invitarles a leerse el documento pactado, seguro de que después se aclararán dudas.




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