Un zulo de ETA localizado ayer por efectivos de la Ertzaintza en una zona de monte del Duranguesado, en Vizcaya, contiene una cantidad no determinada de explosivos, temporizadores y detonadores, según fuentes de la lucha antiterrorista. Según las mismas fuentes, se trata de un zulo con diverso material contenido en un bidón, que estaba enterrado en una zona boscosa.

El material encontrado se encuentra en buen estado, lo que hace pensar que el escondite no es muy viejo, según las fuentes citadas.

En lo que va de año se han encontrado un total de cinco zulos en España, el último de ellos el pasado 8 de mayo, cuando la Ertzaintza localizó en el monte Artxanda, en el municipio de Bilbao, un zulo con armas y diverso material electrónico en su interior.

Un mes antes, el 12 de abril, una operación contra el comando Erreka, que se prolongó tres días, permitió detener a tres presuntos etarras e incautar más de 1.600 kilos de explosivos, escondidos en dos caseríos de Legorreta (Guipúzcoa), y hallar tres zulos en Zegama (Guipúzcoa), Azpiroz y Baraibar, ambos en Navarra.

Y el 1 de marzo, la Guardia Civil descubrió en una bajera de Galdakao 200 kilos de explosivos, material para fabricar bombas, pistolas, cordón detonante, detonadores y otros materiales para fabricar bombas y armas durante una operación en la que fueron detenidos en Vizcaya cuatro supuestos miembros de un comando etarra.

Pensión de viudedad a un hombre que mató a su mujer

Llorenç Morell, condenado en 2005 a 18 años de prisión por el asesinato de su mujer, Consol Galcerán, cobra todos los meses una pensión de viudedad de 592,92 euros, además de las dos pagas extraordinarias.

Morell, que mató a su esposa de 55 años asestándole 10 puñaladas y luego simuló que había sido asaltada por unos ladrones, cumple su pena en una cárcel catalana, pero prácticamente desde que cometió el crimen el 21 de julio de 2005 se ha embolsado 40.000 euros procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo.

Y es que se sospecha que Morell, de 61 años, que tardó tres meses en confesar el asesinato de su mujer, una conocida cocinera de Sils (Gerona), habría aprovechado esos 90 días en los que se hacía pasar por un viudo desconsolado para tramitar su pensión.

Indemnización pendiente

Los familiares de la víctima han calificado el caso de "escandaloso e inadmisible". Más aún cuando fue la propia administración, a través de su Delegación especial contra la violencia de género, también perteneciente al Ministerio de Trabajo, la que ejerció la acusación particular en el juicio contra Llorenç Morell, que confesó que mató a su mujer porque suponía un "impedimento" para su relación con una amante.

La familia de la fallecida denuncia que no ha cobrado aún la indemnización de 85.000 euros ordenada por el juez.